La intervención estará a cargo del Estado y será admitida siempre que se solicite dentro de las doce semanas de gestación. Previamente, un equipo interdisciplinario deberá asesorar a la mujer sobre las posibilidades para no abortar. Mujica
El Senado uruguayo aprobó ayer, por 17 votos a favor y 14 en contra, una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, bajo ciertas condiciones. La norma, fruto de una lucha prolongada y de un veto presidencial, es pionera en la región y obliga tanto al sector público como al privado a brindar la prestación. “Es un gran avance porque en el marco legal vigente se consagra el derecho de las mujeres y las obligaciones de las instituciones médicas”, señaló la senadora socialista Mónica Xavier, impulsora del proyecto de legalización del aborto que inició el debate. “El presidente ya dijo públicamente que no vetará esta ley y no cambió de opinión”, aseguró a Página/12 Gonzalo Carámbula, secretario de Comunicación Institucional del Poder Ejecutivo.
La ley se sancionó en una votación en general y no en particular, ya que había sido aprobada antes en el Senado, pero tuvo modificaciones en Diputados, el pasado 25 de septiembre. El proyecto no despenaliza el aborto en general, pero lo permite si la mujer se acerca al Sistema Nacional Integrado de Salud, que incluye efectores públicos y privados, dentro de las 12 semanas de embarazo. “Deberá poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”, dice la ley.
Iván Posada, diputado del Partido Independiente y autor del proyecto que se aprobó ayer, explicó que luego de requerir la prestación, el médico dispondrá el mismo día o el siguiente, la consulta con equipo interdisciplinario. “Este equipo debe informarla y asesorarla sobre la posibilidad de acceder a la ayuda estatal para no abortar o de dar en adopción al bebé. La idea es que pueda revertir las causas que motivaron esa decisión. Luego se abre un espacio de reflexión de cinco días. Si continúa en pie la decisión, se realiza el aborto”, detalló Posada. Su proyecto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra en Diputados. En el caso de las menores de edad, la ley prevé que puedan acceder a la práctica bajo el mismo mecanismo si asisten acompañadas por al menos uno de sus padres, tutores o quien crean que las represente, incluso puede ser otra persona menor. No se precisa aprobación del acompañante. Si la joven va sola, un juez deberá determinar en un plazo menor a los tres días para resolver si la decisión de la interesada fue solicitada “en forma espontánea, voluntaria y consciente”. El juez convocará a la adolescente y al Ministerio Público para cerciorarse de esto último, antes de avalar la práctica. “El procedimiento será verbal y gratuito”, agrega la ley.
Cuando haya riesgo para la salud y la vida de la madre no habrá límites en las semanas de gestación. Sí para los casos de violación, 14 semanas, además del requisito de una denuncia judicial, que no implicó un veredicto de la Justicia sino sólo la notificación de dicha denuncia. Los profesionales objetores de conciencia deberán informar su postura a las instituciones donde trabajan, si no lo hacen se entenderá que no tienen inconvenientes en realizar la prestación y la decisión que tomen será la misma para todos los lugares donde trabajen. Sólo las ciudadanas uruguayas o quienes tengan un año de residencia en el país podrán acceder a la práctica.
“La norma se inspira en el modelo alemán, que apunta a una decisión informada y bajó el número de abortos”, aseguró Posada. En Alemania, se permite está práctica bajo las mismas condiciones que en Uruguay desde 1992, aunque se establecen tres días “de reflexión” luego de la consulta interdisciplinaria. “Yo creo que todas las mujeres embarazadas tienen el derecho de decidir solas y sin tutela del Estado sobre sí mismas y su cuerpo. También después de la semana 12. El aborto tiene que ser seguro, legal y gratuito”, dijo a este diario Vivian Szelinsky, activista feminista alemana y asesora del diputado por Die Linke, Alexander Ulrich.
El hecho de que sea gratuito es importantísimo, ya que en Estados Unidos el aborto es legal desde 1973, pero muchas mujeres no acceden a la prestación porque no tienen seguro médico o el que tienen no lo cubre. Cuando el presidente Barack Obama logró la aprobación en el Congreso de un sistema de salud público, debió retirar la subvención a esta práctica para poder conseguir el apoyo de la bancada republicana.
“La lógica tutelar del Estado primó en la discusión, cuando en verdad nos basábamos en el derecho de la persona, pero dimos un gran paso”, opinó Marisa Marmissolle, coordinadora da la bancada femenina bicameral del Congreso uruguayo.
Según señaló Cristina Grela, titular del área de Mecanismos de Género del Ministerio de Salud uruguayo, el debate por el aborto se relanzó en 2002 cuando 14 mujeres murieron en ese país por realizarse esta práctica en la clandestinidad. “Un grupo de médicos del Hospital Pereira Rosell denunciaron que las chicas llegaban tarde a atenderse y se morían sin que ellos pudieron evitarlo. Y que en algunos lugares las esposaban porque las consideraban criminales. Así nació el Grupo de Iniciativas Médicas contra el Aborto en Condiciones de Riesgo”, repasó Grela, una de las fundadoras de Católicas por el Derecho a Decidir.
El Grupo de Iniciativas Médicas presionó para que la consultas por abortos sean confidenciales y bajo secreto médico, norma aceptada por el Ministerio de Salud en 2004. Luego insistieron en la sanción de la ley 18.426 de Salud Sexual y Reproductiva, cuyo capítulo sobre aborto fue vetado en 2008 por el ex presidente Tabaré Vázquez. “Pero no vetó un artículo que permitía las iniciativas sanitarias para evitar abortos en condiciones de riesgo. Entonces se pudo empezar desde las áreas de salud sexual, en los centros de salud, a dar consejos para realizarse un aborto con misoprostol y recibir a las mujeres luego de que se lo hicieran”, dijo Grela.
La nueva ley deberá reglamentar la prestación en los 19 departamentos (provincias) que tiene Uruguay. “Y también habrá que imponer las sanciones o multas para los centros de salud que nieguen o dilaten la prestación, para lo que se puede aplicar la normativa vigente en casos de incumplimiento de servicio. Si en un departamento no existen recursos humanos disponibles con la orientación que la ley prevé, deberá avanzarse en las contrataciones”, aseguró la senadora Xavier. La reglamentación correrá por parte del Ministerio de Salud, cuyos titulares ya se manifestaron abiertamente a favor de brindar la prestación.
“Vamos a utilizar las mismas consejerías sobre salud sexual y reproductiva. Lo que cambia es que ahora vamos a poder brindar el misoprostol, cuando antes muchos lo recomendaban, pero la calidad podía variar por tratarse muchas veces de un mercado negro”, adelantó a Página/12 la encargada de coordinar la reglamentación, Leticia Rieppi, titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Ese ente será el contralor de la aplicación de la ley en el sistema de salud público, que funciona descentralizado, y el privado.
Rieppi aseguró que la reglamentación será consensuada con las sociedades de obstetricia y ginecología y el colegio de enfermeros; también con el movimiento de mujeres y algunas dependencias del Ministerio de Salud. “El año pasado capacitamos a 200 personas del área de Salud Sexual. Tenemos el orgullo de que en 2009, 2010 y 2011 no muriera ninguna mujer por este tema pero en 2012 murieron dos chicas que no se animaron a ir al hospital. Por eso la ley es importante; podría ser mejor, pero es lo que tenemos y sabemos cómo utilizarla”, dijo Rieppi.
Desde 2011, agregó, todos los departamentos tienen áreas de Salud Sexual, salvo Durazno donde ya se está implementando, y Artigas. “Y estoy en camino hacía allá en este momento para averiguar qué pasa”, afirmó.
