Las 3.000 páginas del listado de inscripciones eclesiásticas muestran un variopinto patrimonio con campos, trasteros, bares y frontones.
El listado conocido este martes de las 35.000 inscripciones de bienes que ha realizado la Iglesia entre 1998 y 2015 ocupa más de 3.000 páginas, que ya puede ser consultado para posibles reclamaciones. En ese periodo, gracias a una ley del Gobierno de José María Aznar, los obispos pudieron inmatricular propiedades con una mera certificación eclesiástica. Se desconocía el alcance de la operación, que ahora sale a la luz con un informe enviado al Congreso por el Gobierno.
La Iglesia inmatriculó en España un total de 34.961 fincas entre 1998 y 2015. Son 20.014 templos o dependencias complementarias y 14.947, fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etcétera)”, según el informe. La cifra clave en el centro de la polémica son los 30.335 bienes que han sido registrados con una certificación eclesiástica (4.583 se inscribieron en base “a un título distinto”). Las diócesis han explicado, en línea con la Conferencia Episcopal, que no desean lo que no es suyo y escucharán las demandas que lleguen. Puede sorprender la variedad de propiedades, de viñedos y cultivos a pisos y garajes, pero en algunos casos también se deben a herencias.
El número de inmatriculaciones realizadas por la Iglesia cambia sustancialmente en función de la comunidad. La autonomía que más registra es Castilla y León (8.706 con certificación eclesiástica), seguida de Galicia (6.210) y Cataluña (3.650).
Esta es una radiografía de lo que emerge en cada comunidad autónoma. [Consulte el listado de todas las propiedades inmatriculadas por la Iglesia].
ANDALUCÍA. Esta es la primera vez que se conoce la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Andalucía ya que la abstención del PSOE en el Parlamento andaluz propició que no tuvieran que hacerse públicos en su momento. “No porque las iglesias sean católicas pertenecen necesariamente a la Iglesia. Es necesario un título que lo acredite”, explica Antonio Manuel Rodríguez, coordinador de Andalucía Laica. Los responsables de esta organización tanto en Sevilla como en Granada, Jaime Pérez y Manuel Navarro, respectivamente, alertan de que hay bienes inmatriculados que no aparecen en el listado. El caso más llamativo es el de la catedral de Granada, que se registró el 22 de junio de 2015, pero que no aparece en la relación de bienes remitida por el Gobierno al Parlamento. Al igual que la Iglesia de Santa Ana, apunta Navarro, que también llama la atención sobre la ausencia de templos inscritos en localidades como Almuñécar, Armilla, Atarfe, Alhama. El resto de las nueve catedrales andaluzas (las de las otras siete capitales de provincia y las de Jerez (Cádiz) y Baeza (Jaén), sí aparecen en el documento. El caso más famoso es el de la mezquita de Córdoba. Esta provincia, con 399 bienes, es la que tiene más bienes inscritos, solo siete de ellos con un título distinto a la mera certificación eclesiástica, le sigue Almería, con 349; Sevilla, con 295; Jaén con 283; Málaga con 263; Granada con 244, Huelva con 226 y Cádiz con 51.
La mayoría de los bienes inscritos son de naturaleza eclesiástica, pero también destacan fincas rústicas, terrenos de olivares, solares, viviendas o locales. En el caso del municipio onubense de Villarrasa (2.150 habitantes) la diócesis de Huelva es propietaria de 10 terrenos (cinco parcelas y cinco tierras de labor); en El Arahal, en Sevilla, la diócesis de Sevilla tiene 22 propiedades inscritas con finca rústica; en Enix, un pueblo almeriense de 400 habitantes, el Obispado de Almería tienen cuatro fincas de secano y de regadío en el registro, aunque en este caso, y a diferencia de los otros casos con un título distinto al de la mera certificación eclesiástica. En Torreperegil (Jaén), la Iglesia tiene registrado un quiñón (parcela repartida en usufructo entre los vecinos). Destaca también el ramillete de solares y viviendas en la capital malagueña que posee el Obispado de Málaga, donde cuenta igualmente con una docena de aparcamientos.
