Que no nos engañen. La libertad de madres y padres para elegir centro es en realidad la libertad de los centros para seleccionar a los alumnos.
Mariano Rajoy estuvo el pasado miércoles en Valencia defendiendo el «derecho a la libertad de elección de centro» como «algo consustancial al ser humano». Desde lo antropólogico, nos quiere convencer Rajoy de que el derecho a una educación de calidad debe ser sustituido por el derecho a elegir un centro educativo; de que la educación debe ser un artículo más dentro de nuestra acogedora sociedad de consumo. Nos está diciendo también: no debe bastarnos con ser ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en materia de educación, debemos exigir nuestro derecho fundamental a elegir como clientes.
Para que madres y padres sientan que están eligiendo bien, el PP ha tenido que arremeter previamente contra el prestigio de la educación pública. Y en paralelo a este desprestigio, se le ha ido provocando a la educación pública una asfixia de cuya falta de oxígeno ha ido beneficiándose, cómo no, la concertada. Supresión de aulas, cierres de centros, recortes salvajes en profesorado: una agonía a la que, por fortuna, el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana ha puesto freno. Es entonces cuando aparece Rajoy, en apoyo a quienes se sienten ofendidos con el fin de las prebendas a la concertada, culpabilizando de todo ello a la izquierda radical y a quienes, insensatos, ha terminado pactando con ésta. Calificar de «radicalismo» el respeto a la legalidad nos ayuda a comprender qué idea tan elástica tiene Rajoy de la democracia.
Que no nos engañen. La libertad de madres y padres para elegir centro es en realidad la libertad de los centros para seleccionar a los alumnos. Y para que este mercadillo sea lo más dinámico posible, han desenterrado reválidas y establecimientos de rankings de centros. Es así como la ley de la oferta y la demanda irá ordenando, nos dicen, desde el respeto al gusto del cliente, la composición de los centros. Una coartada bien urdida para hacer negocio con la educación, negocio por lo demás proclive a las corruptelas. No hay más que leer cómo va fermentando en su cenagal el tentáculo educativo de la Púnica.
La escuela es, fundamentalmente, un agente de cohesión social, y asegurar esta cohesión es responsabilidad del Estado. No puede haber cohesión social sin que los equilibrios en diversidad y equidad sean el criterio que organice los centros educativos, y no, como nos dice Rajoy, el mero deseo de padres y madres. De otra forma, estaríamos convirtiendo la defensa de una escuela democrática en una declaración vacía de contenido.
Allí donde hay un derecho básico que cubrir, es incompatible que se mezclen la rentabilidad y el afán de lucro. La atención a la diversidad, principio básico de una escuela democrática, es un elemento tan poco rentable como irrenunciable. A su vez, la conciencia del profesorado, necesaria para educar en libertad, debe quedar a salvo de intereses o ideologías de empresa.
La educación, como la sanidad o la justicia, no tienen cabida en las lógicas del mercado.
Es difícil defender, debido a los derroteros que está tomando nuestra educación, que lo que tenemos ahora en la escuela pública responda al concepto que se entiende por educación democrática (inclusiva, diversa y laica). Queda mucho por hacer y, por desgracia, los aires soplan en sentido contrario desde hace tiempo. A pesar de todo, de haber una escuela democrática, pensamos que ésta solo puede ser pública.
