El pasado 6 de octubre, Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, confirmó que el papa Francisco, líder máximo de la Iglesia católica, visitará México en los primeros meses del año 2016. Este domingo, la Iglesia católica en nuestro país dio los primeros detalles sobre la posible agenda del papa en su viaje a tierras mexicanas.
El anuncio de la visita papal a México se da mientras que en la sede papal se está realizando el Sínodo de la Familia, evento al que asisten unos 400 cardenales y obispos de todo el mundo para discutir, hasta el 25 del presente mes, diversos temas relacionados con la familia.
Las reacciones de la clase política mexicana por la visita papal son altamente preocupantes y ponen de nuevo en la mesa del debate el tema del Estado laico, ese instrumento jurídico-político que está al servicio de las libertades de una sociedad que, como la nuestra, es plural y diversa.
Mencionaré algunos ejemplos de estas reacciones que, en mi opinión, constituyen un lamentable atentado contra el Estado laico: la senadora Gabriela Cuevas Barrón (del PAN, claro está) informó que el pasado jueves presentaría “una propuesta para que el Senado exhorte al Ejecutivo para que a través del Senado se invite al papa Francisco a una sesión solemne” (El Universal, 7 de octubre de 2015). Otro legislador blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks, declaró a El Universal sobre la posible asistencia de Jorge Mario Bergoglio al Congreso de la Unión en su inminente visita a México: “Nos da mucho gusto la visita del papa Francisco a nuestro país el próximo año, sería un honor que nos acompañara en una sesión solemne de Congreso General en su carácter de Jefe del Estado Vaticano”.
Las anteriores reacciones se dan en la vigencia de un Estado laico, creado por Benito Juárez y los hombres de su generación para que las autoridades gobiernen imparcialmente, es decir, sin favorecer en ningún sentido a la Iglesia a la que pertenecen o a la religión que profesa la mayoría de la población.
Las intenciones de los políticos del PAN y de otros partidos políticos nos llevan a preguntarnos: ¿qué tiene que hacer el jefe de la Iglesia católica en una institución genuinamente laica, como es el Congreso de la Unión? Invitar al papa a una sesión solemne es violentar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en las que se establecen el principio histórico de separación del Estado y las Iglesias, así como de la igualdad jurídica de las asociaciones religiosas.
Con su actitud convenenciera, o abiertamente confesional, los políticos que gestionan la asistencia del papa al Congreso de la Unión –una institución que en los últimos años se ha caracterizado por su lamentable opacidad– están favoreciendo a la Iglesia numéricamente mayoritaria, al tiempo de cometer un lamentable acto de discriminación en agravio de los demás grupos religiosos.
Y lo digo porque el proceder de las y los legisladores de México no ha sido el mismo cuando han viajado a nuestro país líderes religiosos de otras confesiones. Si el Poder Legislativo invita al papa Francisco, tendría que hacer lo mismo con los líderes de otras religiones; si no, es evidente que estamos ante un caso de favoritismo hacia una determinada religión, lo que constituye un trato desigual y altamente discriminatorio hacia las demás iglesias.
Lo peor del caso es que el coordinador del Partido de la Revolución Democrática en el Senado, Miguel Barbosa Huerta salió a declarar, faltando a la verdad, que la presencia del Papa Francisco en el Congreso no afectaría la fortaleza del Estado laico en nuestro país. Y más grave aún, que este legislador se haya puesto a invitar al Congreso de la Unión, como al resto del pueblo de México a “prepararse” para la visita del pontífice romano.
¿Ignora acaso Barbosa que México dejó de ser, desde hace más de 150 años, el país uniformemente católico que fue en la vigencia del Estado confesional? Si lo desconoce hay que hoy por hoy México es un país religiosamente plural. Así lo prueban las 8,314 asociaciones religiosas registradas ante la Secretaría de Gobernación, una instancia que tiene el deber de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”. Hasta ahora no lo ha hecho, pero nuestro deber es seguir insistiendo para que aplique la ley y sancione los diversos atropellos al Estado laico, la mayoría de los cuales han quedado impunes.
