DICE :
El artículo 16 de la Constitución Española, pese a la anómala mención que efectúa respecto a una determinada confesión religiosa, establece la ordenación de un marco laico -no religioso- para la actuación y desenvolvimiento de todas las instituciones del Estado (generales, autonómicas y locales) que se refuerza por los mandatos contenidos en la Ley Orgánica 7/1980, de 24 de julio, de Libertad Religiosa, pese al anómalo concepto de religión de "arraigo notorio" que introduce su artículo 8.
Sin embargo, la vida nacional nos muestra la práctica cotidiana de un confesionalismo católico vergonzante, realizado a despecho y en contravención de los citados mandatos constitucionales y leyes de desarrollo. Exenciones fiscales, opacidad privilegiada en materia de asociaciones, financiación con cargo a la Hacienda Pública del cuasi monopolio que mantiene en la enseñanza la Iglesia Católica, forman el preocupante cuadro de la burlada aconfesionalidad constitucional.
Pero nuestra preocupación nace también de la consideración del laicismo como principio democrático, es decir, como principio civilizador. El laicismo surgió como la garantía para la libertad de conciencia.
Pero más allá de la defensa de la libre conciencia el laicismo es también, y sobre todo hoy, el principio de neutralidad del Estado ante los intereses particulares, a menudo contradictorios, que existen en la sociedad civil. El laicismo exige de los poderes públicos vigilancia sobre los grupos de presión, sobre las confesiones religiosas, sobre los corporativismos y localismos indiferentes por definición, cuando no hostiles, al interés general. Exige la neutralidad del Estado, que ha de garantizar la libre elección de ideas y criterios personales a cada uno. El laicismo, en suma, significa que el poder político tiene la gran responsabilidad de hacer prevalecer, en la sociedad, el respeto a la conciencia individual y a las creencias personales. Un respeto al que se falta de continuo en nuestra vida institucional.
Por ello los republicanos, con ocasión de esta primera visita a España en el siglo recién comenzado de un Papa Romano, nos hemos decidido a exponer ante las máximas instancias de la nación, y ante el mismo Papa, la necesidad de regularizar una situación como la del clero y las organizaciones de la Iglesia Católica española, que tantos problemas han creado y crean todavía, en nuestro país.
Acompañamos como Documento Anejo, copia del Memorándum que hemos dirigido al Papa de Roma, en nombre del pueblo español, atribuyéndonos con sobradas razones, estimamos, esa representación en esta materia.
Por todo lo cual, uniendo a las nuestras, pues propias las hacemos, las demandas formuladas por la Sección Española de la organización Europa Laica, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución, en unión de las personas, organizaciones e instituciones que se han adherido a esta petición, y cuyas identificaciones figuran signadas por los mismos en hojas al pie de este escrito,
SOLICITAMOS:
1º.- La ruptura de los actuales acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado Español de 1976 y 1979, dado su carácter trasgresor de la aconfesionalidad ordenada por la Constitución.
2º.- El cese de la financiación pública a cualquier institución religiosa. La financiación en condiciones similares de las restantes confesiones religiosas no es solución: las religiones deben financiarse con las aportaciones de sus integrantes.
3º.- La eliminación de la asignatura de religión como enseñanza curricular. El espacio propio para el adoctrinamiento religioso debe situarse en los centros y establecimientos de las confesiones respectivas.
4º.- La prohibición legal de que los cargos públicos se puedan sumar a manifestaciones religiosas, en el ejercicio de sus funciones. Pueden hacerlo como particulares, pero no en la representación institucional que ostentan.
5º.- La eliminación de cualquier tipo de adoctrinamiento religioso de la infancia en el ámbito escolar. La enseñanza pública -directa o concertada- debe constituirse en ejemplo de la neutralidad de los poderes públicos en materia de elección de creencias por los ciudadanos.
6º.- La derogación de las normas que exceptúan a la Iglesia Católica de las obligaciones legales generales establecidas, en materia de asociaciones, en la Ley 1/2002, de 22 de marzo, de Asociaciones.
Madrid, a 2 de mayo de 2003 AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN, PRESIDENCIAS DE CONGRESO Y SENADO, Y PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
MEMORANDUM DIRIGIDO AL PAPA DE ROMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO ESPAÑOL Al Papa Juan Pablo IIº, Es la primera visita a nuestro país de un Papa Romano en estos nuevos siglo y milenio recién comenzados. Es quizá por ello un momento especialmente oportuno para poner en su conocimiento la larga serie de abusos y usurpaciones realizados en España por personas integrantes del clero que usted dirige. Y de poner, asimismo, en su conocimiento la no menos larga serie de padecimientos soportados pacientemente por nuestro pueblo y que se le han infligido, y aún se le aplican, en nombre de la confesión religiosa que usted preside.
