Apoyarían «cualquier iniciativa que reclamase la titularidad pública de la Giralda» y de «todos» los inmuebles registrados a nombre de la iglesia al amparo de la ley hipotecaria de 1946.
Definen el proceso inmobiliario emprendido por las instituciones eclesiásticas como «la inmatriculada corrupción», un «auténtico expolio incuantificable y sin precedentes en la historia de España».
No es lo mismo uso que propiedad. Y es lo que reclaman cristianos de base y organizaciones sociales: que la iglesia católica siga haciendo uso de los templos religiosos pero que los bienes retornen «al pueblo». Como en el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba o el de la Catedral de Sevilla que, como informó eldiario.es/andalucia, la iglesia registró a su nombre en 2010 por 30 euros.
Estos templos son los grandes referentes de las inmatriculaciones que la iglesia ha llevado a cabo desde 1998 al amparo de una modificación de la ley hipotecaria franquista de 1946. Desde entonces, miles de inmuebles han sido inmatriculados por la Iglesia. Una potestad que colectivos como Redes Cristianas, Comunidades Cristianas Populares, la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos o Europa Laica, entre otros, denunciarán en instancias europeas.
«La inmatriculada corrupción», lo llaman. Por eso apoyarían «cualquier iniciativa ciudadana que en Sevilla reclamase la titularidad pública de la Giralda». Porque el registro de propiedades por parte de la iglesia está cimentado en dos claves «esenciales». Primero, que son normas «inconstitucionales» que equiparan «a las diócesis como instituciones públicas y a los obispos como fedatarios públicos», apunta Antonio Manuel Rodríguez, profesor de derecho y miembro de la plataforma Mezquita-Catedral.
La propia iglesia, por serlo, certifica que el bien en cuestión es suyo. Y segundo, continúa, que la legislación «ha sido aplicada con evidente abuso de derecho». No son sólo fincas como las que acogen los templos cordobés o sevillano. «Sevilla tiene que saber que, igual que en el resto de España, estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia, en el que la iglesia se ha hecho con el poder de plazas y caminos públicos, solares, locales comerciales… bienes de toda índole. Y en Sevilla ha ocurrido exactamente igual», indica.
Inmatriculaciones en Andalucía
Estas organizaciones refieren miles de propiedades inmatriculadas. «En Andalucía podríamos hablar de unas 5.000», aproximan. Un extremo que la iglesia nunca ha comunicado a las instituciones públicas «o al pueblo». No lo exigía la ley hipotecaria franquista, latente hasta el retoque del primer Gobierno de José María Aznar que arrancó la experiencia de apropiación de inmuebles.
«Que devuelvan lo que es nuestro y que paguen por lo que puedan demostrar que es suyo», dicen desde la plataforma Mezquita-Catedral. ¿Y por qué estas construcciones no serían de la iglesia católica? «La gente tiene que tener muy claro que las iglesias, las ermitas y los edificios de uso religioso siempre han sido del pueblo porque fue quien las construyó y restauró. Nadie cuestiona su uso católico, ni su posesión, se cuestiona su propiedad».
Se trata, subraya, «de un auténtico expolio incuantificable y sin precedentes en la historia de España». De una «operación de busca, caza y captura de inmuebles sin dueño para ponerlos a nombre de la iglesia». Un «negocio redondo», manifiesta Antonio Manuel Rodríguez, en el que las diócesis «no inmatriculan ruinas» sino que esperan «a que estos templos se restauren con dinero público para luego registrarlos».
Propiedades «del pueblo»
En ambos casos, la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla son «propiedad del pueblo y no de una institución privada como la iglesia católica», a juicio del presidente de Redes Cristianas y de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, Evaristo Villar. «Por más que la ley le haya dado esa potestad», especifica.
Los cristianos de base mantienen «una postura teológica y filosófica» sobre estos inmuebles, «edificios que ha hecho el pueblo, que han costado mucho dinero y muchas vidas a lo largo de la historia y que han pasado por muchos regímenes». De ahí, reivindican la titularidad pública de todos los templos y el carácter retroactivo de la reforma de la ley hipotecaria recién aprobada.
«No nos parecen bien este tipo de cesiones a la iglesia católica por tan poco dinero y de manera tan poco clara», declara Raquel Mallavibarrena, de la Corriente Somos Iglesia. Se trata, dice, de una «tremenda injusticia avalada por los gobiernos correspondientes» que ha llevado a la organización eclesiástica a registrar propiedades «por el simple hecho de que no estaban inscritas».
«La iglesia lo ha hecho muy mal apropiándose de monumentos, casas y fincas en los pueblos», señala. Por su parte, desde el colectivo Europa Laica calculaban «en unos 13.000 las propiedades inmatriculadas en toda España pero hay muchas más», según Francisco Delgado. «Estas cosas son del Estado, del pueblo, por eso pedimos al Parlamento de España y al europeo que todas estos edificios que no estaban registrados vuelvan al ámbito público».
La «pelea», recalca, está «en que la gente se dé cuenta de la usurpación ocurrida durante años y de cómo el Gobierno Aznar permitió que la iglesia se convirtiera en notario para inscribir a su nombre cualquier finca». Los partidos políticos «podrían pedir auditorías sobre cuáles son los bienes incautados en cada pueblo o ciudad», marcan desde la plataforma Mezquita-Catedral.
De momento, ninguna de las formaciones representadas en el Ayuntamiento de Sevilla ha respondido sobre el asunto a este periódico. PP, PSOE e IU, dejan aparcada su valoración. Tampoco Podemos, que llevaba en su programa electoral para los comicios andaluces la petición de titularidad pública de los edificios religiosos, se ha pronunciado al respecto. De su lado, Europa Laica, Redes Cristianas, Corriente Somos Iglesia o la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba Patrimonio de Todos apoyarían una petición ciudadana similar a la surgida en la ciudad califal: «Si surge movimiento en Sevilla nos sumaremos, por supuesto».
