José Britez integró la banda liderada por curas que abusaron y torturaron por décadas a niños sordos. Fue detenido y luego liberado por la supuesta “prescripción” de sus crímenes. La causa está abierta, pero el Consejo de Educación provincial le permite trabajar en la escuela técnica de Jardín de América. Un periodista lo descubrió y él decidió tomarse licencia. Alta complicidad de la jerarquía católica.
La semana pasada el periodista Mauricio Raga publicó una nota en el sitio Agencia Hoy de Posadas con información que causó revuelo en el ámbito educativo de la provincia de Misiones. La crónica lleva el título “Escándalo: un acusado de abuso sexual en el Instituto Provolo de La Plata, es docente en actividad en Misiones”.
Allí se muestra documentación que confirma que José Britez, excelador del instituto católico donde en los años 80 y 90 se cometieron infinidad de abusos sexuales y torturas a niños sordos e hipoacúsicos, lleva dos décadas dando clases a adolescentes de escuelas públicas misioneras, pese a que la causa penal por pedofilia que lo tiene como imputado sigue abierta.
Breve repaso del Caso Provolo
En noviembre de 2016 salieron a la luz pública las denuncias de abusos sexuales y torturas contra decenas de niñas y niños con discapacidad auditiva perpetradas por una banda de curas y monjas en el Instituto Antonio Provolo de Luján de Cuyo, Mendoza. Los acusados fueron los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, de 82 y 56 años respectivamente, el jardinero Armando Gómez, el exmonaguillo Jorge Bordón y las monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, entre otros.
El caso tuvo repercusión internacional e incomodó al Vaticano. Es que hasta 2013, cuando fue declarado Papa, Jorge Bergoglio llevaba años como jefe máximo la Iglesia católica argentina. Una institución verticalista, cuya cabeza maneja la información interna con secretismo extremo. Por más que haya jurado por Dios lo contrario, Bergoglio sabía qué pasaba en el Provolo, pero calló y encubrió. Hasta que estallaron las denuncias en Mendoza.
Allí el caso derivó en tres causas paralelas. A fines de 2019 Corradi, Corbacho y Gómez fueron condenados a 42, 45 y 18 años de cárcel. Un año antes Bordón se autodeclaró culpable y fue condenado a diez años de prisión. El tercer juicio fue más turbio, tuvo sentencia en 2023 y allí fueron absueltas las monjas, la exdirectora y la ex representante legal del Instituto.
Antes de instalarse en tierras cuyanas, Corradi y Corbacho habían integrado otra banda de curas criminales. Fue en la sede del Provolo de La Plata, la primera en abrirse en Argentina (en 1924) con sacerdotes exportados desde Italia. El mismo Corradi era italiano, al igual que Eliseo Primati, Giovanni Granuzzo y Giuseppe Spinelli. Según confesó el viejo cura pedófilo Eligio Piccoli ante una cámara oculta de la prensa italiana, muchos se refugiaban en Argentina tras ser denunciados por abusos en Verona. Unos 130 curas de la congregación fueron acusados de cometer todo tipo de atrocidades entre 1955 y 1984.
En La Plata las vejaciones a niños y niñas con discapacidad auditiva fueron moneda corriente. Los años de “esplendor” de Corradi y sus secuaces fueron los 80 y 90, donde ninguna de sus víctimas logró denunciarlos. A los problemas de comunicación (potenciados por una “pedagogía” represora), se sumaban la vulnerabilidad de sus familias y el encubrimiento garantizado del Arzobispado de La Plata. Un cóctel perfecto.
Pero apenas estallado el escándalo en Mendoza, un sobreviviente de los abusos en La Plata se animó y presentó una denuncia penal contra sus viejos abusadores. Y ahí aparece en la historia el “profesor” José Britez.
El celador
La primera denuncia platense se radicó en la Unidad Fiscal 4 de Delitos Conexos con Trata de Personas y Pedofilia. Pero su titular, Fernando Cartasegna, era un fiel amigo de la Curia. Literalmente, “planchó” la causa. Sólo el deterioro inocultable de su salud mental lo hizo dejar el cargo y recién en abril de 2018 el expediente del Provolo pasó a manos de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI 15.
Entre víctimas y testigos, Corfield citó a declarar a más de una veintena de personas. También realizó inspecciones en la sede ubicada en 25 y 47 y ordenó diversas pericias. El relato de varios exalumnos no dejó lugar a dudas. Entre los testimonios más crudos recibidos por la fiscal estuvo el del salteño Daniel Sgardelis, hoy de 49 años, quien en 2017 compartió su relato en una extensa conversación con La Izquierda Diario .
