Los científicos de diez países acusan al Obispado de «depreciar el significado del monumento» y «secuestrar su memoria»
Reprueban «la pasividad de la Administración pública en su papel constitucional de custodia del patrimonio histórico español»
Historiadores, arabistas, medievalistas y especialistas en arte de prestigiosas universidades de España y el extranjero han suscrito un manifiesto pidiendo la intervención de la Administración pública «para impedir la apropiación jurídica de la Mezquita de Córdoba y frenar el proceso de manipulación histórica puesto en marcha por el Obispado (de Córdoba) en los folletos y material divulgativo que reparte a millones de visitantes cada año».
A esto se suma, según recoge dicho manifiesto, que «la base jurídica de la inmatriculación (del monumento por la Iglesia Católica a su nombre) es muy endeble, pues la orden dada en 1236 por el rey Fernando III no puede considerarse una donación regia, sino la cesión de un derecho de uso». De hecho, «un mínimo de diligencia por parte de la Abogacía del Estado», según agrega el texto suscrito por decenas de expertos en la materia, «podría desmontar los argumentos jurídicos» y, según han subrayado, «aún estamos a tiempo».
La declaración ha sido redactada por el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y reconocido experto en al-Andalus, Eduardo Manzano, y ha sido suscrita por más de cien especialistas de diez países: España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Irlanda, Turquía, Chile, Alemania y Marruecos.
Entre los firmantes se encuentran prestigiosos profesores, de la talla del medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Ángel Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro; el director del Institut d’Etudes de l’Islam de Francia, Pascal Buresi; el hispanista de la Universidad de Boston Thomas Glick; el catedrático de Historia Contemporánea Juan Pérez Garzón, y una larga lista de científicos de 36 universidades de diez países.
«Secuestro de la memoria»
Los firmantes reprueban la «triquiñuela jurídica» empleada por el Obispado de Córdoba para inscribir a su nombre una «joya del patrimonio histórico español» y alertan de «la operación puesta en marcha para eliminar los valores culturales y artísticos de la Mezquita reconocidos por la Unesco».
«A la apropiación material -señalan- se ha unido el secuestro de la memoria. La Mezquita ha pasado de ser un edificio que encierra un conocimiento de primera mano sobre al-Andalus a ser herramienta de iniciación para catecúmenos».
El manifiesto lamenta, por otro lado, «la pasividad de la Administración pública en su papel constitucional de custodia del patrimonio histórico español», pues, tanto la Junta de Andalucía, como el Gobierno central, según indica el texto, han actuado con «desidia» y con una «falta de contundencia impropia de una administración democrática, obligada por el artículo 46 de la Constitución a conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad».
Críticas a la actuación de la Junta
Especialmente crítico se muestra el documento con el Ejecutivo andaluz, cuya presidenta, Susana Díaz, «se ha limitado a hacer declaraciones altisonantes, sin tomar ni una sola iniciativa seria». Frente a ello, «una actuación razonable de la administración pública -agrega el escrito- sería marcarse como prioridad conseguir que la Mezquita sea un bien público, portador de valores de convivencia y de integración».
La declaración del nutrido grupo de científicos fue remitida a finales de julio al Obispado de Córdoba y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, «hasta hoy no ha habido respuesta por parte de ninguna de las dos entidades».
