Inmaculada Nieto ve “preocupante que la Junta no haya creado la Comisión de Garantías y Evaluación”, lo que impide el acceso a la ciudadanía a este derecho.
Los gobiernos del Partido Popular parece que se resisten más de lo que sería razonable cumplir las leyes que no les gustan. El incumplimiento de las legislaciones que regulan el aborto, la memoria histórica o, más recientemente, el derecho a una muerte digna sería prueba de ello.
La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha denunciado en la mañana de hoy “el incumplimiento de la Ley de Eutanasia por parte de la Junta de Andalucía”.
En los próximos días, su grupo va a pedir la comparecencia en sede parlamentaria del Consejero de Salud, Jesús Aguirre, para que “aborde este incumplimiento y nos dé un calendario cierto y rápido del cumplimiento de la ley, que es un derecho de la ciudadanía que tiene el deber de garantizar el Gobierno andaluz”.
En rueda de prensa, Nieto ha recordado que Andalucía “fue pionera con una Ley de Muerte Digna, que no podía garantizar los derechos para las personas y su decisión con respecto al tránsito de la muerte porque escapaba de sus competencias, pero que sí permitió acabar con lo que el personal sanitario y jurídico llaman obstinación terapéutica”.
El 24 de junio era la fecha límite para que las comunidades autónomas pusieran en funcionamiento la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia y tres meses después Andalucía, Madrid y Extremadura aún no han constituído y regulado este órgano. La ley indica que la comisión debe estar formada por un mínimo de siete miembros entre los que se debe incluir al menos personal médico, de enfermería y juristas.
Nieto ha recordado que la Ley de Eutanasia fue aprobada en marzo en el Congreso de los Diputados y, seis meses después, Andalucía aún no ha desarrollado convenientemente la Comisión de Garantías y Evaluación. En este sentido, Nieto ha asegurado que “es preocupante que, por no tener este comité, no se le de acceso a la ciudadanía a este derecho”. Además, ha afeado al PP que, “aunque al PP no le parezca bien la ley y la votase en contra en el Congreso, la ley fue aprobada, es ley y el Gobierno andaluz no puede objetar a su cumplimiento”.
Según recogió en su día el digital Newtral.es, al no haber creado la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, en Andalucía, Madrid y Extremadura “no se están tramitando solicitudes, ya que la conformación de este órgano (y su publicación en el boletín oficial de la comunidad correspondiente) es necesaria para comenzar a aplicar la ley al decidir si se le concede a una persona la muerte digna”.
El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, dijo en julio en el Pleno del Parlamento, ante una pregunta del PSOE sobre la Ley de Eutanasia, que venían “trabajando en el cumplimiento de los derechos de los pacientes y de los profesionales” y que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) había “abierto un canal de información” sobre la ley.