Con las pruebas en la mano, en octubre de 2019 la fiscal Corfield solicitó la elevación a juicio contra Corradi, Primati y Brítez, quien había trabajado por años como celador del Instituto. Corradi ya estaba preso, a punto de ser condenado en Mendoza. Primati llevaba dos años viviendo en Verona, “refugiado” allí por obra y gracia del Arzobispado platense (el Estado italiano nunca hizo efectiva su extradición). Y Britez había sido detenido seis meses antes, tras ser hallado en la ciudad misionera de Jardín América.
Los sobrevivientes aseguraron que Britez participaba de los abusos. Al menos dos de ellos dijeron que, cuando tenían entre 8 y 10 años, el celador se aparecía de noche en las habitaciones (era un régimen “internado”) y se metía en sus camas. A veces los abordaba en el baño. Casi siempre el abuso era con acceso carnal. Las víctimas no sólo eran menores sino en extremo indefensas. Muchos no tenían familia. Y quienes la tenían no podían comunicarse fácilmente con ella.
A fines de abril de 2019 Corfield pidió al juez de Garantías Jorge Moya Panisello que ordenara la prisión preventiva de Britez. La acusación era lapidaria: abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador y abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores gravado por el medio comisivo y por la edad de las víctimas.
Al día siguiente una delegación de la Policía Bonaerense viajó a Jardín América. La detención sacudió a los 22 mil habitantes de esa pequeña localidad misionera, distante a cien kilómetros de Posadas. Es que el hombre llevaba años enseñando informática en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7. Encima se lo llevaron del mismo establecimiento ubicado Colombia y Perú.
Detención, “prescripción” y a seguir “educando”
A mediados de 2019 Britez llevaba casi dos décadas viviendo en Jardín América. Al menos desde 2006 daba clases en escuelas públicas. Según fuentes consultadas para esta nota, también habría trabajado en el Instituto Canossiano Nuestra Señora de la Salud, dependiente de la Iglesia. Es decir que, al momento de ser detenido, por sus cursos ya habían pasado varias generaciones de estudiantes.
Enteradas de la prisión preventiva dictada en La Plata, las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) de Misiones abrieron un sumario administrativo contra Britez y lo separaron de “todos los cargos y horas que detente como profesor”, al menos “mientras dure la investigación sumaria”. La medida fue publicada a través de un edicto en el Boletín Oficial del Estado misionero.
Britez estuvo con prisión preventiva entre mayo de 2019 y noviembre de 2020, hasta que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense Ricardo Borinsky y Víctor Violini dijeron que el caso no podía seguir abierto ya que los delitos por los que se los acusaba a él y los curas habían “prescripto”. Gracias a ese fallo consagratorio de la “santa impunidad”, el excelador del Provolo platense pudo regresar en libertad a tierra misionera.
El fallo de Casación no cerró la causa ni declaró inocente a Britez. Sólo dijo que los crímenes por los que se lo imputó habían quedado viejos. Hay una gran controversia jurídica sobre la supuesta “prescripción” de los delitos sexuales, tanto que en casos similares hubo condenas por abusos cometidos décadas atrás. Eso explica que la fiscal Corfield haya apelado la sentencia de la Cámara. Apelación que lleva cinco años esperando en los despachos de la Corte Suprema bonaerense.
Pese a que la causa está abierta, Britez volvió a dar clases como si nada en la EPET 7 de Jardín América. Para el Consejo General de Educación, la apelación de la Fiscalía platense no significa nada. Con el fallo por “prescripción” le alcanzó para cerrar el sumario administrativo y devolverle sus horas al “profesor”. Y aquí es donde aparecen una serie de irregularidades protagonizadas por el CGE, que la semana pasada el periodista Raga de Agencia Hoy sacó a la luz.
Consejo amigo
¿Qué pasó mientras Britez estuvo un año y medio detenido? En julio de 2019 él mismo solicitó al CGE una “licencia por razones particulares”. Pese a figurar como “apartado” de sus funciones desde mayo, se la dieron. Tres meses después comunicó al CGE que renunciaba “con carácter condicional” a las 9 horas que tenía en la escuela técnica. Y en julio de 2020, como si lo anterior no hubiera pasado, curiosamente pidió renovar su “licencia por razones particulares”.
