En marzo de 2022 se alcanzó un acuerdo plenario, promovido por el propio alcalde, que “no ha querido hacerlo efectivo en estos dos años”
La intervención del Comisionado de la Transparencia permitió a la formación lagunera acceder al informe de los datos solicitados, que contradice la versión del Obispado
Rubens Ascanio, concejal y coportavoz de Unidas se puede en La Laguna, lamenta el reiterado incumplimiento de los acuerdos plenarios para el desarrollo de informes técnicos municipales para clarificar el posible efecto de las inmatriculaciones de bienes de titularidad pública por parte de la Iglesia, aprovechando la modificación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.
El edil de izquierdas recuerda que en enero de 2022 se hizo público el informe sobre bienes inmatriculados por la Conferencia Episcopal Española (CEE) entre 1998 y 2015, en el que al menos 25 bienes inmuebles de La Laguna aparecían. A raíz de esta situación se presentó una moción al Pleno promovida desde la propia alcaldía que fue enmendada por otros grupos municipales y aprobada en el pleno de marzo de ese año. En esa sesión se aprobó por unanimidad “ofrecer la colaboración del Ayuntamiento en esta recuperación de bienes, contratando para ello un informe jurídico y técnico que sirva para colaborar en la restitución de estos bienes a sus legítimos propietarios y recuperar los de dominio público que pudieran estar en este caso, como plazas públicas o edificaciones de uso comunal, promovidas por los vecinos y vecinas”. Igualmente se acordó “estudiar la posibilidad de cobro de posibles tributos sobre los inmuebles, sin uso social o religioso, titularidad de la Iglesia católica o del Obispado, en los que se desarrollan actividades económicas o se cobra alquiler por hacer uso de los mismos”.
“No se trata de un acuerdo nuevo, en anteriores momentos pedimos estos informes desde Unidas se puede, caso de 2021, donde se nos dio una tibia respuesta y el Director Técnico de Alcaldía nos manifestó por escrito su oposición a que cualquier asunto de estas características pudiera ser abordado”, explica. Ascanio entiende que es un deber del Ayuntamiento desarrollar estas acciones acordadas en el pleno, por ello el pasado verano pedimos la consulta y copia de los expedientes realizados, que tuvimos que reiterar con posterioridad. El concejal explica que las solicitudes de información realizadas en julio y reiterada en agosto no tuvieron respuesta alguna, “lo que supone un incumplimiento de la Ley de Transparencia”. Ante la negativa municipal a facilitar la información su grupo optó por recurrir al Comisionado de la Transparencia, con registro efectuado el 20 de diciembre de 2023, que hizo posible que en el mes de enero el Consistorio diera una “escueta respuesta en la que dejan claro que no han cumplido ningún aspecto del acuerdo plenario de 2022”.
El informe municipal afirma que “no constan impugnaciones, estudios o informes técnicos realizados ante las supuestas inmatriculaciones por parte de la Iglesia católica”, algo que entienden como una “clara dejación de las funciones de la alcaldía ante veinticinco bienes municipales que no sabemos si fueron públicos en algún momento y que la propia Conferencia Episcopal reconoce no saber cómo se registraron”. Al mismo tiempo, el escrito del Director del Área de Hacienda aclara que las plazas de La Catedral, de la Iglesia de Tejina, de la Iglesia de Guamasa o la de San Jerónimo están “debidamente inventariadas en el Inventario General de Bienes y Derechos de esta Corporación”. Este aspecto es según Ascanio “significativo, ya que desde 2019 tenemos constancia de varias visitas al Ayuntamiento en las que representantes del Obispado alegaban la titularidad de algunos de estos espacios públicos y pedían la no celebración de ciertos eventos en los mismos, un aspecto que debería haber sido también clarificado con el informe jurídico acordado, tal y como pedimos de forma reiterada en el pasado mandato”.
Al concejal lagunero le preocupa la “evidente cesión al Obispado que se está facilitando por acción u omisión desde el PSOE lagunero, titular de las áreas implicadas en el nulo desarrollo de estos acuerdos plenarios”. Desde Unidas se puede consideran que “en este nuevo mandato estamos viendo un marcado acercamiento a las posiciones más conservadoras, dándole un papel a la Iglesia y a sus representantes que excede ampliamente los principios de aconfesionalidad del Estado, como se vio en el pregón de San Benito o en el de las fiestas del Cristo”.
Ascanio llevará al pleno del mes de febrero una pregunta sobre los motivos de los incumplimientos de este acuerdo unánime del pleno, apostillando que “el deber de un alcalde no es con el Obispado, debe estar del lado del interés público y proteger los elementos que pudieron haber sido sometidos a procedimientos ilegítimos de inmatriculación”.
Para más información sobre el tema, así como sobre las actividades y propuestas de Unidas se puede en La Laguna, por favor contactar con el 618 983 288
