El próximo sábado, día 23 de octubre, numerosas asociaciones laicistas, racionalistas, de cristianos de base y defensoras de los derechos humanos se manifestarán en el Parque de la Cornisa-Vistillas de Madrid para expresar su disconformidad ante la próxima visita a España los días 6 y 7 de noviembre del máximo representante de la Iglesia católica. Expresarán su desacuerdo con el carácter oficial de un evento claramente confesional que, además, costará a las arcas públicas según distintos medios varios millones de euros.
El objetivo principal de esta protesta es el rechazo al tratamiento oficial de esa visita del jerarca de una confesión religiosa, la católica, porque vulnera la aconfesionalidad del Estado contemplada en la Constitución española, así como el denunciar la continuidad de un Estado confesional que, ya sea de corte nacional-católico o multi-confesional, nada tiene que ver con un Estado democrático y plural. No es nada nuevo bajo el sol. La reciente visita papal a Inglaterra generó una polémica importante en la sociedad inglesa. De hecho, diversas personalidades de la ciencia y la cultura firmaron un manifiesto que hacía público su rechazo.
Parece que en España la controversia está igualmente asegurada. Mientras parte importante (y muy respetable) de los españoles están encantados de recibir con honores de jefe de Estado a la máxima autoridad de la religión que profesan, otra parte también importante y también respetable de la población considera un despropósito que las arcas públicas financien un viaje proselitista que pretende asegurar los cimientos de un lobby religioso con cuyos idearios se identifica menos gente cada día, y cuyos dogmatismos, según las evidencias, son incompatibles con los valores democráticos y con los derechos humanos.
No se trata de cuestionarse la conveniencia o no de una visita deseada por los ciudadanos católicos, sino de cuestionarse, quizás, hasta qué punto se menosprecia el pluralismo ideológico y social con una visita que, de carácter público y financiada con el dinero de todos, se impone a toda la ciudadanía. Sería impensable que algo así fuera contemplado y financiado a nivel estatal en el caso de los ciudadanos racionalistas, por ejemplo, que apetecieran de la visita de un máximo exponente de la ciencia en el mundo. Esa supuesta visita se financiaría con dinero privado de los ciudadanos que la convocaran.
Si tenemos en cuenta, por otra parte, los tiempos de crisis económica que nos azota (justamente por la gestión neoliberal de políticos que, "casualmente", suelen ser muy defensores de las organizaciones religiosas), puede resultar vergonzoso, e incluso inmoral, un desembolso económico de enormes magnitudes para una visita de dos días, cuando en este país existen cientos de miles de ancianos, parados y pensionistas que malviven con miserables pensiones de 400 o 500 euros mensuales. Aquéllos que dicen preocuparse tanto y tanto por los valores éticos y morales deberían percatarse de ello.
Coral Bravo es Doctora en Filología y miembro de Europa Laica
