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Voto islámico: Eurabia se construye desde las urnas

Un partido islámico nacional que busca el voto inmigrante irrumpirá en las municipales de 2011 para, al menos, plantar la semilla. «Algún día uno de nosotros será alcalde… o ministro». Comunidades musulmanas ven con desconfianza la mezcla de religión y política
 
El caladero está formado por 1.300.000 musulmanes y cientos de miles de inmigrantes de otras confesiones religiosas que quizás vean con simpatía un proyecto que se define como «social» y «solidario». «No lo hacemos por el Islam, sino por nuestro país», se apresura a decir Mustafá Bakkach, promotor del Partido Renacimiento y Unión de España (Prune), primera formación islámica de vocación nacional cuyo debut está anunciado para las elecciones municipales de 2011. Granada —lugar de su fundación—, Oviedo, Málaga, Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla son las primeras estaciones del viaje de un partido que se inscribió el pasado 23 de julio en el Ministerio del Interior y que quiere «ser la voz de los marginados». Su puesta de largo oficial será en rueda de prensa en diciembre. En principio, su pretensión es plantar una semilla y que las generaciones futuras recojan los frutos. «Tal vez un hijo nuestro sea alcalde de una importante ciudad… o ministro de España. ¿Por qué no?». La construcción de Eurabia —concepto acuñado por la escritora judía Bat Ye'or, que augura una Europa en la que la cultura dominante ya no será occidental, sino islámica, con la inmigración jugando un papel esencial— podría tener sus sólidos cimientos en las urnas.
 
Bakkach, nacido en Marruecos y afincado en Granada desde hace 19 años, es periodista de profesión y colabora con medios de comunicación árabes y españoles. Con nacionalidad española desde 2001, se define como experto en comunicación y movimientos islámicos. Gran parte de su actividad ha sido en defensa de los derechos de los inmigrantes. Es vicepresidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), una potente organización que en los últimos tiempos ha sufrido tensiones internas entre los simpatizantes de Mohamed VI y los conversos, liderados por el español Félix Herrero. Se han impuesto los primeros, pero el fundador del Prune desmiente la conexión de su partido con la Feeri y, por extensión, con el régimen alauí. «No estamos vinculados con un estado extranjero. No somos marionetas de Marruecos, ni de nadie», señala. «Es cierto que partimos del Islam como fuente de regeneración, pero nuestro proyecto está abierto a todo el mundo, en especial a las minorías marginadas —sean de confesión musulmana o no— que no se sienten representadas por los partidos “tradicionales”, que sólo se acuerdan de ellas cuando hay elecciones. Nuestras políticas buscarán la justicia y la igualdad. Eso es algo por lo que pueden apostar inmigrantes de América Latina, por ejemplo. En Granada hay gente cristiana que nos apoya».
El voto de los no comunitarios
¿Serán los musulmanes agentes de un cambio en el paisaje sociopolítico de muchos ayuntamientos españoles… y quién sabe si algo más? Las cuentas para el Prune y partidos similares pueden cuadrar si cuaja la vieja aspiración socialista de dar derecho a voto a los ciudadanos no comunitarios. La iniciativa fue sugerida por Jesús Caldera, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas, a principios de la pasada legislatura, y se ha mencionado en varios foros del PSOE en los últimos meses. Se quiere promover que los inmigrantes que residan legalmente y de forma estable en España pueden participar en las municipales. Para ello, el partido en el Gobierno espera contar con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores impulsará convenios de reciprocidad, un asunto clave, ya que la Constitución sólo reconoce el derecho a voto —y exclusivamente en las elecciones municipales— a los extranjeros con cuyos países existe este acuerdo; es decir, aquellos en los que los españoles pueden votar en la elección de los alcaldes y, por ende, también ser elegidos. Ese requisito lo cumplen los socios comunitarios, además de Noruega.

