Los socialistas se muestran dispuestos a pactar la nueva normativa con el PP, que ya ha incorporado ambas exigencias. Argumentan que con el anterior Ejecutivo había una coyuntura y una dirección del partido, y hoy en día hay otras.
Estaba llamado a convertirse en uno de los proyectos estrella del Gobierno socialista. La entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, anunció la "próxima presentación" de la Ley de Transparencia en el verano de 2010, pero se fue postergando y quedó enterrado definitivamente una vez que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero adelantó las elecciones en las que arrasó el PP de Mariano Rajoy. El PSOE, nada más comenzar la nueva legislatura y ya en la oposición, trató de mantener vivo el texto presentándolo como proposición de ley en diciembre de 2011 (ver PDF). Pero el PP lo tumbó con su mayoría absoluta en marzo de 2012.
Un año y medio después, los socialistas están más que dispuestos a pactar con el Gobierno una nueva Ley de Transparencia que, según han anunciado desde el Ejecutivo, irá incluso más allá de la planteada por el Ejecutivo de Zapatero. Sobre todo, porque la normativa incluirá a instituciones como la Casa Real, la Iglesia o el Banco de España. Ninguno de esos tres organismos estaban contemplado por el ámbito de aplicación subjetivo del borrador planteado hace más de dos años por el anterior Gabinete. Y eso que en los últimos meses, su inclusión ha constituído una de las principales exigencias del PSOE al equipo de Rajoy.
Según figura en la proposición de ley que presentaron los socialistas, la obligación de transparencia sólo afectaría al Gobierno, a los ejecutivos de las comunidades autónomas, a las administraciones, al Congreso y al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y a "las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas".
El PP calcó la propuesta socialista
Lo cierto es que, como recuerdan fuentes socialistas, el texto inicial que presentó el equipo de Rajoy (ver PDF) -que es el que se está tramitando ahora en el Congreso-, también se circunscribía únicamente a los mencionados ámbitos de aplicación. Pero tanto desde el Gobierno como desde el PP ya han anunciado que durante la negociación incluirán en el texto final tanto a la jefatura del Estado, como a la confesión católica y al Banco de España.
Las fuentes mencionadas insisten en que si el Ejecutivo ha dado su brazo a torcer es por la exigencia de los socialistas. "El PSOE fue el primero en pedir que se incluyera a la Casa Real, a la Iglesia, a los partidos políticos y a los sindicatos en la Ley de Transparencia", insisten. Pero no lo hizo en la proposición de ley que llevaron al Congreso en diciembre de 2011, ni tampoco durante el turno de defensa de la iniciativa, que recayó en la diputada catalana Meritxell Batet durante el Pleno del 13 de marzo del año siguiente en el que se rechazó de manera definitiva.
En busca del consenso
Desde el Grupo Parlamentario Socialista aseguran que su borrador "se hizo con la coyuntura del momento", y que sus exigencias de ahora tienen que ver con la "coyuntura actual". Insisten, también, en que "Zapatero era Zapatero y Rubalcaba es Rubalcaba", y recalcan que ahora hay "otra dirección" al frente del partido. Afirman, en todo caso, que las nuevas incorporaciones de la propuesta del PP tienen que ver con las exigencias del PSOE.
Además de la inclusión de la Iglesia y de la Casa Real, explican que el Gobierno ya ha aceptado su petición para que el organismo que se encargue del cumplimiento de la nueva ley sea independiente, tal y como confirmó ayer en el Congreso la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Por eso no han presentado una enmienda a la totalidad, como sí han hecho otros grupos y por eso se abstuvieron ayer durante el primer trámite parlamentario. El objetivo es, remachan, "avanzar con el compromiso de aprobar la ley con el mayor acuerdo posible".
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