La legislación aprobada en el Parlamento, pero que aún necesita la firma del presidente, desata el miedo entre la comunidad LGTBIQ+ y provoca una oleada de presiones diplomáticas para tratar de tumbar el texto legal
“El nuevo proyecto de ley contra la homosexualidad parece una sentencia de muerte”. Son palabras de Kofi [nombre ficticio], de 25 años, que sobrevivió a un ataque durante una noche de fiesta por parte de tres hombres desconocidos que sospecharon que era gay. El joven describe el incidente como traumático. Un año después, sigue mirando por encima del hombro cada vez que se encuentra en un espacio público, sin saber cuándo se producirá el siguiente abuso.
“Me agarraron por detrás y me abofetearon una y otra vez. Uno de ellos me preguntó por qué había elegido ser gay y me dijo que mis actos traerán una maldición al país. Los transeúntes y curiosos también se reían y me insultaban”. “Tras cerca de 30 minutos de acoso, me advirtieron de que esto [la agresión] no era más que el principio”.
Periodistas, profesores, abogados o médicos que presten servicios y expresen algún grado de apoyo a la comunidad LGTBIQ+ podrán ser condenados a un máximo de cinco años de prisión
Kofi admite que él y sus amigos viven con miedo desde que el 28 de febrero se aprobó el anteproyecto de la Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares. El texto, calificado de “estricto” y “represivo” por los activistas, establece penas de tres años de cárcel para las personas que se identifiquen como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales y para quienes defiendan los derechos LGTBIQ+ y de todas las minorías sexuales en Ghana. Periodistas, profesores, abogados, médicos y otros ghaneses que presten servicios profesionales y expresen algún grado de apoyo a la comunidad también podrán ser condenados a un máximo de cinco años de prisión. El proyecto de ley también tipifica como delito la exhibición pública de afecto por parejas del mismo sexo, el travestismo y la financiación y el intercambio de contenidos LGTBIQ+ en redes sociales y medios de comunicación tradicionales. También prohíbe adoptar hijos a personas no heterosexuales.
Ghana adoptó un sistema político multipartidista en 1992 y es generalmente considerada una de las democracias más estables de África. La aprobación del anteproyecto de ley, que está a la espera del visto bueno del presidente para convertirse en norma, pone a prueba las tan cacareadas credenciales democráticas de esta nación de África occidental y también las del presidente, Nana Akufo-Addo, como defensor de los derechos humanos y del Estado de derecho.
Oleada de rechazo y desafío
Desde la aprobación de la Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares en el Parlamento, Ghana ha sido testigo de la airada reacción de defensores de los derechos humanos, de académicos, miembros de la sociedad civil, la comunidad diplomática, de la diáspora y socios internacionales. También ha sido amenazada con sanciones, lo que recuerda al caso de Uganda. Este país, que aprobó en mayo de 2023 una durísima ley (cadena perpetua para las relaciones de personas del mismo sexo y pena de muerte para lo que califican de “homosexualidad agravada”) sufrió la congelación el año pasado de préstamos del Banco Mundial y fue excluida por EE UU de un importante acuerdo comercial.
La embajadora de Estados Unidos en Ghana, Virginia Palmer, ha expresado su preocupación y ha advertido de que el proyecto de ley podría dañar la reputación internacional y la economía de Ghana. “Me entristece porque algunas de las personas más inteligentes, creativas y decentes que conozco son LGTBIQ+”, afirmó en un tuit compartido a través de la cuenta oficial en X de la embajada. “El proyecto de ley aprobado por el Parlamento no solo les priva a ellos de sus derechos humanos básicos, sino también a todos los ghaneses, porque socava su derecho constitucional a la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de prensa. Será perjudicial para el orden y la salud públicos”.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, califica el proyecto de ley de “corrosivo” y “profundamente preocupante” e insta al Gobierno ghanés a “tomar medidas que garanticen a todos una vida sin violencia, sin estigma y sin discriminación, independientemente de su orientación o identidad sexual”. “Las conductas sexuales consentidas entre personas del mismo sexo nunca deben criminalizarse”. La directora de Amnistía Internacional en Ghana, Genevieve Partington, añade: “La aprobación por parte del Parlamento de este draconiano proyecto de ley es escandalosa y profundamente decepcionante, y se produce poco después de que Ghana haya sido elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
A pesar de la condena generalizada, el proyecto de ley ha recibido un importante apoyo de las comunidades cristiana e islámica de Ghana.
