Después de muchos años de silencio, desde 1979, cuando los partidos políticos que se dicen progresistas y/o de izquierdas consagraron el miedo ante la SICAR (Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana), los «sicarios» embutidos en las opciones supuestamente «avanzadas» aceptaron encantados el papel de mordaza de los clamores sociales… Voces aisladas, algunas con dramático tesón, construyendo una obra gigantesca (como es el caso de Gonzalo Puente Ojea), otras como francotiradores esporádicos (Fernando Savater, por citar un ejemplo), nos recordaban de vez en vez la magnitud del engaño.
Se han necesitado 20 años de Concordato de 1953 revisado en 1976-1979 para que el malestar social se manifieste, y no precisamente a partir de partidos políticos y sindicatos sino por iniciativa de ciudadanos de a pie, de profesores y de padres y madres cansados de sufrir un trato marcadamente discriminatorio y denigrante en la educación sostenida con fondos públicos hacia los niños no católicos.
En efecto, en 1999 comienzan a formarse pequeñas asociaciones, como la «Pi y Margall» en Motril, el colectivo «Escuela Laica» en Zaragoza y los inicios de «Europa Laica» en Talavera de la Reina… Pronto el encuentro por la laicidad en Motril, en julio de 2001, continuado por el encuentro de Barcelona en julio de 2002, auspiciará el surgimiento de otras pequeñas organizaciones, su salida del aislamiento y las posibilidades reales de intercomunicación, bases indispensables para llegar a construir un amplio movimiento laicista en España, lo que constituye nuestra mayor expectativa de futuro.
La confusión llega al dotar esta reivindicación básica de propuestas políticas, ante el asalto de ideólogos mercenarios que, siguiendo las directrices de sus partidos o sus grupos de intereses, pretenden servirse de la laicidad como plataforma ante la nueva situación. A veces de buena fe, sólo por ignorancia que se pone de manifiesto en las contradicciones de su discurso, en otras ocasiones con el propósito decidido de desmembrar un clamor ciudadano que escapa al control de los partidos políticos consagrados o de sus grupos de presión, pretenden sembrar la confusión y conducir al desarme del incipiente -pero imparable- movimiento laicista.
Atendiendo a las limitaciones de espacio de este artículo, utilizaré como paradigma de la impostura contra la que pretendo prevenir a los militantes del movimiento laicista el reportaje publicado en EL PAÍS el lunes 25 de marzo de 2002 (RELIGIÓN Y ESCUELA PÚBLICA EN ESPAÑA. La izquierda reclama que la escuela pública enseñe el hecho religioso ‘sin confesionalismos’).
El reportaje tomado como ejemplo -que, por razones de espacio, no debo reproducir, aunque puede consultarse en cualquier hemeroteca- comienza ya con declaraciones absolutas bastante sospechosas:
1 Por izquierda, según veremos, se entiende única y exclusivamente el PSOE, como si las demás agrupaciones que integran ese espectro político no existieran.
2 La inclusión de una materia «no confesional» de religión enmascara el propósito, como también veremos, de salvar la situación laboral de los actuales profesores de religión católica, formados en esa doctrina, y actualmente designados por los obispos, aunque pagados por el Estado. Dadas las convalidaciones de los estudios de Teología con los de Filosofía en la legislación actual, juntando los años de servicios como méritos, estas plazas recaerían mayoritariamente en los actuales profesores de religión católica.
3 Para mejor atar los cabos, se prevé también la inclusión de la religión como materia confesional, no evaluable y fuera del horario lectivo, aunque, eso sí, en el seno de la escuela pública y financiada por todos los españoles.
4 Para los autoproclamados «expertos», convocados a este debate por la Fundación Pablo Iglesias, la principal razón esgrimida para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede es que «la situación de los profesores de religión católica en la enseñanza pública es inadmisible, porque no se les respetan los derechos fundamentales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, hasta tal punto que, siendo trabajadores contratados y pagados por el Estado, pueden perder el empleo sin requisito alguno y por la voluntad unilateral de un obispo, sin audiencia al interesado y sin indemnización alguna».
Una síntesis de estas reivindicaciones ha sido recientemente publicada como comunicado de prensa por la Fundación Cives (9 de mayo de 2002: http://www.fundacioncives.org). Mediante la propuesta de una situación menos escandalosa que la actual (en nombre de la laicidad y de La Izquierda, «representadas» por hombres como Dionisio Llamazares, Victorino Mayoral, Luis Gómez Llorente, y, cómo no, el presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión, entre otros «expertos» y «expertas»), se pretende consagrar de manera «justa y duradera» la desigualdad de los ciudadanos en función de sus convicciones y la perpetuación de los privilegios.