ARAGÓN. El listado de bienes de la Iglesia incluye 2.054 propiedades en Aragón. La mayoría, en Huesca. Lo que más sorprende es que ninguno se halla en Zaragoza capital y sus alrededores. “El arzobispo Elías Yanes, que en los 90 presidió la Conferencia Episcopal, inmatriculó todos los bienes antes de 1998, por lo que han quedado excluidos del listado. Ni el Pilar, ni la Seo ni ningún otro aparece. Zaragoza capital, que alberga el 70% de la población aragonesa, tiene cero bienes en el listado”, explica Jorge García, portavoz en Zaragoza de Movimiento hacia un Estado Laico. Esta asociación logró un hito en 2017 al impulsar que una iglesia en la capital aragonesa, la de San Juan de los Panetes, volviera al poder de la Administración General del Estado. Este templo situado a orillas del Ebro es un bien de interés cultural y pasó a propiedad estatal en 2019 tras un proceso judicial que partió de una solicitud por parte del Ayuntamiento (entonces en manos de Zaragoza en Común). Los jueces acreditaron que su inmatriculación había sido irregular ya que en el registro de la propiedad constaba que el legítimo dueño era el Ministerio de Cultura. “Estamos estudiando la lista de los bienes en Aragón pero solo las personas físicas o jurídicas pueden litigar, con lo que asociaciones como la nuestra quedan fuera de las reclamaciones. Por experiencias previas sabemos que el proceso judicial es lentísimo y costosísimo”, apunta García.
ASTURIAS. José María Rossel, de Asturias Laica, cree escaso el paso dado por el Gobierno: “No parece haber voluntad de indagar”. Sostiene que el listado, que recoge 517 bienes en el Principado, “es un poco tomadura de pelo y no permite identificar los bienes, es una trampa”. Rossel señala casos habituales en el pasado, como las casas rectorales de los pueblos, que construían los Ayuntamientos con fondos de los vecinos “y se cedían al cura”. Cuando este se iba, afirma, la Iglesia incluso vendía la vivienda y sacaba beneficios, algo inaudito en las sedes judiciales o las casas de los maestros. Un episodio “vergonzoso” lo protagoniza el prerrománico asturiano, no siempre utilizado con fines religiosos, como en Santa María del Naranco (Oviedo): “Fue construido por reyes asturianos para el pueblo asturiano”.
BALEARES. En Baleares la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia era conocida desde 2017 después de que el Gobierno regional recabara los datos a partir de los Registros de la Propiedad de las distintas islas y los entregara al Parlamento autonómico a petición de los grupos de Podemos y Més en la cámara. Ascendían a 237, que se quedan en 224 en el listado hecho público por el Gobierno central. Entre los más relevantes destacan la catedral de Palma, la de Ibiza, la de Ciutadella y el palacio episcopal del obispado de Mallorca. Además de las iglesias, ermitas, conventos y rectorías también figura un apartamento en la costa de Bahía Azul, dos viviendas en la céntrica zona de Sa Calatrava de Palma y un solar sin edificar de 600 metros cuadrados en el barrio de Son Gotleu de la capital balear.
CANARIAS. En Canarias, el listado incluye alguno de los templos más importantes de las islas como la Catedral de Santa Ana, la Iglesia de Santo Domingo o la Iglesia de Arucas en Gran Canaria; o la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz de Tenerife. Además, hay 174 activos que no son templos o dependencias, como garajes, viviendas unifamiliares, terrenos rústicos y parcelas.
CANTABRIA. El listado de propiedades en la región cuenta con construcciones representativas de Cantabria como la Iglesia de Santa María de Castro Urdiales, la de Santa María de Santoña o las estelas de Barrios, en Los Corrales de Buelna, iconos culturales del siglo IV antes de Cristo.
CASTILLA-LA MANCHA. Además de iglesias y templos, en esta región llaman la atención numerosas fincas y parcelas rústicas, huertas y campos de regadío y secano. También vertederos y cementerios. En Tomelloso, Ciudad Real, la Iglesia posee seis viñedos, uno de ellos a nombre del “Obispado Priorato de las cuatro órdenes militares”. En Beteta, Cuenca, ha inscrito un “pinar maderable”. En la misma provincia, en Valparaíso de Arriba, hay una notoria acumulación de campos agrarios y pastos, un total de 49, y en Castillo de Garcimuñoz, la Iglesia tiene nada menos que un castillo: “Solar que agrupa a la iglesia y restos del castillo”. En Fuentenovilla, Guadalajara, se han inscrito varias parcelas de polígono. En cuanto a las ciudades, en Cuenca destaca un garaje de 48 plazas.