No tiene ya apenas sentido referirse a viejas lacras pasadas, como la inquisición, aunque nunca esté de más recordarla. A fin de cuentas, las inquisiciones las establecieron y las padecieron todos los europeos, fueran católicos o protestantes. Los horrores de las guerras de religión y de la persecución religiosa en los siglos XVI al XVIII, configuran una de las páginas más sombrías y bochornosas de la historia de Europa. El papel de todas las confesiones religiosas en esos sucesos fue culpable, como usted mismo ha reconocido en varias ocasiones en lo que respecta a la suya.
Desde que España se constituyó formalmente como nación, a partir de 1812, la vida de nuestro país se ha visto afectada, por cierto que generalmente de modo muy negativo, por la acción constante de los más significados dirigentes del clero católico. Una acción permanente, dirigida invariablemente al mismo designio de fomentar la discordia civil en la búsqueda y ganancia de privilegios, aún al coste del enfrentamiento ciudadano y de la guerra civil. En España, la Iglesia Católica, buscó siempre imbricarse con los que poseían privilegios, oponiéndose siempre a la modernización de país, enfrentándose a la formación sistemas de gobierno basado en la soberanía popular, en la libertad individual, en la igualdad ciudadana y en la solidaridad social.
Sorprende la cantidad de españoles ilustres que, en los últimos 200 años, fueron de excomulgados, censurados o perseguidos por el clero católico. Muchos de ellos fueron los más destacados pensadores, literatos, científicos. Sorpresa que sería aún mayor si conociera la larguísima lista de los dirigentes democráticos de nuestro pueblo que han sufrido persecución religiosa en los últimos 200 años. Sorpresa que llegaría al estupor si supiera que entre ellos se encuentran los más destacados reformadores políticos y sociales de España, los más significados modernizadores, los más ardientes defensores de la democracia. Españoles que sufrieron la persecución del clero católico. Personajes como Jovellanos, Blanco White, Riego, Mendizábal, Prim, Pi y Margall, Pérez Galdós, Azaña… y tantos otros. Hombres que pusieron en juego hasta su vida, y a veces la perdieron, para lograr el bienestar de nuestro pueblo y mejorar nuestra sociedad en el sentido de la libertad, la igualdad y la justicia.
Por no abusar de su atención le diremos que en España, en los últimos doscientos años, la Iglesia Católica es responsable, al menos, de lo siguiente:
I.- Del desencadenamiento de todas las guerras civiles que tuvieron lugar en el país. No decimos que el clero católico fuera el único culpable. Señalamos el hecho de que fue partícipe y responsable, en grado de culpable siempre, del desencadenamiento de todas esas guerras que desgarraron nuestro pueblo y lastraron nuestro desarrollo. Desde la primera hasta la última. Desde la Guerra de los Agraviados (1826), pasando por tres guerras carlistas, hasta la Guerra Civil 1936-1939, que el Vaticano consagró como "cruzada", en la católica España.
II.- Del apoyo prestado, en ocasiones con participación directa, a golpes de estado que derribaron gobiernos constituidos por la voluntad popular. Desde la Regencia de Urgell (1822), hasta la mencionada declaración de "cruzados de dios" dada a los combatientes del bando fascista de la Guerra Civil española de 1936-1939.
Para muchos españoles esa calificación de "cruzada" es una calificación infamante. Pero su iglesia la ratifica de continuo con el espectáculo de esos procesos de santificación de víctimas de uno sólo de los dos bandos. Santificaciones que no pueden interpretarse sino como lo que son: llamamientos a la discordia civil. La santificación de sus "cruzados" de 1936-1939, no es posible entenderla de otra forma.
Es un hecho conocido la incorporación al ejército sublevado, en 1936, de la mayoría de sacerdotes que tenían graduación militar, y el alistamiento en masa de seminaristas católicos en dicho ejército sublevado, así como la participación entusiasta de todos ellos en fusilamientos y represiones de todo tipo.
III.- Del fomento de todas las formas imaginables de la discriminación por razones de conciencia, de la persecución ideológica y del enfrentamiento civil en nuestro país. Desde los tiempos en que se marginaba y perseguía a los "cristianos nuevos", hasta el apoyo, cuando no el activismo entusiasta de obispos y frailes, a los nacionalismos secesionistas y excluyentes que promueven la marginación y la persecución de muchos de nuestros conciudadanos, a los que se acusa del crimen de ser ¡españoles!, en varias partes de nuestro país.
