COMENTARIO: El movimiento laicista no se opone a que venga Benedicto, si nos oponemos a que tengamos que pagarlo con los impuestos de todos los españoles, porque utiliza su "condición" de Jefe de Estado, cuando se trata de un viaje "pastoral" para hacer proselitismo de su confesión religiosa.
Benedicto XVI vendrá -Dios mediante- a España el 8 y 9 de noviembre de este año. Está previsto que consagre el templo de la Sagrada Familia del genial Gaudí, en Barcelona; es probable que también peregrine a Santiago de Compostela en este Año Santo, todo lo cual es muy pastoral y legítimo, pero es inquietante ver cómo, con motivo de este acontecimiento, algunos sectores ya están calentando motores y quieren dar a la próxima visita papal un objetivo descaradamente político y partidario, de reconquista del discurso confesional, con aire de cruzada anti-laicidad.
La sociedad española que recuperó las libertades públicas en 1978 viene de un largo período liberticida en el que se construyó un discurso público antimoderno, antiilustrado y antidemocrático que ha troquelado, a su modo, nuestra sociedad con efectos duraderos que todavía padecemos. A pesar del mandato constitucional de 1978 que proclama la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa y de conciencia de todos los españoles, ciertas posiciones pretenden que ignoraremos la Constitución y reclaman para la confesión católica no ya la libertad, que le es debida, sino el rango de institución pública que desborda las creencias particulares y subjetivas, con poder para determinar la estructura social y política de España como nación y por lo tanto también los fines del Estado.
Sería patético que Benedicto XVI hiciera el juego a ese propósito porque haría un flaco favor a la Iglesia, a los católicos y a todos los españoles. Ese discurso, antiliberal y antidemocrático, reivindica una especie de vigencia mítica y eterna del Concilio III de Toledo, -¡¡¡año 589!!!-según el cual el cristianismo-católico se constituye en elemento esencial de la nación española -Gothia-, y se opone así frontalmente al marco constitucional, liberal y democrático, de 1978.
Vivimos tiempos complejos, de esos que Salvador Pániker considera propicios a las identidades mestizas, en los que muchos queremos ser a la vez tradicionales e ilustrados, comunitarios y cosmopolitas, espirituales y hedonistas, progresistas y ecológicos. De un lado, asistimos a un retorno de la religión, que ya fue pronosticado por autores como Gianni Vattimo, Hans-Georg Gadamer, Eugenio Trías y otros (Trías, Eugenio, 1977). Esa vuelta de lo religioso está relacionada con genuinas necesidades humanas -que muchos reclamamos-; pero por otro lado, esas demandas se manifiestan de una manera herética, plural, libérrima, muchas veces al margen de las iglesias; además, es evidente, para el que quiera ver, que asistimos a una secularización mayoritaria de las identidades personales, de las formas familiares, incluso de la espiritualidad y por supuesto del pensamiento científico y filosófico, el tiempo libre, la moral sexual, los gustos estéticos, las ciencias sociales y las opciones políticas, al menos en Europa.
En la mayoría de los movimientos laicistas he descubierto no sólo una propuesta jurídico-política al servicio de la libertad sino algo más: una especie de laicidad confesante, con su propia 'espiritualidad', una forma de religión por defecto que se ve a sí misma como la única cosmovisión digna de ser reconocida por los poderes públicos. Yo, por mi parte, creo que lo que necesitamos es otra cosa: una laicidad mediadora que se defina como fórmula jurídico-política orientada a garantizar la libertad de conciencia y de religión, al mismo tiempo que construye un espacio común a todos -creyentes e increyentes, espiritualistas y ateos- en cuanto unidos por el vínculo común de la ciudadanía.
Uno de los motivos por los que la 'laicidad' no logra un consenso pacífico y generalizado entre nosotros, además de por la escandalosa mala fe de algunas posiciones confesionales, es, también, por la manifiesta incapacidad para explicar y proponer una laicidad integradora. Es por eso que no comparto la posición antipática y 'enragée' de algunos sectores laicistas que protestan ante la próxima visita papal. Yo me alegro de que venga, que hable y que escuche, no sólo a su grey, que está ya de antemano entregada, sino también a todas las voces independientes que se manifestarán a su paso.
No es tiempo de volver a la decimonónica 'cuestión religiosa', pero no podemos dejar sin respuesta el papel político que las religiones organizadas quieren -de nuevo- tener en Europa y en el mundo y tenemos que hacerlo de acuerdo con lo que hoy -siglo XXI- somos: menos sectarios, más mestizos y más sabios. Vivimos en un escenario post-secular (Habermas) que nos exige la creación de condiciones de mutuo reconocimiento, co-implicación (Andrés Ortiz-Osés) y convivialidad crítica, en el que los poderes públicos garanticen mediante su neutralidad que cada uno de nosotros puede vivir su vida, personal y socialmente, de acuerdo con sus opciones religiosas o filosóficas, y todos podamos encontrarnos 'fraternalmente' en el vínculo común de nuestra ciudadanía.
La libertad de conciencia y de religión no es sino el derecho de cada uno de nosotros a «vivir y comportarse de acuerdo con las propias convicciones y creencias», lo que supone también la libertad de «expresar» -de manera individual o colectiva- la religión o las convicciones propias. Los únicos límites de ese derecho son el orden público y los derechos de los demás. La libertad religiosa no incluye por lo tanto el derecho de las religiones positivas de «estructurar el orden político, sociocultural y moral de toda la sociedad» (Rafael Díaz-Salazar).
Valoro en mucho que haya sido precisamente Ratzinger, en diálogo con Jürgen Habermas, quien -en un ejercicio de humildad infrecuente en Roma- haya reconocido la necesidad de construir entre todos – y ¡todas!- un «consenso ético de fondo», en el que se tenga en cuenta lo que el Papa llama la «aportación» de la religión. Ese consenso ético de fondo es lo que entre nosotros y con otras palabras ha definido José Antonio Marina como el 'marco ético' al que las propias religiones deben someterse, es también esa 'justicia como equidad' de la que habla John Rawls.
Para que haya consenso, es decir, mutuo consentimiento, ese marco ético tendrá que hacerse con diversas y contradictorias aportaciones, con respeto crítico pero sin paternalismos, distinguiendo lo político de lo personal, lo social de lo individual, dando cancha a religiosos e irreligiosos, místicos y ateos, varones y mujeres, espiritualistas y racionalistas, 'justos y pecadores'», o sea, de verdad, entre todos, con razones y argumentos asequibles para todos.
