Cinco grupos ciudadanos se reúnen en Bruselas con los grupos parlamentarios
Exponen la dimensión de un conflicto que afecta al patrimonio monumental de España
La polémica de las inmatriculaciones de la Iglesia en España llega a Europa. Y lo hará de la mano de cinco colectivos ciudadanos, entre los que se encuentran dos grupos de cristianos de base. Esta delegación ciudadana tiene previsto este martes reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, incluidos la Mezquita Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos, mantiene la plataforma que defiende la titularidad pública del monumento cordobés, «más importantes del mundo».
Según ha informado dicha plataforma, los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referída a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que esperan concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la Unión Europea. Varios partidos han contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana. No obstante, se prevé que este martes se analicen, conjuntamente con los europarlamentarios, otras vías políticas de actuación dentro de los cauces reglamentarios de la UE.
La delegación ciudadana estará integrada por las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares.
Las inmatriculaciones de la Iglesia han permitido al estamento eclesiástico registrar a su nombre bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Recientemente se aprobó una reforma de dicha normativa «dada su evidente inconstitucionalidad» -mantiene la plataforma que reclama la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba-, pero no tiene carácter retroactivo. Es más, consolida todas las inmatriculacionesefectuadas en virtud de una ley que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos.
Esta polémica da un salto a la esfera europea. Hasta ahora, todas las iniciativas para evitar el «expolio cultural», señala la plataforma, se habían atascado en sede parlamentaria. Y es que ni en el Congreso de los Diputados ni en los parlamentos autonómicos de Navarra y Andalucía se han logrado sumar apoyos mínimos para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya reformada Ley Hipotecaria.
Piden al Parlamento Europeo que fuerce la devolución de la Mezquita de Córdoba
Colectivos en defensa del patrimonio público y cristianos de base solicitan al Parlamento Europeo que exija la devolución de los bienes públicos registrados por la Iglesia a su nombre, como es el caso de la Mezquita de Córdoba
María Eugencia Vílchez, Cadena Seer, 14-07-2015
El monumento fue inscrito en 2006 en el registro de bienes como propiedad de la Iglesia Católica por 30 euros, como muchas otros bienes de carácter público
La reciente reforma de la Ley Hipotecaria, ha acabado con el privilegio otorgado a la Iglesia Católica, por el que se han venido registrando como propios, bienes de carácter público como la Mezquita – Catedral de Córdoba.
Pero se da la paradoja de que, a pesar de ello, hay una larga lista de bienes públicos registrados a nombre de la Iglesia que si nadie lo reclama o lo litiga van a seguir en esas manos, es decir : no van a ser devueltos al patrimonio público, donde deberían haber permanecido.
Por eso organizaciones como Europa Laica, La Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma por una Mequita de Todos, y varios colectivos de cristianos de base, van a presentar hoy ante el Parlamento Europeo, un dosier sobre las inmatriculaciones que la Iglesia Católica ha llevado a cabo entre 1946 y 2015. Lo harán acompañados de la Eurodiputada de IU Paloma López.
Lo que piden es que, revocado el privilegio, se revoque también todo lo registrado por la Iglesia durante ese periodo, y que se con carácter retroactivo esos bienes se devuelvan al patrimonio público.
Desde Europa Laica, su portavoz en Córdoba, José Antonio Naz , destaca que acuden al Parlamento Europeo porque tiene la capacidad “de poner las orejas coloradas” a un estado miembro por permitir que una confesión religiosa tenga estos privilegios y se haga a través de ellos con una parte del patrimonio público no registrado.
Ayuntamientos como el de Córdoba han anunciado ya que reclamarán via judicial los registros de plazas y patrimonio público como la Plaza del Pocito o la plaza del Cristo de Los Faroles.
Cinco colectivos ciudadanos llevan a la Eurocámara el caso de las inmatriculaciones de la Iglesia
Así lo han explicado en un comunicado las mencionadas asociaciones, entre las que también figuran las Plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares, destacando que, «aunque la disposición ha sido ya reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos».
Por este motivo, los citados colectivos pretenden reunirse con los grupos parlamentarios de la Eurocámara, a quienes expondrán «la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, incluidos la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, dos de los monumentos más importantes del mundo».
Los cinco colectivos van a impulsar dos preguntas parlamentarias, una referida a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que espera «concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la UE».
De hecho, según ha señalado los colectivos, «varios partidos han contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana» y, «en todo caso, el propio martes se analizará conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación, dentro de los cauces reglamentarios de la Unión Europea (UE)».
«El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica — prosigue el comunicado– da de esta manera un salto crucial a la esfera europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes, como es la separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con un Estado democrático y de derecho».
Los colectivos de defensa del patrimonio histórico han declarado «confiar en una mayor comprensión en Europa del grave problema que representa la monumental apropiación de inmuebles de dominio público por parte de la jerarquía católica que hasta hace escasos años nunca habían accedido al registro de la propiedad privada».
Las plataformas han explicado por último que, «hasta ahora todas las iniciativas para evitar el expolio cultural se habían atascado en sede parlamentaria», ya que «ni en el Congreso de los Diputados, ni en los parlamentos autonómicos de Navarra y Andalucía, se lograron sumar apoyos parlamentarios mínimos para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya reformada Ley Hipotecaria».
