El poder de la iglesia es tan escandaloso que ha llevado a organizaciones como Europa Laica a denunciar la «confesionalidad» del Estado y el trato de favor recibido por la iglesia por los diferentes gobiernos.
Hace tiempo que aprendimos la amarga lección de que las sociedades no avanzan siempre. Se producen frenazos y regresiones en los derechos humanos, en las mejoras sociales, en la convivencia, en el desarrollo del grado de civilidad. Hoy en España hay retrocesos en el orden económico y social con la aplicación de políticas de ajuste que conducen al país al desastre económico y social: empobrecimiento, paro masivo, precariedad, desahucios, pérdida de derechos sociales históricos.
En el terreno de las libertades lo estamos viviendo con un aumento de la represión y el endurecimiento de las leyes penales. Gallardón, que se está mostrando como un campeón del pensamiento reaccionario, ha elaborado un Código Penal que es “el más represivo de la historia de la democracia”, según denuncia Jueces para la Democracia. Por no hablar de su retrógrada reforma del aborto no apoyada ni por todos los suyos. No es el único. El ministro del de Interior se atreve a comparar con ETA a las mujeres que se ven obligadas a abortar, o afirma que el matrimonio entre personas del mismo sexo conduce al final de la especie. Burradas que demuestran el integrismo religioso de quien las dice, pero lo inquietante es el poder político de estos personajes.
El hilo conductor de las llamadas “leyes ideológicas”, como el aborto o la LOMCE, es la influencia en ellas de los obispos españoles y los sectores neointegristas. Tanto es así que la situación es un revival del nacional-catolicismo, como demuestra la estrecha relación entre la Iglesia y el Gobierno, y el peso que ésta tiene en los asuntos públicos y privados. Una parte importante de ese nacional-catolicismo es reafirmar el mito de que España es un país católico por naturaleza para justificar los enormes privilegios de la iglesia.
Pero la sociedad va por delante de las leyes. La lógica secularización de la sociedad española hace que, por ejemplo, los porcentajes de quienes reclaman una enseñanza confesional caigan año tras año. En los centros públicos, ya no son mayoría, ni en la ESO (40,6%), ni en el Bachillerato (25,6%); sólo ocurre en Primaria que, en el curso 2009-10, lo solicitaba un 68,6%. Esta tendencia seguirá a la baja. Para intentar frenar esta caída, veamos las concesiones que la LOMCE ha realizado a la jerarquía eclesiástica:
- Fortalecimiento de la Religión como asignatura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento por varias vías: obligando a una alternativa exigente, que disuada del abandono de religión; y contando como nota para hacer medias académicas y para acceder a becas, algo que no sucedía desde hace un cuarto de siglo. Es un disparate equiparar Religión, por ejemplo, a matemáticas cuando su enseñanza no está basada en conocimientos científicos. ¿Cuáles serían los criterios de evaluación para poner un alumno un 5 o un 8 en Religión?
- Supresión de Educación para la Ciudadanía. La derecha y el neointegrismo arremetieron contra ella con gran furia ideológica. Lanzaron una campaña de objeción poco seguida que llegó al Tribunal Supremo. Éste resolvió en 2009 que la objeción era ilegal ya que la formación democrática de los ciudadanos dentro del sistema educativo es constitucionalmente imperativa, sin que deba considerase monopolio de los padres y de las iglesias. Esta asignatura es similar a la que se imparte en otros países europeos, con el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos, con autonomía de juicios morales y comprometidos con su sociedad y su tiempo.
- Segregación por sexo en centros concertados que reciben fondos públicos, algo que promueven organizaciones ultraconservadoras. Tiende a mantener las desigualdades de género, ya que no obedece a razones pedagógicas, sino al diferente papel social que adjudican a hombres y a mujeres. En toda Europa, las escuelas públicas son mixtas, excepto algunas en Inglaterra e Irlanda. Y es una burla argumentar con un convenio de la UNESCO de 1960 que está muy por detrás de nuestra Constitución y pensado para asegurar la escolarización de las niñas en países que la niegan.
- Aumento de los conciertos y de las trasferencias de fondos públicos hacia la red privada-concertada, mayoritariamente católica. Un grave paso en esa dirección es que se suprime la garantía de ofertar plazas escolares públicas. No se le puede prohibir crear centros privados a ningún empresario, ni a ninguna familia llevar allí a sus hijos, pero nunca a costa del presupuesto público. El dinero público no debe financiar un sistema segregador. Los contribuyentes no pueden pagar una educación separada para los hijos de la clase alta, es algo paradójico: supone dar dinero a los que ya lo tienen.
En resumen, las familias tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero nada obliga a que dicho derecho deba garantizarse inserto en la educación formal, debiendo desarrollarse en el ámbito no formal, por pertenecer al ámbito privado de la familia.
Pero el poder de la iglesia es tan escandaloso que ha llevado a organizaciones como Europa Laica a denunciar la “confesionalidad” del Estado y el trato de favor recibido por la iglesia por los diferentes gobiernos. Prueba de los privilegios de la iglesia católica es que en 2011 recibió 11.337 millones de euros de forma directa o por bonificaciones y exenciones de impuestos. La mayor partida es precisamente para educación: 4.610 millones de euros para la financiación de centros concertados y destinados a los sueldos de profesores de religión. Ahora, el PSOE dice que con motivo de la LOMCE se va a replantear el Concordato de 1979, firmado a espaldas del Parlamento y sin el consenso constitucional. A ver si es verdad, porque ellos son también responsables de la situación: no denunciaron los acuerdos con el Vaticano cuando podían y ni siquiera lo tienen en el programa electoral.
Defendía Condorcet en 1792, que entre los principios de la educación pública debía de estar la laicidad del currículo y la separación de la escuela de la iglesia y de los poderes. Esas ideas ilustradas y revolucionarias se extendieron por toda Europa y aquí en España tuvieron dificultades por el conservadurismo político y religioso. Varios siglos después caminamos hacia atrás. Desgraciadamente, el asunto de la religión en general y de la religión en la escuela es una de las banderas que la iglesia y la derecha ha utilizado contra la modernización del país e, incluso, contra la democracia.
Marta Mata, pedagoga, y cristiana, hablaba muy claro sobre el laicismo: “laico es lo que corresponde al terreno de lo humano, no de lo divino”. Laicismo y democracia para ella eran sinónimos. La mezcla del poder temporal y divino se resquebrajó con la Ilustración y la Enciclopedia, y se hablaba de una sociedad regida por los Derechos de los Ciudadanos y basada en la Ciencia que ha logrado la Humanidad. Los dogmas, sean del tipo que sean, deben quedar fuera del ámbito escolar. La Escuela Laica no es antirreligiosa, simplemente defiende unos valores morales que puedan ser de todos y para todos. Que la religión esté dentro de las escuelas es un privilegio de la iglesia católica que no se menciona en la Constitución Española.
