Estos días hemos podido leer diferentes noticias, comentarios, artículos y reflexiones de ovetenses que se han hecho eco de una propuesta que realizamos desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo para promover la laicidad, asunto que me encantaría que estuviera totalmente superado en este país pero, lamentablemente, vemos cómo pese a estar en 2016 todavía queda mucho camino por recorrer para lograr vivir en un país avanzado y progresista, razón entre otras muchas cosas por las que hace un año di un paso más en mi acción política para intentar cambiar una realidad que considero que no es la que nos merecemos.
La laicidad no es ir en contra de alguien, por mucho que haya sectores sociales interesados en promover esa idea falsa. La laicidad es una seña de identidad que es consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia. Reivindicaciones históricas como la libertad de conciencia y de cultos, la secularización de los cementerios, el matrimonio civil y el divorcio, la libertad de investigación, la educación laica y la no imposición de la religión católica en la enseñanza o la coeducación son arduas conquistas que poco a poco se van logrando, pero como dije antes, todavía queda un largo recorrido por hacer.
En la última década, la igualdad de género, la regulación del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, la investigación bioética y la educación para la ciudadanía, han topado con fuertes resistencias ante las que se ha reafirmado la libertad de conciencia de los ciudadanos y la soberanía del poder civil frente a imposiciones religiosas. Las convicciones de conciencia, religiosas, agnósticas o ateas son asunto privado, de libertad individual. Cada persona es titular del derecho de libertad ideológica y religiosa. Pero el ejercicio de la libertad de conciencia y religiosa tiene una trascendencia pública insoslayable. El hecho religioso contiene dimensiones públicas, sociales, culturales y políticas. Por ello, exige una política, con opciones y propuestas consecuentes, proporcionando garantías y regulando su ejercicio. La coherencia de una democracia constitucional exige un compromiso firme con la laicidad del Estado y así debería figurar explícitamente en la Constitución. A pesar de la consolidación de las libertades constitucionales perviven grandes problemáticas cuya revisión deben afrontarse sin dilación, como son el trato de favor a la Iglesia católica y la pervivencia de confesionalidad del Estado en actos, símbolos y espacios públicos.
Se ha dicho de nuestra propuesta que nosotros queríamos abrir una oficina, a raíz de una información periodística, y muchos ciudadanos en Twitter me preguntaban por el coste de tal iniciativa. En nuestra moción viene escrito lo siguiente: “El Ayuntamiento de Oviedo creará un Observatorio Municipal de Laicidad, abierto a la participación de los grupos políticos municipales, asociaciones y entidades ciudadanas con el objetivo de promover campañas informativas en el ámbito municipal dirigidas a toda la ciudadanía, sobre el significado de la Laicidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Tolerancia, la libertad de pensamiento y de conciencia y, por tanto, la libertad religiosa, sobre el principio constitucional ‘ninguna confesión tendrá carácter estatal’”. Esta era la propuesta concreta que proponíamos, junto a otras más como la elaboración de un censo de los locales, viviendas o espacios rústicos que estén exentos del pago del IBI en Oviedo. “Todas las entidades religiosas o de otra naturaleza ideológica no tendrán exenciones de impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil”.
Confío y espero que no se quede en un cajón este tema, porque por lo menos para mí no es un tema menor. No encuentro motivos para que alguien se sienta ofendido o atacado. Reitero que la neutralidad religiosa no trata sobre eso. La laicidad como concepto no significa combatir religión alguna, sino únicamente diferenciar entre lo que es un espacio público, el de las instituciones, y uno privado, el de las creencias individuales que, merecedoras de todo respeto y protección, no pueden regir sino única y exclusivamente la conducta de quienes las profesan.