Un hombre abusado de niño por un sacerdote revela a través de su abogada la amarga experiencia en una oficina de atención a las víctimas de abusos en la Iglesia, donde se sintió ninguneado. En estas oficinas de las diócesis españolas, se han recibido ocho denuncias en ocho meses.
Una mesa, dos sillas y un flexo. El escenario que se encontró Javier no parecía el propicio. Este miembro de la Asociación Infancia Robada acudió hace un mes a la oficina de atención a las víctimas que la diócesis de Astorga (León) abrió el año pasado para recibir denuncias por presuntos casos de pederastia y abusos sexuales en la Iglesia. 400 kilómetros desde Madrid le separaban de una ansiada reunión para contar su caso: tanto él como su hermano fueron víctimas de
abusos sexuales siendo niños por parte del sacerdote José Manuel
Ramos Gordon en el seminario de La Bañeza en los años 80. De hecho, Javier fue el primero en denunciar la pederastia practicada por ese sacerdote, que nunca fue juzgado penalmente al haber prescrito los hechos, aunque sí resultó culpable en el juicio canónico y se le apartó de la diócesis de Astorga.
Javier llegó a aquel frío escenario cargado de esperanza porque por fin se le iba a escuchar. Así lo corrobora la abogada Leticia de la Hoz, letrada de la Asociación Infancia Robada, que fue testigo de lo que pasó en la oficina de la delegación episcopal para la Protección de los Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos –así es su nombre oficial–. “La directora de la oficina y una abogada le esperaban. A Javier le resulta difícil hablar de lo que sufrió y habíamos preparado un pequeño dossier, en el que incorporamos la carta de
perdón que le dirigió su agresor“, cuenta Leticia de la Hoz.
La abogada explica que, al no poder acudir personalmente a la cita y ante el requerimiento de Javier, estuvo presente en la reunión a través del móvil de éste. “Se negaron a aceptar los documentos. Dijeron que ellas estaban ahí para escuchar y que no disponían de sello alguno para sellar documentación. Las personas con menos empatía del mundo estaban allí frente a una víctima de pederastia eclesial que le ha marcado la vida; se sintió ninguneado“, señala De la Hoz a Público.
La reunión duró apenas cinco minutos, según la abogada de Infancia
Robada. “Javier quiere que se le reconozca la inacción de todo aquel a quien pidió ayuda en el obispado. El caso está prescrito pero la Conferencia Episcopal ha dicho que ayudaría a las víctimas. ¿Cómo? ¿Así, con esa falta de sensibilidad, tratando a una víctima como si fuera una molestia?”, se queja esta letrada.
La asociación Infancia Robada ha pedido una reunión con los responsables de la diócesis de Astorga para analizar el caso y está a la espera de la respuesta. “Hay que evitar que vuelva a ocurrir algo semejante, porque si se han creado oficinas de atención a las víctimas que lo que hacen en revictimizar es intolerable”, dice a este medio Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación, que tiene entre sus filas a una veintena de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El hijo de Juan Cuatrecasas fue víctima de abusos por parte de un profesor del colegio Gaztelueta, perteneciente al Opus Dei, en Leioa (Bizkaia). Un caso muy polémico porque el Tribunal Supremo redujo de once a dos años la condena al agresor, que jamás entró en prisión.
Ocho denuncias recibidas en ocho meses
El pasado mes de febrero, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, señaló en rueda de prensa que la Iglesia ha recibido ocho denuncias de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes desde que se han abierto las oficias de atención a las víctimas en las distintas diócesis —hace ocho meses—, aunque algunos de estos casos no son recientes. Argüello ha reconocido que no sabe cuántos casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia han tenido lugar en este último año en España y que la única cifra de la que dispone es la que reportan las oficinas de atención a las víctimas y que suman estos ocho casos. Del mismo modo, ha descartado encargar un informe para conocer la cifra exacta.
