Descargo de responsabilidad
Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:
El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.
Mientras se escenificaba el hacer política con grandes miras, se han tomado decisiones que lejos de mejorar nuestro sistema educativo lo han empeorado, ya que se han dirigido a perpetuar el actual sistema dual.
El pacto educativo alcanzado el 7 de abril de 2022 con el apoyo del 91% del arco parlamentario escenificó un consenso inesperado entre quienes, en principio, no tenían proyectos políticos afines. De este modo, este consenso, cuyo objetivo consistía básicamente en “estar de acuerdo”, no se esmeró en poner freno y cincelar una propuesta que pretendía equiparar titularidad pública y privada. A su vez, este consenso de contenido difuso abrió las puertas de par en par a una ley que, de ahí en adelante, debía ser leída en la lógica de los grandes pactos políticos.
Mientras se escenificaba el hacer política con grandes miras, se han tomado decisiones que lejos de mejorar nuestro sistema educativo lo han empeorado, ya que se han dirigido a perpetuar el actual sistema dual. Vía decreto se han tomado decisiones en torno a la matriculación y la admisión que no han hecho nada para mejorar la planificación escolar, eje central de la distribución del alumnado entre pública y privada. Por lo tanto, sigue sin priorizarse la oferta educativa de la escuela pública, la cual, en algunos pueblos como por ejemplo Andoain, no llega al 15 %. No olvidemos que el propio dictamen jurídico de la ley nos habla de la incompatibilidad que esto supone con la LOMLOE, en la que consta el imperativo de aumentar la oferta pública.
“En este proceso escenificado con tanto consenso, no podemos negar que hemos sido llamadas a hacer aportaciones en numerosas ocasiones, pero igualmente recordamos que no han sido tenidas en cuenta”.
En este proceso escenificado con tanto consenso, no podemos negar que hemos sido llamadas a hacer aportaciones en numerosas ocasiones, pero igualmente recordamos que no han sido tenidas en cuenta. Podríamos decir, incluso, que se ha frivolizado con nuestras preocupaciones, asegurándonos, entre otras cosas, que se prohibirían las cuotas en los centros privado-concertados, que habría ventanilla única de matriculación o que el proyecto lingüístico del centro, sea este cual sea, podría asegurar un perfil B2 de euskera al alumnado.
Ahora que se vota el texto definitivo, recibimos, en nuestro caso sin sorpresa, la noticia de que no habrá mecanismos reales de control sobre aquellos centros privados que reciban dinero público.
Ahora que se vota el texto definitivo, recibimos, en nuestro caso sin sorpresa, la noticia de que no habrá mecanismos reales de control sobre aquellos centros privados que reciban dinero público. Como hemos dicho en incontables ocasiones, es inviable asegurar la gratuidad y laicidad de aquellos centros cuya identidad debe respetarse, ya que su razón de ser, es, respectivamente, diferenciarse o evangelizar. Pero no lo decimos solo nosotras, lo avalan prácticamente 40 años de incumplimiento del decreto del Reglamento de Conciertos Educativos (293/87), y nos lo recordaba recientemente un miembro de la inspección en la comisión educativa; la realidad a día de hoy es que no hay mecanismos de control.
De todo esto se deduce que se mantendrá la concertación universal y que, además, ahora tendrá un paraguas legal que asegurará su futuro ante la preocupante bajada de natalidad. Por lo tanto, alguien podría preguntarse qué aporta esta ley, ya carente de consenso, al sistema educativo, si es que en algún momento fue su pretensión atender a los problemas que le afectan. Nosotras tenemos claro que no solucionará la segregación, la cual padecerá nuestra sociedad en su totalidad, alimentando el malestar que se vive y aumenta en los pueblos y parques, entre las familias y amistades.
“No prevemos que esta ley dure 30 años, pues ahonda en la desigualdad, propicia dinámicas racistas y clasistas, lo que a su vez esta directamente relacionado con el uso del euskera, que tampoco fomenta la ley”
Es por eso que no prevemos que esta ley dure 30 años, ya que ahonda en la desigualdad social, propicia dinámicas racistas y clasistas que originan ausencia de cohesión social, lo cual a su vez esta directamente relacionado con el uso del euskera, que tampoco fomenta la ley.
También carece de consenso social, como han demostrado las multitudinarias aunque desoídas manifestaciones que se han llevado a cabo en los últimos meses a favor de la escuela pública. Lo único que esperamos ahora es que la Ley de Educación no se convierta en una moneda de cambio que alterne según el color o intención política de turno, con la consiguiente inestabilidad que eso supone.
Por último, nos queda preguntar a quienes han participado en este proceso, si mereció la pena, ya que el fruto de este documento se coloca por debajo de los estándares de la LOMLOE en lo que a escuela pública se refiere, e imaginamos que esto no satisface a quienes promovieron esta ley estatal. Pero tampoco da un lugar a la euskaldunización del sistema y esto no nos satisface a quienes creemos que el euskera debe ser el eje del sistema educativo. Parece imposible imaginar que nadie le hubiera dado su apoyo al PNV si esta hubiera sido su propuesta inicial, o quién sabe, tal vez sí, y por eso estamos aquí.
