Una incoherrancia poliédrica

Lo confieso con cierta vergüenza: He de reconocer que hasta yo mismo, con 23 años, me senti "monárquico" aquella inquietante noche de tanques en la calle y uniformes en TVE. Y como millones de españoles, participé de ese sentimiento que algunos denominan juancarlismo, una especie de ilusión monárquica colectiva que encumbró al Rey Juan Carlos a la cima de la Democracia. Considere el lector/a esta entrada, entre otras cosas, como una especie de penitencia autoimpuesta por semejante desvarío juvenil.

A pesar de todo lo sucedido en el 2011-2012, muchos analistas sustentan la vigencia de la Monarquía  en las encuestas, como la que figura en la imagen superior, realizada antes del accidente del elefante. De ella se deduce que la mayoría de los españoles prefieren la Monarquía Parlamentaria a la República, aunque en acelerada disminución desde el año 1996. Se observa también  un matiz muy importante: Este porcentaje se iguala entre los más jóvenes, lo que podría anunciar un futuro poco  halagüeño para la Institución Real. Finalmente hay medios de comunicación  que, a pesar de todo,  creen que la Monarquía no está en crisis.
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, en su primer artículo,  todo lo contrario a la cruda realidad descrita en las líneas precedentes: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". No es más que una meta, un  ideal que obliga a los Estados firmantes, entre ellos al español, a elaborar leyes democráticas que sirvan como herramientas para  compensar estas desigualdades. Por eso, la Constitución Española de 1978 dispone, en su artículo 14,  la igualdad ante la Ley de todos los españoles (y españolas, obviamente, aunque el lenguaje del 78 sea sexista): "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
 

Incoherencia y ranciedad son las señas de identidad de una incoherrancia. Partiendo de esta premisa, ¿hay algo en nuestra sociedad  más incoherente y más rancio que la Monarquía?

Esta incoherrancia es, además,  poliédrica. A mí se me ocurren seis caras para describirla: Su origen, su naturaleza,  la ausencia de control democrático y la inviolabilidad del Rey, su coste económico y su confesionalidad religiosa. Probablemente haya alguna más. Vamos a abordarlas una a una.

El Rey recibió de un Dictador su nombramiento como Príncipe heredero. Esto, de por sí, es inaceptable para construir los cimientos de una Democracia.  Se nos justifica alegando que el paso de un régimen autoritario a otro basado en las libertades se hizo respetando la legalidad vigente, mediante la Ley para la Reforma Política, lo cual permitió una transición pacífica, que de otra manera hubiese sido imposible.  Sin embargo, esta ley, al igual que la de la Sucesión en la Jefatura del Estado,  fueron aprobadas por unas Cortes franquistas y  "refrendadas" por el pueblo  en el 47 y en el 76, respectivamente, en ausencia de libertades mínimas, por lo que su valor democrático es nulo. Como dice José López en su libro "La causa republicana",  "la Monarquía fue una especie de chantaje, más que una libre elección: Democracia con Monarquía o franquismo sin Franco"

No obstante, muchos partidos políticos, independientemente de su ideología (2), pasaron por el aro de la Corona durante la Transición, que culminó con el SÍ a la Constitución Monárquica en el Referéndum del 78. Pero, a pesar del apoyo de los partidos políticos mayoritarios y de la ciudadanía en general, ¿fue una decisión libre del pueblo español? Por supuesto que no. En primer lugar solo hubo una opción, la de votar SÍ. El NO significaba quedarse congelados en el tiempo, sin avanzar ni un paso hacia la libertad. En segundo lugar, la situación política era inestable, los ciudadanos/as sentían miedo, casi terror, a una hipotética intervención del Ejército, bajo el pretexto de la violencia  terrorista y del separatismo, por lo que el ambiente que se respiraba no era el más adecuado para decidir. Por último,  se nos  "vendió" en un solo paquete la Democracía y  la Monarquía, como si fuesen inseparables, cuando en realidad son casi antagónicas.

A pesar de todo, es posible que en 1978 hubiese existido un cierto consenso para aceptar que la Jefatura del Estado recayese en manos de D. Juan Carlos. Pero, 34 años después de la aprobación de la Constitución, ya es  hora de culminar la Transición y comenzar a cuestionar el cuasi oxímoron Monarquía-Democracia. Algunos partidos políticos, dentro y fuera del arco parlamentario, ya lo están haciendo (3), mientras se debate sobre la viabilidad de la 3ª República en los medios de comunicación y se reflexiona sobre los contenidos de una Constitución Republicana  (4).

La transmisión hereditaria de la Jefatura del Estado, en virtud del Título II, es un insulto a la inteligencia y a la ética. La función pública no puede ser heredable, aunque el futuro monarca se haya preparado para ejercer su profesión concienzudamente (5). Es la gran paradoja constitucional: Un privilegio que atenta contra el principio básico de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, consagrada en la misma Constitución. La herencia de un trabajo, de un salario y la posibilidad de transmitirlos a su vez a sus descendientes sine die,  contradice las más elementales normas de la justicia y del sentido común.