CASTILLA Y LEÓN. En la región con más bienes inmatriculados, 8.706 es donde partió el conflicto más sonado con una inscripción de la Iglesia. Fue por una ermita en Ribas de Campos (Palencia, 140 habitantes), ubicada en el terreno de una empresa y que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Condenó al Estado español en 2016 a indemnizar con 615.000 euros a la empresa, Sociedad Anónima del Ucieza. Carmen López, de la asociación integrada en la coordinadora Recuperando, critica que “todos los españoles tuvimos que pagar”.
La Iglesia se apropió también de la catedral de Valladolid, inconclusa porque el arquitecto Juan de Herrera recibió el encargo de El Escorial. López también apunta que la Iglesia aprovechó para cerrar una parte de la contigua plaza de la Universidad, donde antes había unos cipreses por donde se podía pasear. “Se hicieron dueños de la calle, es el colmo de los colmos”, acusa. Su plataforma también consultó, hace dos años, al registrador de la propiedad de Zamora para recabar información sobre la catedral. Se la denegó, pero el listado actual ha confirmado sus sospechas de que estaba inscrita. “Hubo una avalancha de inscripciones y no dejaron nada fuera”, aprecia López. Para ella, es difícil que ahora lluevan las solicitudes ante el oscurantismo referido a los bienes inmatriculados: “Malamente se puede reclamar aquello que se desconoce”.
CATALUÑA. La Generalitat, en julio del año pasado, ya había presentado su propio informe de inmatriculaciones y de hecho creó una oficina para mediar en posibles pleitos entre la Iglesia y particulares que alegaran la propiedad. Las cifras, sin embargo, no concuerdan con las dadas a conocer hoy por el Gobierno. Habla de un total de 3.650 inmuebles registrados mediante certificación eclesiástica, mientras que el Ejecutivo catalán (que usó los datos de los registros de la propiedad en Cataluña) contabiliza un total de 3.722 inmuebles. Una diferencia de 72 casos.
Según el mapa interactivo habilitado por el Gobierno catalán, 1.855 de las inscripciones se corresponden con lugares de culto; 1.518 son terrenos o prados y 349 son edificios civiles. Las cuentas del informe del Gobierno central son distintas. Un total de 2.134 se ubican bajo la categoría de templos y dependencias complementarias como casas parroquiales. El resto, son fincas rústicas o solares. Un portavoz de la Generalitat explicó que están analizando cuáles pueden ser las diferencias y que, de momento, hay tres casos de litigio que están siendo atendidos por los encargados de la mediación.
COMUNIDAD VALENCIANA. En la Comunidad Valenciana se registran un total de 912 inmatriculaciones: 726 se refieren a templos, ermitas o dependencias complementarias y 186 figuran como otros destinos: fincas rústicas e industriales, solares, viviendas, edificios o locales de uso comercial. Con certificación eclesiástica se registran 789 y otras 123 con un título distinto. De modo que junto a la Catedral Basílica Metropolitana de Valencia, la Iglesia de Santa Catalina, San Juan del Hospital o los Santos Juanes, aparecen garajes pisos o institutos.
Uno de los inmuebles inmatriculados que sigue generando polémica en la Comunidad Valenciana es el campanario de Benicarló. Fue registrado a mediados de la pasada década como parte del conjunto arquitectónico por el obispado de Tortosa, a la que pertenece la diócesis de la población de Castellón, y sin embargo, “el Ayuntamiento ha pagado la luz, el mantenimiento y el seguro del reloj del campanario que siempre ha sido del pueblo según consta en un inventario de 1910”, según explica la alcaldesa, la socialista Xaro Miralles, en declaraciones a À Punt. El Consistorio ha llevado a los juzgados el litigio por la propiedad. El juicio está previsto para el 24 de febrero.
En Xàbia se creó una plataforma ciudadana en contra de la inmatriculación de la Iglesia de Sant Bartomeu del siglo XIV y para pedir acciones legales para recuperar lo que consideran patrimonio del pueblo. El Ayuntamiento las emprendió pero el juez sentenció que el monumento nacional no era de ninguno hasta que el arzobispado de Valencia la registró. Las conversaciones entre el Ayuntamiento y la Iglesia continúan mientras la espléndida iglesia gótica fortificada precisa de fondos para su restauración.
