Cheque escolar y PIN parental. Parecen nombres de productos financieros pero son las dos banderas de Vox en Educación. Por razones tácticas, los ultranacionalistas han renunciado a reformar las leyes LGTB en su pacto murciano. Sin embargo, además de mantener algunas trincheras ideológicas, como el rechazo a los inmigrantes menores no acompañados (MENA) o la “violencia intrafamiliar” en lugar de la de género, han trasladado su campo de batalla a la escuela.
“Pondremos en marcha el cheque escolar. Se comenzará por la edad de 0 a 3 años”, proclama la propuesta de Vox, aceptada por el PP y Ciudadanos para gobernar Murcia. El cheque escolar es un bono por un valor equivalente al coste medio de una plaza escolar en la enseñanza pública no universitaria (unos 5.500 euros por curso) que los padres entregarían en la escuela de su elección. Este sistema acaba con la diferencia entre colegios concertados y privados y, a largo plazo, busca la extinción de los públicos.
“El cheque escolar es la forma que tendrán los padres de elegir con libertad la educación de sus hijos, el trampolín social para garantizar la igualdad de oportunidades”, proclama la líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio. Aunque se trata de una igualdad relativa, pues el programa del partido admite que la enseñanza privada puede ser más cara y que las familias deberían “complementar con contribuciones personales, si el coste de la escuela elegida fuese más elevado que el cubierto por el bono”.
También el programa electoral del PP prevé un bono de 1.000 euros al año para las familias con hijos menores de tres años y su candidato a presidir la Región de Murcia, Fernando López Miras, detalló en campaña que el límite de ingresos para beneficiarse del mismo sería de 25.000 euros por miembro de la unidad familiar. Pero una cosa son las ayudas para las guarderias y otra la enseñanza obligatoria.
En educación primaria y secundaria, el PP propugna una reevaluación del coste de la enseñanza concertada, que a su juicio se encuentra infrafinanciada, y defiende la posibilidad de que los padres se desgraven algunos gastos de la enseñanza privada en el tramo autonómico del IRPF, pero no el cheque escolar. Al menos, hasta ahora.
Para Vox, la educación no es un servicio esencial que deba suministrar directamente el Estado, Basta con que lo garantice. “El papel del Estado ha de limitarse a regular servicios educativos y exigir el cumplimiento de unos estándares mínimos, ceñidos al conocimiento de los hechos y las ciencias positivas, dejando la enseñanza de la política, la religión u otros tópicos polémicos a la elección de los padres”, dice su programa.
El PIN parental es la llave en poder de las familias. Según la propuesta de Vox, los padres deberían dar su “consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales”. En el pacto final de Murcia se ha limitado este consentimiento a las “actividades escolares no regladas”, lo que ha servido a López Miras para asegurar que lo único que ha pedido Vox es que los padres deban autorizar “la asistencia o no de sus hijos a charlas o talleres”.
Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense e investigador en docencia, advierte de que el cheque escolar “puede acentuar la segregación y descomposición de un sistema educativo que debe ser coherente, sin abordar sus problemas reales”. A su juicio, “la enseñanza de proximidad” debe ser la norma; y la excepción, basarse en proyectos escolares “públicos y transparentes”. No rechaza el permiso familiar para actividades extraescolares, pero advierte de que debe existir un aprendizaje obligatorio en valores. “No basta con que sea una materia transversal, la lengua también lo es y eso no impide que se estudie como asignatura”, subraya.
El problema es que, tras la eliminación de Educación para la Ciudadanía por parte del Gobierno de Rajoy, no existe ninguna asignatura común a todos los alumnos, incluidos los que estudian religión, cuyo objetivo sea inculcarles valores como la igualdad, la tolerancia, el respeto a los principios democráticos o a los derechos humanos. En una región como Murcia, con casi 100.000 inmigrantes de origen marroquí, dejar a las familias el monopolio de la formación moral puede no ser el mejor modo de garantizar la integración de las nuevas generaciones.