Por otra parte, entraña un peligro para el propio Estado: ¿Qué sucedería si la persona en la que recae esta responsabilidad es manifiestamente inútil? ¿O si se muestra incompetente durante su reinado? ¿Y si es un "chorizo"? El Parlamento, a pesar de disponer de recursos para inhabilitar al Rey en casos excepcionales (artículo 59), no nos protege frente a este otro peligro "Real". La elección democrática del Jefe/a del Estado  y la exigencia de responsabilidades políticas y penales evita este grave  inconveniente.  Chirac, en Francia,  y  Berlusconi, en Italia, saben muy bien lo que es eso.

La Democracia en peligro por estas circustancias se vincula, obviamente, con  la ausencia de control y la inviolabilidad del Rey, que vamos a tratar, junto con las demás facetas de esta incoherrancia, en una segunda parte.

Artículo de la inviolabilidad del Rey en la Constitucion de 1812

La falta de control democrático y la inviolabilidad Real

El Rey está fuera de control. Pero no sean "mal pensados". No me refiero a las correrías sentimentales del Monarca, que no me interesan y que, desde el punto de vista que nos ocupa, son intrascendentes… si no afectan a sus obligaciones constitucionales. Lo que quiero decir es que el Rey no tiene que rendir cuentas ni someterse al control de las instituciones democráticas, como el Ejecutivo o el Parlamento.

Ni siquiera ante el Poder Judicial, ya que,  según el artículo 56 de la Constitución, la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2 (sobre el relevo de los miembros civiles y militares de su Casa) (6).

En este sentido, según la sinópsis del propio artículo,  ambos términos, inviolabilidad (repecto a su persona) e irresponsabilidad (respecto a sus actos institucionales), significan que no se puede perseguir criminalmente al Monarca y que la responsabilidad recae en las personas que refrenden sus actos, como por ejemplo, el Presidente del Gobierno (6).  Esto equivale a un  status especial de inmunidad en virtud del cual el Rey se sitúa por encima del debate político y al margen de los Tribunales de Justicia. Tampoco podría ser juzgado en caso de violación o asesinato. Para ello tendría que abdicar y, de momento, no hay en España una ley orgánica que lo regule (7). Por el contrario, si se pueden  someter a juicio a los demás  miembros de la Familia Real.

La inviolabilidad e irresponsabilidad del Rey son, además de privilegios absolutos respecto al resto de los ciudadanos/as,  un obstáculo para la Justicia. Por ejemplo, ¿podría investigar la Fiscalia las  hipotéticas implicaciones del Rey en los tejemanejes de su yerno? No lo sé, aunque me inclino a pensar que no. Pero, aunque fuese posible hacerlo, no podría ser juzgado por ello. Algo incoherente y contradictorio en una verdadera Democracia: No perseguir a los delincuentes y dejar impunes los delitos. 

El coste económico
El mantenimiento de la Casa Real es un gasto económico impuesto por la genética. Su presupuesto, transparente desde hace muy poco tiempo,  gira alrededor de una línea hereditaria en la que el parasitismo, dicho sea con todos lo respetos, campa a sus anchas.

En el 2012 este presupuesto ascendió a 8.264.280 euros, desglosados de la siguiente manera: Gastos de la Familia Real (9,13 %), gastos de personal (48,4 %), gastos en bienes y servicios (40,7) %, contingencias (0,85 %) e inversiones reales (0,91 %).

Algunos argumentan que el mantenimiento de la Presidencia de la República costaría más, apoyándose en los datos contables de algunas repúblicas europeas. Yo creo que la Presidencia de la República en España costaría menos que la Monarquía, a juzgar por las cifras y porcentajes que se manejan. Nos  ahorraríamos, al menos, una buena parte de los gastos destinados a la Familia Real, como el sueldo del Príncipe y las asignaciones de la Reina y las Infantas, ya que solo tendríamos en nómina a un Presidente. Además, podríamos ahorrarnos gastos en bienes y servicios, si la residencia del Presidente de la República fuese más modesta que el palacio de la Zarzuela.  Incluso podrían ser menores los  gastos de personal: Altos cargos, secretarios, funcionarios, administrativos, laborales, etc. Eso sí, como correspondería al plus de democracia vinculado a la República, habría que sufragar el importe de las campañas electorales de los partidos políticos y los gastos electorales de las elecciones presidenciales cada X años.

Su confesionalidad

Y aunque el Rey no recibió la Corona por la Gracia de Dios, sino por la de Franco, su Casa mantiene  unos estrechos vínculos con la Iglesia Católica: Bodas, bautizos, funerales, patronos, misas, etc. en absoluta contradicción con la letra y el espíritu de la Constitución que establece en su artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones."  

Machismo "Real"