El Ayuntamiento de Córdoba quiere reabrir el caso de la titularidad del Triunfo de San Rafael erigido en 1765 por Michel de Verdiguier y financiado por el Cabildo Catedral de Córdoba y por las rentas que dispuso un obispo difunto. El asunto ya tuvo cierto recorrido político durante la anterior corporación cuando se conoció que la Iglesia lo había inscrito a su nombre en 2011. El anterior gobierno, del PP, encargó un informe específico porque el asunto era más que complejo. Según señalan algunos autores como Enrique Redel, se produjo una donación por parte del Obispado de Córdoba a favor del Consistorio como consencuencia de la imposibilidad de la institución eclesiástica de mantener el monumento. La investigación, sin embargo, no encontró rastro de que se produjese ese negocio jurídico.
La Asesoría Jurídica, de hecho, llegó a determinar que no era posible defender ante los tribunales la propiedad pública teniendo en cuenta que durante buena parte del siglo XX el Consistorio se dedicó a tratar a la Iglesia como legítima propietaria del emplazamiento. Un ejemplo es que se le pedía permiso para la realización de actividades públicas o se depositaban lasllaves de la cancela en la Gerencia previo permiso de los administradores eclesiásticos. De todo ello sí que hay rastro documental y abundante, según los expedientes públicos.
Reconocimiento
La conclusión del PP fue reconocer la propiedad de la Iglesia Católica, levantar el asiento de la plaza y el monumento en el inventario municipal (donde se encontraba erróneamente, dijo el anterior gobierno) y, por último, negociar una cesión de uso público con el Obispado de Córdoba. El caso acabó en los tribunales por una querella de los exalcaldes de IU, salvo Rosa Aguilar, contra el obispo, el exalcalde Nieto y el deán del Cabildo por apropiación indebida. La denuncia fue archivada en dos ocasiones al entender que no había supuesto penal en la materia.
El nuevo equipo de Capitulares cree que sí hay base para entablar una acción judicial que permita«recuperar» la propiedad del monumento a San Rafael y el terreno que lo rodea. Está dispuesto a pelear en los tribunales la inmatriculación del Triunfo contraponiendo sus derechos históricos sobre la zona. Entre otros, la existencia de rastros de una entrega material -la realizada por el obispo Tarancón en 1850-, la realización de diversas actuaciones de inversión y mejora o el uso público del espacio de forma continuada. Del lado de la Iglesia, la inequívoca financiación de la construcción y un montón de documentos oficiales que prueban que se le ha tratado como propietario legítimo durante muchos años.