“Sin una copia simple del Registro de la Propiedad no se puede saber cuánto terreno pertenece a una ermita o a una parroquia, por ejemplo, que han sido inmatriculadas”, señala Asun Villaverde, representante de la coordinadora Recuperando en la Comunidad Valenciana. “Es imposible deducir en qué consisten y en qué se emplean realmente inmatriculaciones como los numerosos solares que hay, un piso alto y un granero, parcelas rústicas, un campo con tierra de secano o un local de planta baja con actividad secundaria de culto en Alzira”, añade. Villaverde, miembro de Europa Laica, incide en que no se especifica a qué se dedican distintos inmuebles de las organizaciones de la Iglesia, que están exentas de pagar IBI y otros impuestos, lo que considera una “competencia desleal” con privadas que desempeñan distintas labores. No viene listado, a qué están dedicados estos locales, local de planta baja, actividades de culto.
El Ayuntamiento de Valencia, presidido por Joan Ribó (Compromís) ha pedido un informe para estudiar el patrimonio inmatriculado en al ciudad. La mayoría son edificios religiosos, pero también hay viviendas, almacenes y dependencias complementarias. Ribó ha anunciado que no descarta iniciar los procesos legales correspondientes para recuperar estos bienes si alguno pudiera ser de carácter municipal. También la Generalitat lo estudiará.
EXTREMADURA. En las tres diócesis extremeñas, la de Coria-Cáceres, la de Plasencia y la archidiócesis de Mérida-Badajoz, aparecen 982 registros, y solo consta su tipología en 79. El listado va desde las catedrales de Coria, Plasencia y la concatedral de Cáceres hasta decenas de fincas rústicas y terrenos de labor. Reflejan en algunos casos la presencia de un gran poder inmobiliario en determinadas localidades. Por ejemplo, en el pueblo pacense de Valencia del Ventoso (de casi 2.000 habitantes y perteneciente a la Orden de Santiago), la archidiócesis de Mérida-Badajoz posee 10 viviendas en la calle Caridad. A lo que le suma la casa parroquial, la finca de labranza El Tocón y dos templos. En algunas de estas localidades los templos inmatriculados son un referente histórico-artístico, como en Azuaga (con casi 8.000 habitantes) donde el arzobispado de Mérida y Badajoz cuenta en el listado con ocho propiedades eclesiásticas, entre las que se encuentra la Iglesia de la Merced, la Ermita de San Blas (con restos mudéjares) o el Cristo del Humilladero, escultura barroca de Francisco de Ocampo y Felguera de gran valor.
GALICIA. Entre 1990 y 1996, los vecinos de San Xurxo de Sacos (Cotobade, Pontevedra), sostuvieron un litigio contra la Iglesia por la propiedad de un robledal donde celebraban sus fiestas, además de otros terrenos adyacentes. Se enfrentaron primero al párroco Manuel Lorenzo y acabaron ganándole el pulso en los tribunales al poderoso Arzobispado de Santiago, después de descubrir que había inscrito a su nombre la Carballeira de San Xusto y el monte Lixó, un “espacio comunal de paz y libertad”, como lo definía el pueblo. “Aquella fue una sentencia histórica”, valora ahora el diputado del Bloque Nacionalista Galego Luís Bará, que desde hace años pide la revisión de los casos en los que se sospeche que la Iglesia Católica en Galicia, tanto antes como después de Aznar, se haya apropiado de bienes ajenos. Su grupo parlamentario lo intentó en 2019 sin éxito, por la negativa del PP y la abstención del PSdeG, y ahora planea volver a presentar su moción. Además de reclamar al Gobierno central que hiciese pública la lista de inmatriculaciones que ahora ha salido a la luz, el BNG pedía retrotraerse al franquismo. Reclamaba, además, que desde la Xunta se rastreasen las vías legales para recuperar todo tipo de propiedades de las que la Iglesia no pudiese acreditar su titularidad y proponía la creación de una oficina de información y asesoramiento para las entidades vecinales que reclamasen esos bienes.
“Ahora toca dar la batalla, estudiar minuciosamente esa lista y que el Gobierno ponga en marcha los mecanismos para revertir esa situación”, avisa. Después de años tras la pista de las inmatriculaciones, al parlamentario responsable de Memoria Histórica lo que más le llama la atención del listado dado a conocer es que “el 20% de los bienes de la Iglesia estén en Galicia” además de la “enorme desproporción entre templos y otro tipo de bienes” que se da en la comunidad, a la inversa que en la media de España, donde pesan más los lugares de culto. “Es muy probable que en Galicia haya muchos casos como el de la Carballeira de San Xusto, y ahora toca trabajar en ellos”, dice. “Otra cuestión importante es la de los camposantos, un negocio inmobiliario de la muerte en manos de la Iglesia”, porque hay más cementerios parroquiales que municipales.