El artículo 13.2 de la Carta Magna establece que «solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (votar), salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales». Este artículo es el único que ha sido sometido a revisión desde que la Constitución quedó promulgada en 1978. La reforma vino impuesta en 1992 por la nueva redacción que se dio al artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, propuesta derivada a su vez de la aprobación del Tratado de la UE, firmado en Maastricht. Esa nueva regulación prevé que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales tendrán derecho a ser electores y elegibles en las elecciones municipales. En la práctica, el artículo deja la puerta abierta a los no comunitarios para participar siempre que medie antes un acuerdo.

A falta de ajustes (¿cómo se define la «residencia estable»?), hay dos aspectos de la propuesta que suscitan polémica. Uno es el famoso acuerdo de reciprocidad, difícil de conseguir en algunos casos, prácticamente imposible en otros —por ejemplo, Marruecos—. El segundo aspecto tiene que ver con la suspicacia política: los grandes beneficiados serían los partidos de izquierda, por la obviedad de que se trata de una iniciativa auspiciada por ellos. Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha mostrado partidario de la misma, y las organizaciones de inmigrantes no creen que se trate de una maniobra de gran calado para alterar el reparto de poder local que existe en la actualidad.
La población marroquí en España asciende a 710.401 personas, según el avance del padrón municipal a 1 de enero de 2009. Es el segundo colectivo extranjero más importante en nuestro país, después del rumano (796.576). Fuentes de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) señalan que la reciprocidad es muy complicada. «A los problemas burocráticos hay que añadir un detalle importante: ni siquiera los que residimos aquí podemos votar en las elecciones de Marruecos. De todos modos, con acuerdo o sin él, habría que impulsar medidas para fomentar la participación política de los inmigrantes».
Política versus religión

El proyecto de Mustafá Bakkach cuenta con «cada vez más apoyo en la calle, porque nosotros no trabajamos en los despachos». Ha abierto ya una delegación en Oviedo, «no porque la Reconquista empezara en Asturias, sino por casualidad, porque el delegado, Manuel Bugeiro, un converso, es de allí». Simbología aparte, lo cierto es que el Prune despierta recelos en buena parte de la comunidad musulmana de España, ya que no cree que esté desvinculado de la religión. «No soy partidario, y me consta que tampoco los imanes de otras mezquitas», comenta Zacarías Maza (o Zakaria, en árabe), director de la mezquita de At-Taqwa, situada en el Albaicín granadino, un converso que se ganaba el sueldo como profesor en Córdoba y lo gastaba en viajes por Marruecos, Egipto, Oriente Próximo o el Sahara. Un día, con el impacto visual de la vida en el desierto, «la felicidad sin nada material», sintió la llamada. Y ahora no entiende la mezcla de la cosa pública con la espiritualidad. «Cualquier opción política es válida si es justa; nuestra relación con los sucesivos gobiernos que ha habido en España no ha variado sustancialmente. Sí veo bien que se reconozca a los inmigrantes el derecho al voto, porque por encima de todo son ciudadanos». Riay Tatary, presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) e imán de la mezquita Abu Bakr (nombre del primer califa después del Profeta), del barrio de Tetuán de Madrid, apuesta de momento por la prudencia. «Fundar un partido es constitucional, pero hasta que no lea su programa de medidas concretas no puedo opinar al respecto».

