Bahramí rechaza aplicar el ojo por ojo a su agresor
La presión internacional ha logrado que Ameneh Bahramí, una mujer iraní a la que un pretendiente despechado dejó ciega al arrojarle ácido a la cara hace siete años, renunciara ayer en el último momento a la ley del Talión. De acuerdo con la legislación iraní, el responsable de tal atrocidad, Majid Mohavedí, había sido condenado a sufrir la misma pena que infligió a su víctima; y solo ella podía pedir que se le conmutara. Bahramí solicita a cambio que el agresor la compense con 150.000 euros para financiar su tratamiento médico.
"Todo estaba listo para llevar a cabo la pena sobre los ojos de Majid, pero Ameneh le ha perdonado cuando estábamos a punto de ejecutarla", anunció el fiscal general de Teherán, Abbas Yafarí Dolatabadí, citado por la agencia semioficial Isna. El responsable judicial alabó la decisión de la mujer como "un acto valiente". La televisión iraní mostró imágenes de la mujer en una sala de hospital con su agresor arrodillado a la espera de que ella le echara unas gotas de ácido en los ojos. Mohavedí lloraba y decía que Bahramí había sido "muy generosa".
"Durante siete años he tratado de conseguir que se cumpla la ley del Talión
[qisas en la ley islámica], pero hoy he decidido perdonarle", declaró Bahramí. La mujer dio a entender que el revuelo internacional despertado por su caso había pesado en su decisión. "Daba la impresión de que todo el mundo estaba esperando a ver lo que hacíamos", señaló.
Bahramí, de 32 años, perdió la vista en los dos ojos en 2004, cuando Mohavedí, despechado porque había rechazado sus insistentes propuestas de matrimonio, le destrozó la cara al atacarla con ácido. El agresor fue detenido y, cuatro años después, un tribunal le condenó a ser privado de la vista, en aplicación del bíblico "ojo por ojo y diente por diente" que la interpretación iraní de la sharía (ley islámica) mantiene de forma literal.
La crueldad de la condena desató una campaña de Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. El régimen iraní, cuya imagen está por los suelos tras la represión de las protestas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad y la condena a morir lapidada contra Sakineh Ashtianí, se ha mostrado sin duda sensible a esa movilización. Las autoridades judiciales suspendieron la ejecución de la sentencia el pasado 14 de mayo sin explicar los motivos y, desde entonces, han presionado a Bahramí para que perdonara a su agresor, según ha relatado ella misma.
A lo que no renuncia, y así lo ha dicho claramente en varias ocasiones, es a lo que en la legislación islámica se conoce como "precio de sangre", una compensación económica que le resarza del sufrimiento que ha padecido. Bahramí, que lleva cerca de una veintena de operaciones y cuyo rostro aún está desfigurado, pide que Mohavedí le pague el tratamiento que necesita. Calcula que costearlo suponen 150.000 euros.
Mientras no pueda cumplir ese requisito, el hombre no podrá salir de la cárcel, donde ya ha cumplido siete de los 12 años a los que fue condenado. Su abogado ha dicho que el precio de sangre fijado por Baharami supone una cifra inalcanzable para él. El único activo del que dispone su familia, argumenta, es una casa en Teherán.
Por otra parte, ayer también se celebró en la capital iraní la tercera y última vista del juicio contra tres excursionistas estadounidenses que justo hace dos años fueron detenidos en la frontera con Irak. Shane Bauer, Josh Fattal y Sarah Shourd (que fue liberada bajo fianza el pasado septiembre) han defendido desde el principio que se extraviaron cuando hacían senderismo. Pero las autoridades iraníes, que no desaprovecha cualquier ocasión de azuzar sus malas relaciones con EE UU, les acusan de entrada ilegal en el país y de espionaje, un cargo que puede castigarse con la pena de muerte y que los tres han rechazado.
Su abogado, Masoud Shafi, que no había podido reunirse con ellos desde su anterior comparecencia ante el juez el pasado 6 de febrero, expresó su confianza en que haya una sentencia favorable en el plazo de una semana. Amnistía Internacional ha denunciado el proceso de "parodia de justicia". En un signo de las intenciones del régimen de Teherán, la televisión estatal volvió a airear ayer el caso de varios iraníes detenidos por diversas causas en EE UU.
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