Según el informe de las inmatriculaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2015, las diócesis con jurisdicción en Galicia (Santiago, Tui-Vigo, Mondoñedo-Ferrol, Ourense y Astorga) suman un total de 7.138 bienes registrados, de los que solo 2.747 son templos y dependencias complementarias. La Iglesia gallega suma un sinfín de tierras en un paisaje marcadamente minifundista con más de 31.000 entidades de población, casi la mitad de los pueblos y aldeas de toda España. Dentro de esta dispersión poblacional son anecdóticos los municipios en los que la Iglesia cuenta con título distinto que la certificación eclesiástica para sus propiedades. En total, solo 921 bienes lo tienen, frente a 6.210 que no lo poseen. La única diócesis que presenta un certificado distinto al de la propia Iglesia en sus inmatriculaciones es la de Mondoñedo-Ferrol, correspondiente a la provincia eclesiástica que abarca municipios del norte de Lugo y A Coruña. Además de esta diócesis, solo poseen título de propiedad ajeno al eclesial los bienes localizados en unos pocos municipios, como es por ejemplo el caso de Vigo, Vilaboa, Marín, Poio, Allariz, Boiro o Noia.
LA RIOJA. Los bienes inmatriculados ascienden a 266, de los que la mitad, 130, son templos o dependencias. Los bienes van desde trasteros en Cornago, colegios como el de Alfaro, el cementerio de Autol o el templo parroquial de Santo Tomas. En la capital riojana solo están registrados la ermita del Cristo del Humilladero, un solar con uso de frontón y una finca rústica. Pero si hay un pueblo que destaca por el número de inmatriculaciones es Ezkaray, con una veintena de bienes entre los que abundan templos, fincas y la ermita de Santa Bárbara. Aunque la mayoría de los bienes de La Rioja son templos, también hay casas en ruinas, almacenes, viviendas y huertos.
MADRID. Es significativo que en la capital apenas hay inmatriculaciones: en muchas oficinas del registro las casillas están en blanco, señal de que en realidad los bienes ya se inscribieron en el pasado, antes de 1998. En los alrededores de Madrid se trata principalmente de tierras y parcelas, y sobresale especialmente Ciempozuelos, donde la Iglesia posee 35 fincas. También acumula tierras en Hoyo de Manzanares, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Pedrezuela y Griñón.
MURCIA. Hay un total de 470 bienes de la Iglesia Católica, 373 de ellos templos y dependencias. Los restantes son salones, viviendas, locales comerciales y plazas de garaje, incluso un salón en la localidad de Fuente Álamo bajo el título “Usos recreativos/bar”. También se recogen fincas sin edificar, como solares y parcelas, y una “Tierra de secano” en el municipio de Molina de Segura. Además, la mayoría de los bienes (427) se han inscrito únicamente con una certificación eclesiástica. Un total de 147 propiedades pertenecen al obispado de Cartagena. Entre ellos hay 11 solares, 5 plazas de garaje, 7 locales en alquiler y 42 viviendas. En el Inventario de Inmuebles Diocesanos publicado por la Diócesis de Cartagena, el Palacio Episcopal se clasifica como ‘Edificio singular’, así como la Catedral de Santa María (inmatriculada en diciembre de 2014) y dos edificios más en Moratalla y Cartagena. También es propietario de una parte de la plaza de Belluga, donde se sitúa la Catedral.
“Es escandaloso que tengan locales que no están destinados al culto, como aparcamientos, solares, o incluso salones recreativos”, dice Juan Celdrán, miembro de la plataforma Región de Murcia Laica. “Hay locales que alquilan por ejemplo a tiendas, de los que obtienen beneficios pero no pagan IBI. Y hay edificios como catedrales o monasterios que, aunque sean templos, tienen un valor artístico y arquitectónico y deberían ser propiedad del Estado. La Iglesia saca dinero de gestionar esos edificios y luego cuando hay que mantenerlos piden ayuda a las administraciones”, señala.
También aparece en el inventario el cementerio de La Palma, en Cartagena. Su titularidad está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad tras la demanda presentada por 129 vecinos, que mantienen que el obispado les arrebató la titularidad de panteones, nichos y fosas en 2014, haciéndoles firmar mediante engaños para cambiar los títulos de propiedad a derechos de enterramiento. Otras propiedades de la diócesis que han causado enfrentamientos por su titularidad son la ermita de Totana, la capilla de la Virgen de las Angustias en Yecla, que fue reclamada por la Orden de los Franciscanos, y el cementerio de La Alberca, inscrito en 2001 y reclamada por la Asociación de Vecinos de la Alberca.
