El Gobierno de España ya ha hecho públicas sus intenciones y objetivos para reformar la Educación no universitaria. Y todas las sospechas se han hecho realidad: Pretende, por un lado, implantar un Sistema Educativo altamente selectivo y excluyente y, por otro lado, rebajar considerablemente la democracia interna de los centros, al modificar las competencias de los Consejos Escolares, eliminando elementales derechos constitucionales a las familias y al alumnado. Para ello utiliza una serie de patrañas engañosas (que, ya, forman parte del actual Sistema, pero que no se cumplen) como es el tema de los idiomas, o la potenciación de la figura del director, etc. que van a generar simpatías inútiles. Y no se entra en los verdaderos temas de fondo que son la causa del profundo malestar y fracaso del Sistema… Y de los que tendremos oportunidad de reflexionar, pormenorizadamente, a lo largo de los próximos meses.
Está claro que la «cortina de humo» para el debate mediático es la «reválida»… a mi, que me parece un atraso zafio tal y como se formula, no voy a dedicar ni un reglón más a este tema, ya que, en mi opinión, el verdadero conflicto de la contrarreforma propuesta es otro y de un calado que nos sitúa en los debates de los años sesenta. La Ministra, repite una y otra vez, que la LOGSE es cara y que hay que tomar medidas que abaraten los costos, ¡en un país en el que nos gastamos-invertimos, todavía, un 22% menos en educación, que en la media de la Unión Europea!. La Ministra repite, una y otra vez, que el alumnado NO está preparado y que hay que tomar «medidas». Y para ello hace un análisis simplista y cuantitativo del rendimiento escolar.
Estamos ante el ataque más duro y profundo que se puede asestar a la Educación Española y a la Escuela Pública en particular, desde antes de la democracia. Las fuerzas políticas de oposición, los sindicatos, los alumnos organizados, las Asociaciones de padres y madres, los intelectuales, las corporaciones locales (y espero que las CC. AA.)… No pueden permitir que una «apuesta» así salga adelante y por ello la contestación y movilización ha de ser la más dura que haya habido en España en estos últimos 25 años.
Cuando todos los parámetros internacionales nos vienen a indicar que el futuro de las democracias y del bienestar pasa por elevar la calidad educativa y para ello se dice, expresamente, que hay que: Poner muchos más medios al servicio de la Educación Obligatoria y aumentar la democracia participativa en los centros. Que hay que hacer de las aulas y de los centros educativos lugares incluyentes y no excluyentes y selectivos. Cuando está comprobado -en todo el mundo- que el repetir curso es pernicioso, desde un punto de vista educativo, psicológico y social. Cuando las evaluaciones del alumnado son simples instrumentos (y no un fin) para evaluar -permanentemente- al propio Sistema, al proyecto del Centro y los métodos de enseñanza aprendizaje y no al alumno, exclusivamente. Aquí se va en el sentido totalmente contrario.
La Institución Escolar está en peligro y la Escuela Pública amenazada, como consecuencia de la apatía social, por el desencuentro entre la escuela y la emergente sociedad, por la falta de medios, por el malestar generalizado de muchos docentes con los que no se cuenta nunca, por una falta de análisis profundo de las nuevas funciones de la educación, por una falta contumaz de democracia participativa… Pues bien, de consumarse este despropósito, que se pretende, estaríamos acelerando el fin de la institución escolar, como instrumento universal, compensador y socializador… Aunque, quizá, es lo que se pretende, desde algunos poderes establecidos, burlando, una vez más, los principios constitucionales y los Derechos de la Infancia.
Una vez más quiero recordar la necesidad de un amplio Pacto por la Educación: En donde se analicen las renovadas funciones de la Educación Obligatoria. En donde se pongan las bases y compromisos para aumentar el gasto e inversión a niveles medios de la OCDE y de UE. En donde nos pongamos de acuerdo en su carácter integrador e incluyente. En donde la democracia participativa sea un objetivo prioritario. En donde nos pongamos de acuerdo en una renovada organización de los centros, del espacio y del tiempo escolar, así como de la formación y de la profesión docente.
El PP en materia educativa NO puede, ni debe, hacer una trágala. La Educación no universitaria requiere de un amplio acuerdo… Y eso es lo que debería de reconsiderar el Gobierno.