En 1985 el PSOE abrió la puerta a la enseñanza concertada, una patria potestad que el PP y sus Gobiernos recuerdan, como argumento concluyente, cada vez que alguien pregunta si la aplicación de esta tercera vía entre educación pública y privada no ha mermado el derecho a la enseñanza básica gratuita.
Desde hace 30 años, la red de centros privados financiados con dinero público no ha hecho más que aumentar. Y, en paralelo, la consideración de la educación básica como un derecho por cuya gratuidad debe velar el Estado se ha debilitado. Ambos fenómenos, el incremento de la enseñanza concertada y la valoración de este modelo como una opción voluntaria, y por tanto sujeta a las condiciones que quiera imponer cada centro, se han retroalimentado. De hecho, cada vez son más los conceptos y más agresivos los métodos de que se valen muchos centros concertados para sumar a las subvenciones públicas otras ‘aportaciones’ de las familias.
Ley y ‘trampa’
Los padres sólo están obligados a pagar el comedor y el transporte en caso de utilizarlos. Sin embargo, a esta minuta básica, los centros añaden otras tarifas en conceptos variopintos, aunque sujetos, como subrayan desde la Consejería de Educación, al control y la aprobación del Consejo Escolar.
Sumen: por ‘actividades formativas complementarias’ de 80 a 150 euros al mes; por el ‘servicio de conciliación‘ vengan aquí otros 60 euros al mes; por ‘enfermería‘ 45 euros al año; por una labor de ‘orientación‘ preparen otros 40 por curso; si quiere que los chicos se familiaricen con el uso de las nuevas tecnologías, hay centros que ofrecen un rentable leasing de Ipad por 90 euros al año, aunque como ‘servicio de seguridad en el uso del Ipad’ -controlar que el menor no entre en web de contenido violento o pornográfico- vaya preparando otros 250 ó 300 euros anuales.
Además los uniformes
Luego están los uniformes, el pantalón (40 euros de media), el polo (20 euros), el chandal (50 euros), los libros de texto (90 euros), y los cuadernos y papelería varia, material que encontrará (si es usted capaz) homologado en grandes superficies «a la mitad de precio», según el testimonio de varios padres, pero que los centros no pierden la oportunidad de vender concienzudamente. Además, prepare dinero para las excursiones y otras actividades extraescolares varias, teatro, funciones musicales… En definitiva, la mensualidad llega a triplicarse en la mayoría de los casos.
A raíz de la denuncia de unos padres del San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz que acaba de ser considerada por Inspección (de estos padres ya es la segunda), EL MUNDO ha cotejado la carta de extras de este colegio, así como la de varios centros en Valdemoro de la cooperativa Alfedel (Helicón, Valle de Miro, Nobelis), del Gredos San Diego de Alcalá de Henares y del Antanés de Leganés.
La ley, y en este sentido se pronuncian los inspectores de Educación siempre que hay un contencioso, indica que estos pagos extra son voluntarios. Pero a tenor del celo empleado por algunos centros para ‘implicar’ a los padres, nadie lo diría.
Invitaciones a cambiar de colegio formuladas verbalmente e incluso por escrito, niños literalmente ‘aparcados -en palabras de una madre de tres alumnos del Valle de Miro– en un aula sin libros ni material para tareas en caso de que no realicen las lucrativas ‘actividades complementarias’ y amenazas sugeridas sobre la falta de plazas, que es lo que más preocupa a los padres con más de un hijo escolarizado en un mismo centro.
A la hora de analizar las causas de esta financiación bis de los concertados, los sindicatos aseguran que se trata de un ‘negocio redondo alentado desde la Administración’, que permite a los colegios privados ‘crecer y aumentar sus aulas mientras se limita la enseñanza pública», según la responsable de Educación de UGT, Virginia Fernández. Los padres hablan incluso de «impuesto revolucionario’ y lamentan que en algunos casos los interlocutores municipales les dan la razón pero «miran a otro lado» o directamente les invitan a ‘cambiar de centro’. Una directora de dos colegios de Primaria con la que contactó este periódico, y que prefiere no salir del anonimato, culpa a la Consejería de haber convertido las licitaciones en una ‘subasta’ abierta a empresas constructoras y de servicios, en la que prima el proyecto económico sobre el docente, lo que «condena» a las ‘empresas de toda la vida’ a depender en gran medida de las ‘donaciones’ de los padres y de los recursos que obtienen de ‘actividades complementarias que deben ser siempre y sólo voluntarias’.
Aunque la ley salvaguarda en teoría la gratuidad de la enseñanza, muchas veces, demasiadas, los padres se ven empujados a pagar por la dirección de los centros. El ejemplo más descarado con el que se ha encontrado este periódico ha sido el del citado San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. Alberto Villarrubia, padre de dos niñas matriculadas en este centro, lleva luchando desde 2013 contra las maniobras y presiones de sus gestores para hacerle pagar por lo que denominan ‘Servicios, actividades y complementos’.
