El ‘Concordato bis’ firmado el 3 de enero de 1979 señala: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”
La casilla de la Iglesia en el IRPF consolida su total dependencia de las arcas públicas
“Ha habido una dejación de funciones por parte del Estado a la hora de exigir ese compromiso. Es como si no estuviese escrito”, señala el profesor de Derecho Eclesiástico Alejandro Torres
En política las palabras nunca son del todo inocentes. En diplomacia, menos. Y si anda por medio el Estado Vaticano, hay que leer con lupa cada coma. Los Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede, una reforma –no una derogación– del Concordato de 1953, son una obra político-jurídica en que todo cuenta. Es relevante lo que se dice, y cómo se dice. Y lo que se omite, y cómo se omite. Sólo sobre esta premisa puede entenderse que 40 años después de dichos Acuerdos, firmados el 3 de enero de 1979, la Iglesia católica haya incumplido de forma flagrante su principal compromiso conforme a los mismos: autofinanciarse. Es decir, financiarse con cargo al dinero de sus fieles. Ni tal cosa ha ocurrido, ni hay visos de que ocurra. Al contrario, desde 1979 hasta hoy, y pese a la galopante secularización de la sociedad española, la Iglesia se ha amorrado a la fuente de recursos del Estado hasta quedar en una situación de completa dependencia de lo público. Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Navarra, que se cuenta entre los más exhaustivos conocedores de los entresijos de las relaciones entre Estado e Iglesia, ha sintetizado la cuestión con una frase con vocación de titular: la Iglesia “es el eterno adolescente de 40 años que nunca se va de casa”.
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