Público ha solicitado a la Conferencia Episcopal información sobre el protocolo que se sigue en estas oficinas de atención a las víctimas de pederastia en la Iglesia y desde su oficina de prensa han remitido a la web de la institución donde consta: “En cada diócesis, los obispos llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas”. Y también: “Acogida, escucha, prevención y formación son las claves de la Iglesia en España ante los casos de abusos a menores y personas vulnerables”.
Polémica con la ministra Belarra
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, sacó a colación la pederastia eclesial en la sesión parlamentaria en la que se aprobó el proyecto de ley de protección a la infancia, hace unos días. Ente los objetivos de esta nueva ley está precisamente acabar con la impunidad de los delitos graves contra menores, entre ellos la pederastia, al ampliar los plazos de prescripción. A partir de los 35 años de edad, empezará a contar el tiempo para que las víctimas denuncien; a diferencia de la edad de 18 años que regía hasta ahora. Esto significa que se amplía el plazo de prescripción de estos delitos. Belarra criticó que “la Iglesia católica ha sido cómplice demasiadas veces” al encubrir violencia sexual
contra los niños, algo que “tiene que terminar”.
La Conferencia Episcopal reaccionó airada, achacando las declaraciones de la ministra a que es “presa de un anticlericalismo rancio”. Lamentan los obispos que Ione Belarra señalara a la Iglesia como “cómplice” de los abusos pues, según defienden, citando estudios independientes “el 0,2% de los casos (de abusos) se han dado en actividades religiosas”. Esta cifra corresponde a un estudio de la Fundación ANAR de 2019 que revela que de los 6.183 casos que abordaron en
la investigación, entre 2008 y 2019, los sacerdotes representan el 0,2% de los casos de agresores sexuales de menores.
En una carta de réplica a la nota de la Conferencia Episcopal, Ione Belarra, incidía en que “la Iglesia católica española está lejos de cumplir con los compromisos exigidos por el Papa Francisco”, y denunciaba que no se ha “investigado aún en profundidad el problema de pederastia en el seno de su Iglesia”. De haberlo hecho, prosigue el comunicado, “parece evidente que, de hacerlo, los datos se asemejarían a los de otros países europeos”.
Desde la plataforma Redes Cristianas apoyan a la ministra: “Las palabras de la ministra Belarra eran irrefutables a la vista de la cantidad de casos de encubrimiento, tanto en España como en otros países, y de la poca voluntad por profundizar en la investigación interna de muchos obispos aún cuando la investigación civil hubiese prescrito”, señala a Público Raquel Mallavibarrena, del equipo de portavoces de Redes Cristianas y añade: “Los obispos perdieron, en su respuesta a la ministra, una buena ocasión para mostrar su arrepentimiento por lo ocurrido y manifestar su compromiso firme para que la ley aprobada sea también puesta en práctica en los ámbitos de la Iglesia”.
27 presuntos casos detectados por el Arzobispado de Madrid
A falta de estadística oficial ante la negativa de emprender ese estudio por parte de la Conferencia Episcopal, el presidente de Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, indica como un “ejemplo positivo” del tratamiento que da la Iglesia a las víctimas de pederastia eclesial el caso del Arzobispado de Madrid y su programa Repara. En un año de existencia, este proyecto ha atendido “a 75 víctimas directas de abusos (víctimas de primer orden), así como a diez familiares de estas (víctimas de segundo orden), y les ha ofrecido más de 400 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha”, consta en su web. De esos 75 casos, 13 corresponden al ámbito religioso,vinculado a la vida consagrada; nueve a sacerdotes de la diócesis de Madrid, y otros cinco a sacerdotes de otras diócesis. En total, 27 casos relacionados con pederastia en la Iglesia, “buena parte de ellos referidos a sucesos de hace varias décadas”, apunta el arzobispado. “Es un proyecto para para la prevención de abusos y la atención a víctimas, con el convencimiento de que estos suponen una forma inaceptable de cosificación de las personas y una degradación moral contraria a la ética más elemental y a los valores del Evangelio”.
