Cuando el Estado se convierte en cuidador de la moral, y se vuelve una realidad para las personas, se genera una «filosofía estatal de la intolerancia».
Qué es el bien, qué es el mal; cuándo una acción es correcta y cuándo es incorrecta; en qué momento se podría justificar alguna acción«mala» para conseguir algo «bueno» o hasta qué punto hay cierta permisividad de lo malo para obtener un bien, podría preguntarse cualquier persona sobre su actuación en el mundo cotidiano y frente a diversas problemáticas que se le presentan a lo largo de su vida.
Para todas aquellas situaciones en las que se debe dirimir entre el bien y el mal, se apela a la moral, un concepto en constante definición y debate desde la Antigüedad. Ya los filósofos griegos Platón y Aristóteles discernieron sobre la problemática y establecieron sus postulados. Platón apelando a que el Estado ideal debería proteger la moralidad de sus individuos, asumiendo que esté mismo estaba en un momento de crisis. Mientras que Aristóteles, ateniéndose más a las acciones humanas, esgrimía una moral más centrada en la individualidad de cada persona.
Una definición clásica de moral es la propuesta por Adolfo Sánchez Vázquez, para quien esta representa un conjunto de normas y reglas de acción destinadas a regular las relaciones de los individuos en una comunidad social, el significado, función y validez de ellas no pueden dejar de variar históricamente en las diferentes sociedades. Lo cual significa que la moral es un hecho histórico, y por tanto, no puede concebirse como algo dado de una vez y para siempre.
Debido a que los temas abordados por la moral se refieren a los valores, el bien y el mal, no puede dejarse de lado, lo que han señalado eticistas como George E. Moore sobre lo bueno, al afirmar que el concepto por sí mismo es indefinible o sería difícil hacerlo ante la gran cantidad de sistemas éticos existentes.
La mayoría de ellos están basados en sistemas de creencias y cosmovisiones diferentes por lo que la posibilidad del establecimiento de valores morales únicos resulta compleja.
Por esa razón, elementos como la laicidad resultan indispensables para que dentro de una sociedad haya la posibilidad de la coexistencia de diferentes formas de pensar y de explicarse el mundo, pues el concepto mismo, no sólo habla de la separación entre el Estado y las diferentes instituciones religiosas, agnósticas o ateas sino también de la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
Y dicha laicidad se sustenta en la libertad de conciencia, la igualdad de derechos (impidiendo el privilegio público) y la universalidad de la acción pública, es decir, todas las personas pueden tener injerencia en el espacio público, pero sin tratar de imponer una creencia o una visión única del mundo.
Desde hace meses, uno de los ejes de la administración pública federal actual ha sido la promoción de una Cartilla Moral en diferentes ámbitos, entre ellos, las escuelas. Elaborada hace casi 70 años por Alfonso Reyes, en su contenido se estipula educar a las personas para el bien, civilización y cultura, los respetos morales, el respeto hacia nuestra persona, la familia, la sociedad, la ley y el derecho, la patria, la sociedad humana y la naturaleza.
Esta Cartilla ha sido presentada como un insumo para dialogar entre los integrantes de las familias «acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor».
En un análisis sobre la propuesta ética platónica con respecto a la posibilidad de que el Estado sea el que proteja la moralidad de los individuos, la filósofa húngara Agnes Heller acota que si el Estado llega a cumplir ese papel de cuidador de la moral y está se convierte en una realidad para todas las personas, entonces se genera «una filosofía estatal de la intolerancia«.
Leonardo Bastida
