Un año más el “aconfesional” Reino de España se encuentra inmerso en el evento lúdico-religioso de la Semana Santa. Es a toda luz evidente que se trata de un fenómeno de masas dada la gran afluencia de personas que se concentran para presenciar los desfiles procesionales. No creo equivocarme al afirmar que la mayoría de los españoles, y especialmente los andaluces, les agrada y disfrutan con esta festividad, aunque yo no forme parte de esa mayoría. Los motivos que se alegan en su defensa son múltiples, yendo desde lo que podíamos denominar su núcleo central o epicentro que es la manifestación de un sentimiento religioso hasta el más profano de ser una oportunidad para divertirse con las amistades, sobre todo los más jóvenes a los que históricamente se les ha dado permiso durante estos días para estar en la calle hasta altas horas de la madrugada, pasando por el más pragmático de ser una ocasión para que los comercios aumenten sus ingresos dada la gran afluencia de turistas o los que la califican de fenómeno cultural. Todas ellas, a mi entender, razones licitas y respetables.
Sin embargo la Semana Santa, a pesar de lo dicho anteriormente, suele estar inmersa en la polémica política y social. ¿Por qué? A mi parecer la causa, al igual que todo lo relacionado con la Iglesia Católica, tiene su origen en la ambigüedad de la Constitución Española en este tema, ya que no establece un Estado Laico ni tampoco Confesional y al que, en opinión de Puente Ojea, cabría considerar como“criptoconfesional”, dadas las contradicciones que aparecen en la misma, como en el articulo 16.3 en el que por un lado se dice que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” , estableciendo la separación entre el Estado y las religiones, la legitimidad estrictamente secular de las instituciones políticas y su neutralidad en asuntos religiosos, y por otro lado se propugna establecer “… relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, lo que supone una evidente contradicción con los enunciados anteriores.
A la ambigüedad constitucional se le añade la resistencia de los estamentos religioso y político para cambiar los hábitos adquiridos durante la dictadura, que siguen instalados en un anacronismo dando la impresión que pesan más los cuarenta años del nacionalcatolicismo de la dictadura franquista (que no olvidemos llegó a la jefatura del Estado, aparte de por una rebelión militar, “Por la Gracia de Dios”), que los cuarenta años de democracia. De manera que aprovechando la criptoconfesionalidad constitucional todo sigue funcionando “como si” aún estuviésemos en un Estado confesional en el que la Iglesia Católica, como iglesia oficial del mismo, tuviera que mantener los privilegios que la dictadura le otorgó por su inestimable colaboración para llegar y mantenerse en el poder.
Esta situación explicaría la presencia de manera relevante de las autoridades civiles en los actos religiosos (católicos) en general y en los desfiles de la Semana Santa en particular, convirtiendo en “normal” por ser habitual y frecuente lo que desde una perspectiva razonable de un Estado que dice no tener ninguna religión oficial es una “anormalidad manifiesta” a estas alturas de la historia, dándose la paradoja que, cuando por convicciones laicas, éticas o por no profesar la religión católica, los representantes civiles deciden no participar en eventos religiosos se convierten en noticia por ser una anomalía. ¡El mundo al revés! Aquí lo que debiera ser anómalo es habitual y lo coherente con las normas y los tiempos es excepcional, tal como decía el eslogan de los años sesenta “Spain is diferent!”.
Y así seguimos.
Ante esta situación, las organizaciones y personas que defendemos un Estado Laico planteamos la necesidad de un debate sereno que sea capaz de conjugar de manera razonable el interés por mantener esta festividad con la adecuación de la misma a los tiempos democráticos, para lo cual es necesario clarificar las relaciones Estado-Iglesia que eviten situaciones de privilegio contrarias a las que deben prevalecer en un país democrático y para ello se tendría que modificar el artículo 16 de la Constitución Española evitando la ambigüedad que presenta en la actualidad.
Por otra parte sería conveniente aclarar el significado de los términos relacionados con el laicismo que aunque sea una corriente de pensamiento integrador al proclamar la libertad de conciencia para todas las personas, incluyendo tanto cualquier creencia religiosa como la ausencia de la misma, su rechazo a cualquier tipo de privilegio como elemento de justicia, ha sido asociado de manera confusa e interesada con anticlericalismo, al poner en evidencia los habituales privilegios de la Iglesia Católica, confundiendo el rechazo al estatus privilegiado de esta organización por parte de las organizaciones laicistas con el rechazo a la institución.
El laicismo es el pensamiento y la actuación orientados a la consecución y defensa:
- Del Estado Laico, consistente en un Estado aconfesional, separado e independiente de las religiones y exclusivamente civil.
- De la Laicidad de sus instituciones, como garantía del derecho fundamental a la libertad de conciencia de todas las personas y que para ello separa los ámbitos público y privado, siendo la separación Estado-iglesias una concreción de aquella otra.
- Y de la actuación consecuente de los Cargos Públicos en el ejercicio de sus funciones.
Con el fin de avanzar en hacer realidad en nuestro país un Estado Laico, Europa Laica está trabajando para que se cree una “Red de Municipios por un Estado Laico” en la que se incorporen tanto las corporaciones que así lo aprueben como los grupos municipales que lo decidan y cuyo objetivo es la defensa y fomento de la libertad de conciencia de todas las personas y establecer la legitimidad secular de las instituciones públicas, en el ámbito municipal, dado que según nuestra Constitución el “Estado no tiene confesión alguna”, y los ayuntamientos son parte fundamental del Estado.
En nuestra ciudad, Córdoba, de los grupos presentes en el Ayuntamiento se han adherido a la red, Ganemos e Izquierda Unida, estando pendientes de respuesta por parte del PSOE y Ciudadanos, que defienden en sus programas la laicidad de las instituciones. El PP ni está ni se le espera, al ser un partido manifiestamente confesional.
Antonio Pintor Álvarez.
Médico.
Miembro de Córdoba Laica y Colectivo Prometeo.