El último trámite de esa zaga lo hizo en noviembre de 2020, apenas la Casación bonaerense ordenó su libertad tras dar por “prescriptos” los hechos. De nuevo en el pueblo, Britez pidió al CGE que diera la “baja definitiva” al sumario administrativo iniciado un año y medio antes.
Recién el 7 de abril de 2021 el Consejo emitió la Resolución 966. Allí, atendiendo las recomendaciones del Departamento de Sumarios de la Dirección de Asuntos Legales, se resolvió “sobreseer” a Britez y archivar el sumario. Según la medida, a la vez se decidió “excluirlo” del padrón provincial docente “para ocupar cargos de interinatos y/o suplencias en escuelas primarias, secundarias y especiales”.
Desde ese momento Britez sólo podría dar clases a adultos o a personas presas, con lo que “se evitaría tener contacto con menores adolescentes”. Al menos así se lee en la Resolución 966 (a la que accedió este diario), que lleva las firmas de Juan Alberto “Colita” Galarza y Norma Cuquejo, entonces director general y secretaria general del CGE, respectivamente.
Extracto resolución 966/2021 del CGE
La información difundida la semana pasada por Agencia Hoy confirma que, más allá de los escritos del CGE, Britez no sólo siguió al frente de sus clases de informática en la EPET 7 sino que amplió exponencialmente las horas de las que es titular. Y, por ende, también creció su sueldo. Según datos de la planta orgánica nominal de la escuela relevados por el periodista de Posadas, Britez pasó de tener 9 horas de clases semanales en 2019 a 42 en la actualidad, al menos 26 de ellas como titular.
No sólo eso. Desde el 24 de febrero de 2022 el CGE tiene en su poder la solicitud de jubilación de Britez, próximo a cumplir 60 años. Según datos del propio Consejo, ese trámite ya estaría “terminado”. Como si nada pasara.
¿Quién se hace cargo?
El sitio Agencia Hoy publicó la denuncia periodística sobre la situación irregular del “profesor” Britez el martes 26 de noviembre. Acusando recibo del escándalo, al otro día Britez se pidió una “licencia médica” mientras el Consejo General de Educación decidió dar un giro de 180 grados y reabrir el sumario administrativo que había archivado en 2021. Además, suspendió el trámite jubilatorio iniciado en 2022.
En declaraciones al portal posadeño Primera Edición, la actual directora general del CGE Daniela López confirmó esa información. “Cuando el CGE dio por concluído el sumario, en 2021, no había encontrado nada que impidiera su regreso al cargo”, dijo la funcionaria. Y dio a entender que de no haber sido por “lo publicado en los medios sobre la causa”, nada de esto estaría pasando.
Según los dichos de López, con el escándalo salido a la luz Britez “no puede jubilarse”, ya que el sumario reabierto “puede determinar como sanción su exoneración o retrogradación del cargo”. Aunque, aclaró, por el momento no habría motivos para que el docente siga cobrando su sueldo.
Quienes no hablan, al menos de momento, son el extitular del CGE, Alberto “Colita” Galarza, su exsegunda Norma Cuquejo y la exdirectora de enseñanza técnica del CGE Rossana Ayala. Sería bueno que explicaran los por qué de haber bancado a Britez, existiendo sobre él la comprobación de que cometió crímenes gravísimos y reiterados sobre niñas y niños sordos e hipoacúsicos.
La provincia mesopotámica lleva muchos años gobernada por el mismo espacio político. Desde 2003 el Frente Renovador de la Concordia (FRC) hegemoniza la conducción política provincial, con gobernadores como Carlos Rovira, Maurice Closs, Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua. Éste último es el actual mandatario, aunque ya tuvo su primera gestión entre 2015 y 2019.
El verdadero capo del FRC siempre fue Rovira, hoy presidente de la Cámara de Diputados provincial. En 2006, siendo gobernador, tuvo un fuerte encontronazo con la Iglesia cuando, impulsado por el presidente Néstor Kirchner, quiso reformar la constitución provincial para tener una nueva reelección. Llamó a un referéndum y perdió. La campaña en contra la encabezó el obispo de Iguazú, Joaquín Piña, avalado desde Buenos Aires por Bergoglio.
Tras aquel duro golpe, Rovira comprendió que lo mejor era llevarse bien con la Curia. Tal vez como parte de ese “entendimiento”, en la provincia de la tierra colorada criminales sexuales como José Britez consigan todo tipo de privilegios y sientan que pueden seguir cerca de niños y adolescentes sin que nadie lo moleste.