Isabel Romero se convirtió al Islam en 2002. Actualmente es directora del Instituto Halal, una entidad que gestiona una marca de garantía aplicada a productos y servicios que se ofertan al público de práctica islámica en la UE, y portavoz de la Junta Islámica de España, organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional que cumple veinte años de existencia. También está a la expectativa: «Si la iniciativa de Bakkach va a ser reivindicativa para favorecer a los inmigrantes nos parece bien; pero si su orientación es religiosa, la cosa cambia sustancialmente. El problema con la inmigración es que no hay un tratamiento específico por parte de los políticos. A las plataformas les cuesta llegar a los partidos, que parece que los ven como ciudadanos de segunda. De todos modos no está claro que el voto musulmán esté vinculado a las creencias religiosas; de hecho, hay musulmanes en el PP y el PSOE».
Un panorama complejo
Amin Azmani profesa la religión de Mahoma desde la cuna, aunque confiesa que en su familia hay mestizaje religioso. Sus rezos y creencias quedan en un ámbito estrictamente personal. Diputado del grupo socialista en la Asamblea de Melilla, opina que «cuando uno entra en política no debe ser por cuestiones religiosas, porque esa actitud genera división, sino por una serie de ideales sociales. Aunque a veces unas y otras entren en conflicto». Amin defiende el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo. «Es un error crear una organización política encaminada a una confesión. Me gustaría saber qué piensa el Prune de los problemas que aquejan a nuestro país».
Mustafá Bakkach y sus colaboradores, que se quejan de los «contratos basura» que se ofrecen a los inmigrantes y de que «el moro esté siempre bajo sospecha», preparan las respuestas a esas preguntas. Con todo, nos encontramos ante un panorama complejo, donde la religión no siempre se convierte en nexo de unión. En un artículo publicado en el número 124 de la revista Política Exterior el diplomático Juan José Escobar Stemmann analiza el activismo islámico en España. Por un lado, está la rivalidad entre las principales federaciones, la Feeri que lideró el converso español Mansur Escudero hasta 2002, y la Ucide de Riay Tatary. Ambas se integraron en 1992 en la Comisión Islámica de España, interlocutor de la comunidad musulmana ante la Administración. Sin embargo, la Comisión no ha podido aglutinar a muchas asociaciones islámicas que van por libre, y sus rencillas internas la han debilitado. Por otro, la creciente presencia de inmigrantes marroquíes en España ha provocado que el principal movimiento islamista del reino alauí, Justicia y Espiritualidad, adquiera relevancia en nuestro país «aprovechándose de que un buen número de comunidades de origen marroquí han quedado fuera del proceso de institucionalización del Islam en España», escribe Escobar Stemmann. «No reconoce la legitimidad religiosa de la monarquía marroquí y no oculta su objetivo de modificar la naturaleza del Estado a través de la acción política». Por lo que se ve, en el tablero de la «hipótesis Eurabia» se juegan varias partidas de forma simultánea.
Las trabas de la Constitución marroquí
Las condiciones que exigen las constituciones de España y Marruecos hacen casi inviable que, al menos a corto plazo, vaya a salir adelante un acuerdo para que la comunidad marroquí residente en España vote en las elecciones municipales. Desde luego, eso no ocurrirá en 2011. Rabat no tiene ningún acuerdo similar, ni firmado ni en proyecto, con otra nación. Ni siquiera con la histórica potencia colonial del norte de África, Francia, donde se concentra el mayor número de marroquíes fuera de sus fronteras.

La Carta Magna española de 1978 deja la puerta abierta a que los extranjeros de determinados países ejerzan su derecho a voto, pero siempre que haya reciprocidad por parte de ese otro país, que debe abrir sus urnas a los españoles allí residentes. Para que esta reciprocidad fuera factible, Marruecos debería llevar a cabo un cambio en su Constitución, que en su actual configuración impide participar en los comicios a los ciudadanos extranjeros, ya sea como candidatos o como electores.

«Si debe haber un cambio constitucional en Marruecos es necesario un referéndum. Y esto complica mucho las cosas», explica Mohamed Khachani, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Mohamed V de Rabat. Khachani estima que la apertura de la puerta a la posibilidad del voto de los marroquíes obedece en España a una recomendación del Parlamento Europeo y recuerda que los extranjeros ya votan en países como Irlanda, Bélgica –con nutrida presencia marroquí—, Holanda o Dinamarca.

La comunidad española asentada en el reino alauí no supera las 5.000 personas frente a los algo más de 700.000 marroquíes con residencia legal en España. Esto hace que la posibilidad de votar despierte mucho más interés entre los expatriados del país magrebí.

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