Putin aprobó una legislación que sanciona las manifestaciones religiosas en la vía pública y le otorga amplios poderes sobre la vida privada.
El presidente ruso, Bladimir Putin, aprobó el pasado 8 de julio la ley Yarovaya, que prohíbe predicar y distribuir literatura religiosa en la vía pública. La norma había sido sancionada por ambas cámaras del parlamento en el marco de una serie de medidas que, según el mandatario, intentarían frenar el crecimiento y la difusión del Islam en ese país.
La disposición, que fue propuesta por la diputada oficialista Irina Yarovaya, prevé multas de hasta un equivalente de casi 800 dólares para individuos que sean sorprendidos transmitiendo sus creencias en público. La sanción puede ascender hasta 15 mil dólares si se trata de una institución u organización. De este modo el gobierno dice intentar limitar con medidas prohibicionistas, el crecimiento de ideologías islámicas.
Sin embargo, la ley no establece distinción entre «musulmanes» y «fundamentalistas», por lo tanto se aplica a cualquier actividad religiosa.
Las críticas a la decisión del gobierno ruso surgieron desde diversos sectores, ya que la norma está incluida en un paquete de reformas que incrementan el poder del Estado por sobre las libertades y la privacidad de las personas. Desde ahora se autoriza a las empresas proveedoras de telefonía e internet a grabar comunicaciones de los usuarios y a los servicios de inteligencia a decodificar mensajería encriptada.
Al respecto, la voz más enfática en la discusión la tuvieron los cristianos protestantes. Sergei Ryakhovsky, representante de la comunidad protestante rusa, sostuvo que «viola los derechos humanos y las libertades fundamentales con respecto a la libertad religiosa», según publicó el portal cristiano CBN.
¿Laicismo, seguridad o control?
La ley Yarovaya, pese a formar parte de un conjunto de medidas coercitivas en cuanto a la libertad y la privacidad, también revivió la compleja controversia entre quienes la consideran una restricción a su libertad de culto y de expresión, al impedir el libre ejercicio de sus ideas y tradiciones, y quienes la entienden, paradójicamente, como un avance en la lucha contra los fanatismos y la defensa de sus propios derechos al separar las instituciones religiosas de ámbito estatal. Estos últimos perciben el proselitismo religioso como un hostigamiento y como un atropello a sus propios derechos, ya que estas manifestaciones se realizan en espacios públicos. Sin embargo, la ley en cuestión no es la respuesta a un viejo reclamo laicista ni está vinculada a un ideal de respeto e igualdad. Por el contrario, muestra un carácter represivo y punitivo que coarta la libertad de conciencia.
Con la nueva legislación el Estado interviene en aspectos sensibles de la vida íntima. En ella se establece por ejemplo, que para visitar a un enfermo o realizar un responso, no alcanza con el pedido de la familia del paciente o fallecido, sino que el religioso debe contar con autorización previa de una autoridad estatal.
