Está en un «tiempo de vacío» porque tiene que hablar con el arzobispo. Los populares no tomarán medidas y defienden que aspire a ser alcalde
El párroco de San Pablo, Santiago Fustero, vive su particular jornada de reflexión sobre si mantiene su candidatura a ser alcalde de Farlete por el Partido Popular. Así lo admitieron ayer en su entorno, después de que EL PERIÓDICO adelantara estas pretensiones políticas.
Consciente de que el Derecho Canónico veta la entrada de cualquier clérigo en este ámbito, fuentes cercanas a Fustero señalan su intención de hablarlo con el arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez. No trascendió si su afiliación política era conocida por el prelado y si éste le había dado permiso, si bien recalcaron que tiene que «reflexionarlo» con él.
También con el resto de miembros del grupo municipal del PP. No obstante, este «tiempo de vacío», tal y como lo calificaron estas fuentes, no podrá alargarse mucho en el tiempo, ya que hoy acaba el plazo que fija la ley electoral a las formaciones políticas para que hagan cambios en sus listas. Si no hay cambios, el puesto número 1 por el PP de Farlete quedaría ratificado en manos de Santiago Fustero.
Fuentes del PP admitieron que desde el primer momento sabían que era sacerdote, si bien defendieron que todos los ciudadanos tienen derecho a ser político. También adelantaron que no van a tomar medidas para sacarlo de la candidatura, salvo que Fustero decida irse. Desde el arzobispado señalaron que el tema será estudiado hoy por parte del propio Vicente Jiménez. De hecho, podría llamar al cura a capítulo.
Y es que según marcan los cánones de la normativa eclesiástica les «está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo su participación en el ejercicio de la potestad civil». Incluso apuntan que «no han de participar activamente en los partidos políticos ni en la dirección de asociaciones sindicales, a no ser que según el juicio de la autoridad eclesiástica competente, lo exijan la defensa de los derechos de la Iglesia o la promoción del bien común». También se recalca que «sin licencia del ordinario», es decir, del arzobispo, «no han de aceptar la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven consigo la obligación de rendir cuentas».
Es más, no podría mantener la doble condición de alcalde y párroco, puesto que se les obliga a abstenerse de firmar documentos en los que se asuman la obligación de pagar una cantidad de dinero sin concretar la causa.
Fuentes del arzobispado zaragozano resaltaron la pena de suspensión como cura a la que se enfrenta el párroco de San Pablo si mantuviera su aspiración a ser alcalde.