Mientras tanto, la activista Amanda Odoi ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo de Ghana para impedir que el presidente apruebe la ley. Un abogado privado, Richard Dela Sky, también ha interpuesto otra demanda ante el Supremo para impugnar su constitucionalidad, alegando la falta de quórum (número mínimo de diputados necesario) para su aprobación.
El presidente Akufo-Addo ha reconocido que el proyecto de ley “ha suscitado una considerable inquietud en determinados sectores de la comunidad diplomática” y ha asegurado que Ghana no renegará de su historial en materia de derechos humanos. Pero aplaza la decisión de aprobar o rechazar el proyecto hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre estos casos.
Una oleada de ataques
En los últimos años, la comunidad LGTBIQ+ de Ghana ha sufrido una oleada de ataques que van desde la agresión física, el chantaje, la extorsión, la detención ilegal y los ataques de bandas hasta la discriminación en el trabajo y el asesinato. En abril de 2023, un hombre armado con un machete amenazó con decapitar a personas homosexuales en Ghana, en un vídeo en redes sociales. En julio del mismo año, un usuario de una aplicación de citas fue apuñalado seis veces por hombres no identificados en Sowutuom, en Acra. En octubre de 2021, las autoridades tradicionales expulsaron a un joven de la comunidad de Nkoranza, en la región de Bono East, por mantener supuestamente una relación homosexual. En noviembre de 2018, unos 200 jóvenes de Aboabo, en Kumasi, destrozaron la comisaría del distrito por lo que describieron como un intento deliberado de la policía de escudar a un activista gay. En julio de 2015, un hombre fue linchado por jóvenes en Kyebi, en la región oriental de Ghana. Y en octubre de 2014, Sami Adjei fue torturado y asesinado en Nima (un suburbio de Acra) por una turba de la que su compañero escapó a duras penas .
La mayoría de las agresiones homófobas no son denunciadas por miedo a la estigmatización y la victimización por parte de amigos, la comunidad local y las autoridades. La nueva ley puede empeorar una situación ya de por sí difícil. Rightify Ghana, una organización comprometida con la protección de los derechos humanos, cree que el proyecto de ley “exacerbará las desigualdades existentes al marginar aún más a las personas LGTBIQ+ y restringir su acceso a servicios esenciales como la educación, la atención sanitaria, la vivienda y el empleo”.
Para Kofi y sus amigos, este proyecto de ley criminaliza su existencia y les ofrece un futuro sombrío en un país que se supone que garantiza sus derechos humanos fundamentales.
El coste de una ley controvertida
Según los expertos, el proyecto de ley podría tener consecuencias financieras nefastas para Ghana, que forma parte de un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para reactivar su frágil economía. El Ministerio de Finanzas advierte de que el país podría perder 3.400 millones de euros de financiación del Banco Mundial si el presidente aprueba el polémico proyecto de ley. “En 2024, Ghana perderá 549 millones de euros de apoyo presupuestario y 228 millones de euros para el Fondo de Estabilidad Financiera. Esto afectará negativamente a las reservas de divisas de Ghana y a la estabilidad del tipo de cambio, ya que se espera que estas entradas apuntalen la posición de reservas del país”, subraya en un comunicado.
El economista Daniel Amateye Anim afirma en una entrevista telefónica que el proyecto de ley podría desencadenar una reacción negativa de los donantes y socios internacionales, lo que podría distorsionar la economía de Ghana. También opina que el Gobierno podría recurrir a una subida de impuestos para hacer frente al déficit fiscal pendiente si se aplican sanciones. “Teniendo en cuenta las condiciones económicas actuales, cualquier imposición de nuevos impuestos empeorará aún más nuestro entorno macroeconómico. Una vez que el FMI y el Banco Mundial reaccionen negativamente al proyecto de ley, la confianza de los inversores podría descarrilar y afectar a las inversiones extranjeras directas”, añade.
La ley también plantea además graves problemas de salud pública. La Sociedad Internacional del Sida (IAS, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por la aprobación del controvertido proyecto de ley en Ghana y la reciente oleada de leyes contra la homosexualidad en toda África, citando la tendencia a erosionar los logros alcanzados en la lucha contra el VIH. “Si estas propuestas se convierten en leyes, supondrán un retroceso en los importantes avances logrados para acabar con la pandemia del VIH como amenaza para la salud pública y el bienestar individual”, ha declarado Sharon Lewin, presidenta de la IAS. La Comisión del Sida de Ghana se hizo eco de un sentimiento similar durante una audiencia pública sobre el proyecto de ley anti- LGTBIQ+. El comisario Kyeremeh Atuahene opina que el proyecto de ley provocará un recorte de la ayuda de los donantes y, en última instancia, obstaculizará la gestión eficaz del VIH en Ghana.
