En este país la enseñanza caminaba renqueante, a base de parches, cuando el PSOE, tras ganar las elecciones generales por mayoría absoluta en 1982, cometió, a mi parecer, la mayor equivocación de su historia en materia educativa: quiso corregir el torcido rumbo de esa enseñanza tardofranquista y sus tecnócratas se sacaron de la manga la dichosa LOGSE. Puesto que, en un momento dado, el Gobierno se encontró con que había más alumnos que plazas en los centros públicos para acogerlos, tuvo la desventurada ocurrencia de pedir ayuda a un tipo de establecimientos educativos que no estaban preparados para modernizar los métodos de aprendizaje que las generaciones emergentes ya pedían a gritos.
Y la consecuencia desastrosa de tal elección fue llevar a cabo, un tanto alegremente, los (des)conciertos educativos con los numerosos colegios privados, que vieron abierta la veda para lanzar una dentellada sin precedentes. Fue ésta, creo, una decisión bienintencionada que hizo un daño irreparable a la enseñanza laica, que es, a mi juicio, la única viable y que debiera permitirse un país como el nuestro que no tiene por qué comulgar con las ruedas de molino de una formación tergiversadora como la que se imparte desde las distintas órdenes religiosas y delegaciones opusdeístas.
De aquella necesidad que asaltó a las autoridades ministeriales -esto es: conseguir, como fuera, sitio para que todos los hijos de españoles y nacionalizados tuvieran acceso gratuito a una enseñanza de mínimos- hemos pasado a un monumental chantaje. El Estado solicitó auxilio a los centros de pago y éstos se aprovecharon de lo lindo para sucursalizar vaticanamente la educación y, al mismo tiempo, vaciar una saca que no les correspondía pero a la que muy pronto le cogieron un gusto tremendo: la del erario público. Y es que, como uno lo ve, los Presupuestos Generales para Educación no debieran desviarse a iniciativas ajenas a lo público, porque aquí de lo que estamos hablando es de impulsar el progreso en el acceso al conocimiento y de favorecer por todos los medios la igualdad del alumnado ante las oportunidades que brindan los tiempos democráticos. Y eso sólo lo puede garantizar un Estado laico.
Cada vez que surge la noticia de que van a suprimirse en la enseñanza privada aulas pagadas por el Estado, ya que no son imprescindibles -porque esas plazas que antes escaseaban ya existen en los centros públicos debido al descenso de la natalidad o al aumento de espacio en los mismos-, en seguida se escandalizan los heraldos de la concertada. En sus «panfletos reivindicativos» hacen entonces apología de las excelencias de lo privado frente a lo público, que es lo mismo que apostar por un dirigismo pedagógico que se enfunda en axiomas sin base científica, perfectamente rebatibles, como esa bobada de que donde verdaderamente reside la calidad de la enseñanza es, ¡faltaría más!, en las empresas que ellos rigen. Y como lo prioritario, cuando se trata de velar por la formación de nuestros hijos, es que puedan sacar el máximo provecho de ella, resulta que aquel (des)concierto que se planteó como una solución provisional ha pasado a ser entendido, entre los centros de pago que se vieron beneficiados por esa urgencia estatal, como una especie de «derecho de conquista» o «derecho adquirido», si bien casi nadie acierte hoy a explicarnos cuándo, dónde, por qué o quién los ungió con esa celestial prebenda.
Ahora nos percatamos de que el Estado les ofreció la mano y los concertados le cogieron no sólo el brazo, sino las cuatro extremidades. Se dio cuerda a una clase de enseñanza que estaba moribunda, sin clientela, y que renació de su propia caducidad gracias a los dineros públicos. Ésta, lejos de estarle agradecida a la Administración, se ha puesto «gallita» y poco menos que le viene reclamando la vida a ese Estado no confesional que la salvó de la ruina.
Por si todo esto fuera poco, que no lo es, estas empresas «familiares» dedicadas a la educación previo pago han hecho un «magnífico» proselitismo, pues ha calado en los últimos años entre la población la idea de que los muchachos salen mejor preparados para la vida universitaria y laboral si reciben los cimientos de su instrucción en los colegios privados/concertados y no en los públicos, en los que se concentran, al decir de estos paladines de lo privado, los mayores defectos: desatención del alumnado, profesores desmotivados, aglomeración en las aulas y otras lindezas por el estilo, que pueden advertirse, por el contrario, en más de un colegio privado. Además, la guinda de esa desmesura suele ser la «alta capacitación», según estos mensajeros, del profesorado de la privada. Aclarémonos: como todo el mundo sabe, los maestros y profesores de las escuelas e institutos públicos salen de unas oposiciones de las que habría mucho que hablar, pero que, al fin y al cabo, son concurso-oposición donde, en principio, no hay privilegiados; mientras que los «profesionales» de la privada acceden a ella por conductos tan modernos y cristianos como la «digitalización», pues se suelen contratar -escucho- ex alumnos o recomendados del lugar, ignoro si al margen de su aptitud, que, como es lógico, no entro aquí a valorar. Aunque estas prácticas me parezcan ¿respetables?, lo que me aterra es que tales «lujos» los esté pagando el Estado, es decir, que a los pocos partidarios de la enseñanza religiosa los estemos subvencionando aquellos que pensamos que el lugar de la religión y lo religioso es cualquier otro menos el adoctrinamiento en la escuela. Quienes prefieran una formación católica a otra laica que la sufraguen de su propio bolsillo y que dejen de meter la mano en el de los demás. Ése no es su platillo.
Los dineros de la Consejería/Ministerio de Educación (que son los de todos nosotros) deben regresar cuanto antes a las escuelas públicas, para que sus dotaciones, tanto de personal como de materiales, mejoren cuantitativa y cualitativamente, y, de esa forma, recuperen el honroso puesto que, interesada y ladinamente, otros les han estado hurtando.