Alguien debería recordarle que, en la católica España, fue en un seminario donde se fundó la organización terrorista ETA, que tantos crímenes y sufrimientos ha causado, y causa todavía, a nuestro pueblo.
IV.- De inmiscuirse de continuo en la vida civil y política españolas más allá de lo que correspondería a una entidad privada, como lo es una religión, con el único propósito de mantener situaciones de privilegio inadmisibles en una sociedad moderna. Ni siquiera es justificable en un país de tradición católica, pues en la mayoría de los países "católicos", no se admiten. En casi ninguno de esos países (Francia, Italia, Portugal, etc.), se dan las escandalosas exenciones tributarias que disfruta el clero católico español. Fondos detraídos del Tesoro Nacional y que se dedican, en muchos casos, al lucro y a la especulación. Tampoco es normal, sino que es abuso, admitir una regulación ajena a la común en materia de asociaciones, disfrutando con ello de una opacidad intolerable que, es de desear, no se emplee para fines ilícitos.
V.- De interferir la acción de los gobiernos de España, con independencia del color, en todos los tiempos, para asegurarse el mantenimiento del casi monopolio que mantiene la iglesia en la enseñanza, especialmente primaria y secundaria, a costa de una financiación pública tan generosa como poco correspondida. Y ello sin que el nivel educativo de nuestros escolares sea, precisamente, de los mejores de nuestro entorno.
VI. De fomentar, especialmente en nuestro país, pero no sólo en él, el desarrollo y actuación de sectas secretas, clandestinas o semiclandestinas, de dudosa trayectoria, de cuentas poco claras y de actuaciones en ocasiones delictivas.
La negra historia de los Jesuitas en el pasado o la preocupante actuación del Opus Dei en los tiempos presentes, conforman modos de intromisión en la vida social española absolutamente intolerables.
VII. De ejercer una perniciosa influencia en materia de cultura general y de modos de vida, ya que su Iglesia en España, y en todo el mundo, ha combatido con especial saña al desarrollo científico y al pensamiento racionalista sobre, a la vez que ha sido el principal baluarte del mantenimiento de modos de vida antiguos, desfasados y humillantes o limitativos de la personalidad de las mujeres. La oposición de la iglesia a los métodos anticonceptivos y al progreso científico, son constantes de su Iglesia que, en España, se acentúan por el cuasi monopolio que mantiene en el sistema educativo.
Por todo ello, el comienzo de estos nuevos siglo y milenio puede ser también el tiempo de rectificar una situación como la presente y para enmendar una trayectoria como la descrita, que lleve a su Iglesia a mejorar, de modo sincero y con la vista puesta en el porvenir, unas relaciones impropias de los tiempos presentes, cuales son las que ha venido manteniendo la Iglesia Católica con nuestro pueblo. En particular, y en orden a las reformas que precisa nuestro país para adentrarse definitivamente por el camino seguro de la libertad de conciencia y del laicismo, solicitamos la consideración y estimación favorable por usted, en tanto que líder máximo de la Iglesia Católica, de las siguientes propuestas:
1º.- El cese de las santificaciones religiosas que realiza su iglesia a favor del bando fascista de la Guerra Civil española 1936-1939. En ese sentido, sería una magnífica iniciativa la cancelación de la calificación de "cruzada", otorgada por el Vaticano a ese gran desastre nacional. También retirada de placas conmemorativas en los templos.
2º.- El cese de las interferencias del clero católico en la política interna española. Especialmente en País Vasco y Cataluña, donde la acción del clero católico se destaca en el activismo secesionista más escandaloso. Máxime cuando, en ocasiones, ese entusiasmo nacionalista de los clérigos católicos ha llevado ante los Tribunales de Justicia, como autores y cómplices de crímenes terroristas, a curas, frailes y seminaristas católicos.
3º.- La renuncia a la financiación pública de las actividades de su iglesia. Las confesiones religiosas deben nutrirse del dinero de sus adeptos, y no disponer sus actividades en función del recurso a fondos de las Haciendas Públicas (municipal, autonómica y general).
4º.- La renuncia a los privilegios concedidos por la vigente Ley de Asociaciones. La opacidad de las actividades de su Iglesia, a la larga, sólo será perjudicial para ella misma. El ejemplo de los jesuitas y del Opus Dei, constituyen precedentes a erradicar.
5º.- Por último, le solicitamos igualmente la renuncia a seguir disfrutando del cuasi monopolio que actualmente dispone, aunque esté financiado con cargo a la Hacienda Pública, en el sistema educativo español