Inspectores
Los inspectores, que acaban de comunicarle que van a volver a requerir al colegio por sus abusos, ya le dieron la razón hace dos años, pero el centro ha seguido pasándole la minuta desde entonces. Más aún, amenazaron a los padres con dejar a las menores en la calle a la hora del comedor en un plazo de casi un día para otro (de jueves a lunes); y llegaron a negarse a cobrarles el comedor -que sí es obligatorio- si no pagaba también la deuda ilegítima de esas otras actividades voluntarias.
Según consta en la documentación aportada a este periódico, él y su mujer han llegado a pedir que los recibos del comedor los cobrara un juzgado para que hubiera constancia de que siempre han pagado, e incluso llegaron a pedir auxilio al Defensor del Pueblo. Soledad Becerril les ha enviado una carta en la que les comunica que requirió a la Consejería de Educación sobre su caso y que el Gobierno regional tiene muy claro que la ley debe ser cumplida, por lo que están pendientes de recibir un apercibimiento, puede que sin consecuencias.
La Administración siempre les ha dado la razón, ¿pero de qué sirve actuar como un padre coraje si, más allá del apercibimiento, el San Juan Evangelista sigue presionando y reclamando como legales la retribución de servicios voluntarios?
En este centro el malestar ha llegado a tal punto, que los padres han constituido un ‘Ampa paralelo’, según explica su presidenta, Mely Alejandro, pues la asociación ‘oficial’ está ‘controlada por la dirección del centro y sirve a sus intereses’.
Los padres de alumnos del San Juan Evangelista han convocado una recogida de firmas para los próximos días 29, 30 y 1 de julio para que la Consejería de Educación solucione de una vez por todas esta situación.
En una situación no tan escandalosa, pero sí complicada, se encuentra los padres del Colegio Valle de Miro de Valdemoro. Una madre de tres alumnos paga todos los meses 900 euros por una educación que legalmente debe ser gratuita. ‘Hemos ido a los servicios de Inspección muchos padres, pero se mueven en una situación de alegalidad que es difícil sortear. La directora nos pidió cuadernos con las tapas blancas, que son las que venden en el centro, diciendo que son más pedagógicos: lo que son es imposibles de encontrar’, ironiza esta mujer, que prefiere no dar su nombre porque teme que pueda tener problemas de escolarización cuando toque el cambio de ciclo. Este es un temor generalizado, que calla muchas bocas
¿Y llegan muchas quejas a la inspección? Los padres y sindicatos dicen que sí. La Consejería estima que no.
Según los datos de la Consejería de Educación relativos al curso presente (son una ‘previsión’ oficial) la enseñanza concertada y privada suman 1.706 centros activos en la Comunidad de Madrid frente a sólo 1.874 públicos. UGT matiza que la Consejería hace trampas, que la enseñanza básica obligatoria ya está claramente en manos privadas, que el Gobierno regional contabiliza como públicos los centros de titularidad pública cedidos en concurso -el sindicato dice ‘en subasta’- a empresas privadas para que los gestionen.
No hay datos fiables sobre cuántos centros son de ‘gestión mixta’, pero ni siquiera es preciso reparar en que en los últimos 13 años el Gobierno regional ha cedido 1,7 millones de metros cuadrados de suelo público a empresas y consorcios para sostener que la Consejería ha favorecido la implantación de la concertada, algo por otro lado obvio en las nuevas zonas de expansión inmobiliaria.
El estado de la cuestión es evidente: la educación de los menores pasa cada vez más por los centros concertados, que tratan de financiarse también mediante actividades y servicios complementarios. ¿Hasta qué punto es correcto permitir que quienes tratan de convertir la educación en un negocio en contra de la legalidad sigan gestionando colegios subvencionados con el dinero de todos? ¿Hace la administración lo suficiente para corregir las situaciones de abuso de las que hay constancia?
Carta fraude
El colegio San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz ha intentado sofocar cualquier conato de rebelión futura remitiendo una carta a los padres en la que exige el pago anual de 1.749 euros -once mensualidades de 159 euros– por cada alumno por sus ‘servicios, actividades y complementos’. Las alegaciones del colegio son un fraude, ya que hace pasar por obligatorios pagos y conceptos voluntarios. En ánimo de lucro es evidente:
‘La relación de los padres y el centro -dice el texto enviado el pasado 16 de junio- se rige por estas condiciones: 1.- El colegio San Juan Evangelista Torrejón es un centro privado concertado bilingüe y, por tanto, la enseñanza obligatoria es gratuita. Los padres acceden a la enseñanza en centros privados concertados de manera libre y voluntaria, por lo que también adquieren la obligación del pago de las actividades extraescolares…’
Y 2.- ‘…La ausencia del alumno (de estas actividades) no exime del abono de los recibos’.