NAVARRA. La Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra considera que la iniciativa del Gobierno es “limitada” porque se ciñe al periodo entre 1998 y 29015, cuando “Entre 1946 y 1998 se realizaron un 50% más de inmatriculaciones que de 1998 en adelante”. En Navarra constan unas 5.000 inscripciones a nombre de la Iglesia desde mediados del siglo pasado, de las cuales alrededor de 2.500 corresponden a los años posteriores a 1998. Valentín también sostiene que el listado del Gobierno es “incompleto”, porque detrás de una inmatriculación pueden englobarse varios bienes apropiados por las autoridades eclesiales: “Exigimos que se den conocer las notas simples de los registros para identificar con detalle la totalidad de los bienes asumidos por la Iglesia”, afirma Valentín.
Un informe elaborado en 2008 por el Ministerio de Justicia cifró en 1.087 las propiedades inmatriculadas en Navarra, mientras que en el listado hecho público ahora por el Gobierno aparece una cantidad inferior (1.037) en esta comunidad foral. A la plataforma no le consta que se hayan iniciado trámites para reclamar estos bienes. Su portavoz no aconseja adoptar esta vía “salvo que se trate de casos clarísimos”, porque dan lugar a “procesos muy largos y costosos que pueden alargarse hasta 20 años”. ¿El Gobierno quiere promover 35.000 pleitos?”, se pregunta Valentín. “Lo que procede”, propone, “es aprobar una medida normativa o un decreto del Gobierno que retrotraiga los bienes a la situación anterior a la inmatriculación y declare nulos todos esos registros realizados por la Iglesia”.
PAÍS VASCO. Constan 88 notas de bienes, 42 corresponden a templos y dependencias complementarias mientras que 46 son de otro tipo de fincas. La mayor parte están en Álava, un total de 48. La gran mayoría son viviendas asociadas a parroquias, fincas de secano, garajes e incluso unos frontones adosados al seminario de Vitoria. Un total de 18 de las 48 fincas figuran a nombre del obispado de Vitoria. Pero hay un buen número de fincas. En total en Álava son nueve fincas rústicas, una urbana, otras tantas de secano en pueblos, y varios terrenos no edificados en Vitoria, además de ermitas e iglesias y viviendas curales.
En el Caso de Gipuzkoa de las nueve fincas, siete son eclesiásticas como ermitas, casas curales y cementerios, además de alguna huerta de la casa cural. En Bizkaia sucede prácticamente lo mismo. De las 31 inmatriculaciones 28 son templos y dependencias complementarias, mientras que tres son de otro tipo, una vivienda piso con anejos que pertenece a la diócesis de Bilbao y un edificio destinado a iglesia, además de un terreno que circunda la parroquia de la Purísima Concepción en Górliz.
Los 88 bienes inmatriculados en Euskadi se quedan muy lejos de la cifra total de propiedades que consta en un informe del Parlamento vasco de 2016. Según este estudio, la Iglesia se habría adjudicado un total de 530 propiedades (387 en Gipuzkoa, 74 en Bizkaia y 69 en Álava). Este estudio fue realizado por el Decanato de Registradores de la Propiedad de Euskadi a instancias de la Cámara autónoma. En la relación de bienes inmatriculados figuran, por ejemplo, un terreno en la cima del monte Oiz, un horno de panadería en Sarturtzi, varios terrenos de labranza en Álava y hasta pequeños tramos del camino de Santiago.
Andrés Valentín, de la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Navarra sostiene que la mayoría de las inmatriculaciones del País Vasco son anteriores a 1998 y la mayoría están en Gipuzkoa. “El Obispo, José María Setién, hizo muchas inmatriculaciones de solares, pero con la particularidad de que cada una incorporaba varios bienes, con lo cual en ambos periodos, antes de 1998 y después, la cifra de bienes es mucho mayor que la de inmatriculaciones”, explica.
Con información de Javier Arroyo, Jesús Cañas, Ginés Donaire, Patricia Peiró, Juan Navarro, Eva Saiz, Nacho Sánchez, Julio Núñez, Camilo S. Baquero, Lucía Bohórquez, Ferrán Bono, Julio Núñez, Silvia Nortes, Silvia Rodríguez Pontevedra, Mikel Ormázabal y Pedro Gorospe.
