La iniciativa de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro está encontrando un amplio eco en los municipios navarros. De momento, ya son al menos 40 los ayuntamientos y concejos que han adoptado acuerdos comprometiéndose a defender sus bienes públicos.
El pasado 15 de diciembre se celebró en Burlata una histórica asamblea municipalista con asistencia de más de 160 cargos electos o corporativos de ayuntamientos y concejos de Nafarroa, en representación de 117 municipios. Hasta aquella fecha habían sido 30 los ayuntamientos y concejos que habían adoptado acuerdos plenarios mediante los que se comprometían a defender sus iglesias, ermitas, cementerios y otras propiedades públicas frente al afán privatizador de la Diócesis de Iruñea, que todavía no ha hecho público ningún documento que certifique que esos bienes son de su propiedad.
Desde entonces se han adherido al menos otros diez municipios a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, elevando a 40 el número de adhesiones. No obstante, todavía son muchos los ayuntamientos en los que este asunto no ha sido llevado a sesión plenaria. «En algunos sitios ha sido por desidia o por boicot de los alcaldes. Alguno de éstos -informa la Plataforma- ha llegado a presumir de la rapidez con que arrojó a la papelera la instancia».
Tal como se acordó en la asamblea de Burlata, el siguiente paso será llevar al Parlamento navarro una propuesta para que los diversos grupos se posicionen en torno a esta cuestión. La propuesta será acordada por una comisión integrada por los alcaldes de Uharte, Altsasu, Burlata, Etxauri, Garinoain, Irurtzun y Leitza, así como por concejales de Aranguren, Berriozar, Puiu, Xulapain y Arroitz.
Patronato y propiedad
Por su parte, el historiador Mikel Sorauren ha respondido al delegado diocesano para la conservación del patrimonio de la Diócesis de Iruñea, Javier Aizpún, quien justificó la apropiación de templos argumentando que «el ayuntamiento puede ser patrono de las iglesias, pero no significa que sea su propietario». En un escrito ampliamente documentado, Mikel Sorauren recuerda que corresponde a la Diócesis «presentar la prueba documental que acredite su pretendida propiedad», mientras que los ayuntamientos y concejos disponen de «pruebas abrumadoras» a su favor. «En la construcción y mantenimiento de parroquias, cementerios y demás aparecen siempre como los auténticos propietarios -constata-. No es de recibo que quien no ha pagado la propiedad se haga dueño de ella».
Prueba documental
«Corresponde a la Diócesis presentar prueba documental que acredite su pretendida propiedad. Los ayuntamientos y concejos disponen de pruebas abrumadoras a su favor».
