La Asociación de Ateos y Librepensadores de Madrid (Amal) han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirma la prohibición
La manifestación, solicitada también por la asociación vecinal La Playa de Lavapiés, y apoyada por el Grupo Voila y los anarquistas Albatros tenía previsto salir a las 20 horas por este barrio con el fin de "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado, exigiendo también que se devuelva a los ciudadanos la Mezquita de Córdoba".
Los promotores señalan en un comunicado que habían estudiado "con detenimiento" que dicha protesta no concurrir con ninguna procesión católica, de las varias que se celebran ese día por el centro de Madrid.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno argumenta que la movilización atea supone "una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro real para la integridad física de las personas o de bienes públicos o privados".
Amal califica de "variopintos" los argumentos desarrollados por el departamento que dirige Cristina Cifuentes y señala, sobre la posible alteración del orden público, que han demostrado en todas las ocasiones "su apuesta por el desarrollo pacífico de todas sus manifestaciones y el respeto a las creencias, centrando sus reivindicaciones en la crítica a las instituciones religiosas, por lo que es de achacar a los grupos fanáticos religiosos la potencial alteración del orden público".
"Entendemos que son las fuerzas de orden público, que tan eficazmente actúan en todas las ocasiones, las que deben controlar a esos colectivos fundamentalistas", ha indicado la organización de los ateos y librepensadores madrileños.
La Delegación también esgrime en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los lugares por los que pretenden marchar los convocantes son calles que "curiosamente presentan nombres relacionados con la simbología católica", discurren por zonas con muchas parroquias y el lugar de la celebración de la manifestación "constituye un enclave de alto valor patrimonial histórico-artístico".
Amal asegura que con dicha resolución cumplen su objetivo, "que no es otro que demostrar que en Semana Santa la Iglesia Católica es propietaria de todos los espacios públicos, incluida la calle". "España no es un Estado aconfesional, y los privilegios de la Iglesia Católica, defendidos a cal y canto por el Gobierno, incumplen los requisitos mínimos de un Estado democrático", añaden.
Por todo ello, recurrirán de nuevo el dictamen ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque auguran que "con un corta y pega le dará la razón a la Delegación del Gobierno; pero esta vez como un paso previo y obligado para recurrir ante el Tribunal Constitucional".
Los ateos madrileños intentan por cuarta vez consecutiva ´procesionar´ por la capital el Jueves Santo, algo que aún no han conseguido, ya que han sido prohibidas en varias ocasiones por la Delegación del Gobierno, una decisión avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El año pasado la ´marcha atea´ fue tumbada por llegar fuera de plazo, pero en 2012, que fue comunicada a tiempo, fue prohibida por el departamento estatal "por su evidente voluntad de provocación" a los católicos.
La resolución se basó, entre otros motivos, "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".
Tras ser recurrida ante la Justicia por los convocantes, el TSJM avaló dicha prohibición porque estimó que se ese día se debía dar preferencia a las manifestaciones religiosas y entendió que está debidamente justificada la restricción del derecho de expresión por ser proporcional la medida adoptada.
La Delegación del Gobierno también prohibió, con parecidos argumentos, dicha marcha en 2011, cuando estaba al frente del organismo la socialista Mercedes Carrión. El TSMJ también avaló dicha decisión. De hecho, ésta es de las pocas ocasiones que el Alto Tribunal madrileño da la razón al departamento estatal en materia de restricción del derecho de reunión.
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