Si en España hay un bloque social compacto es la derecha que representa políticamente el Partido Popular, económicamente la gran patronal e ideológicamente la jerarquía católica. Era de esperar que se revolviera ante la pérdida del poder institucional y de unos privilegios que considera naturales, ya que ningún gobierno los ha cuestionado durante los últimos treinta años. Así se explican sus reacciones furibundas frente a algunas medidas -extremadamente moderadas- que han tomado los nuevos Ayuntamientos del cambio y sus ataques preventivos contra la amenaza que perciben en la unión de Podemos, IU y las confluencias.
En el caso del País Valenciano, el resultado de las elecciones de hace un año dejó a la derecha política descabezada y desconcertada, sin referentes y sin discurso. Posteriormente, una sucesión de operaciones judiciales y policiales han supuesto el desmantelamiento de la anterior cúpula del PPCV -Rita Barberá, Francisco Camps, Juan Cotino, Serafín Castellano, Alfonso Rus, Alfonso Grau…- y el descrédito de la nueva dirección de Isabel Bonig, totalmente deslegitimada para abrir la boca en cualquier asunto que tenga mínima relación con el dinero público. Así estábamos, sin oposición real al gobierno del Botànic, cuando las otras dos patas del tridente reaccionario encontraron la oportunidad de recuperar el pulso perdido con las movilizaciones de la enseñanza concertada. Y el PP se sumó al jolgorio.
Este fin de semana vimos en Valencia una concentración que recordaba, en pequeñito, a las manifestaciones convocadas por los sectores ultracatólicos durante la primera legislatura de Zapatero. Si en aquel momento el pretexto era un supuesto ataque a “la familia” por las leyes del aborto o del matrimonio homosexual, ahora la consigna movilizadora es la defensa de “la libertad” supuestamente vulnerada por la política educativa del Consell. Grandes palabras para grandes mentiras: ni se obligó a nadie a abortar o a cambiar de opción sexual, ni se ha alterado sustancialmente la política de concertación seguida hasta el momento. Y no será porque no hace falta, pues aún siguen financiándose con dinero público colegios que segregan por sexo y etapas no obligatorias como el bachillerato.
El equipo del conseller Marzà -el nuevo anticristo para la prensa facciosa- se ha limitado simplemente a defender aquello que ha de gestionar: la escuela pública, garantía de inclusión social siempre que tenga medios suficientes para atender dignamente al alumnado. Después de varios años de recortes continuados de unidades públicas mientras se ampliaba la concertada, la conselleria ha decidido el arreglo escolar con un criterio técnico inapelable: las necesidades de escolarización en cada distrito. El resultado ha sido la creación de 415 unidades en la escuela pública y el mantenimiento del volumen global de la concertada, pues se compensan altas y bajas después de aceptar la conselleria algunas de las alegaciones planteadas. Es decir, nada de persecución sino la estricta aplicación de la ley, que prevé la concertación como un mecanismo subsidiario para atender la demanda educativa que no pueda satisfacer la red pública.
En realidad, los ataques de la derecha política y sus corifeos mediáticos contra Vicent Marzà son preventivos, pues saben que en próximos ejercicios se habrán de revisar los conciertos que el PP no pudo blindar. Y su motivación es claramente económica, pues confunden interesadamente la “libertad de elegir” con que su particular elección sea costeada por todos con cargo al presupuesto público. Por eso desde esta tribuna, como ciudadano y padre de dos escolares de primaria, quiero hacerle llegar al conseller Marzà todo mi apoyo y también la exigencia de que se mantenga firme en la defensa de la enseñanza pública. Ni un paso atrás, Vicent.
