Se espera un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la decisión de apartar de la clase de religión a una exmonja lesbiana. Está en juego la potestad de cada confesión religiosa para determinar la idoneidad de los profesores que imparten clase sobre su fe.
La organización ADF International, dedicada a la protección de las libertades fundamentales y la dignidad humana, ha lanzado una campaña de firmas para llamar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a no emitir un fallo que afectaría la libertad religiosa en Chile con el caso Sandra Pavez.
La campaña lanzada en la página web www.religionlibre.org se refiere al caso de Sandra Pavez, una exmonja lesbiana a la que la Diócesis de San Bernardo (Chile) no le renovó el certificado de idoneidad para seguir impartiendo clases de religión en 2007.
Ella optó por vivir con su pareja mujer y hacer pública su relación homosexual.
El obispo de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González, le dijo que “se vería en la obligación de revocar su certificado de idoneidad, al no dar ‘testimonio de vida cristiana’, que la Iglesia Católica espera de sus profesores”, describe la campaña.
De acuerdo al decreto 924 del año 1983, que reglamenta las clases de religión en los colegios, Pavez “no pudo seguir dictando esa clase específica en la escuela”.
De lo anterior no se siguió un juicio negativo sobre la competencia profesional de la profesora Pavez, ni se puso en tela de juicio su derecho de seguir ejerciendo funciones docentes de otra índole, incluso en el mismo establecimiento”.
“Esto es de hecho lo que ocurrió, sin que la profesora Pavez perdiera por un momento siquiera la fuente de su sustento, o que fuera apartada de la comunidad escolar”, precisa la campaña.
Pavez demandó a la Iglesia Católica por discriminación y esta fue rechazada por la Corte Suprema.
En 2008 llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “que le dio la razón afirmando que tiene derecho a hacer clases de religión católica aun contra la objeción de su iglesia y que las comunidades de fe no pueden requerir de los profesores una conducta de vida fiel a sus creencias, ni aun en los colegios privados”.
Hoy el caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la espera de una decisión para este 2021.
Los firmantes de la campaña esperan que la Corte considere “todos los intereses y derechos envueltos, pues sabemos que lo que resuelva en este caso puede generar ramificaciones que alcanzarán el ejercicio y goce de nuestros derechos en los Estados que habitamos”, describe.
ADF International alerta que de esa decisión dependerá si las “escuelas católicas, judías, musulmanas, evangélicas o de cualquier otra denominación podrán procurar que sus educadores religiosos guarden sus deberes de fidelidad hacia la fe que voluntariamente dicen profesar”.
Además, del fallo dependerá “si los Estados respetarán el derecho de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa que sea acorde con sus convicciones”.
En ese sentido, “el derecho internacional de los derechos humanos reconoce como un elemento central de la enseñanza de la religión -que es una manifestación de la libertad de religión- la libertad de cada comunidad religiosa para escoger quien la impartirá en su nombre”.
Asimismo, “los tratados de derechos humanos además reconocen para nosotros, los padres, la libertad y el derecho de garantizar que nuestros hijos reciban una educación moral y religiosa que esté de acuerdo con nuestras convicciones”, agrega la campaña.
“En virtud de nuestra libertad de religión es que tenemos un derecho expresamente reconocido y protegido a diseminar nuestra fe, comenzando por asegurar que la misma será transmitida a nuestros hijos”.
Es en ese contexto, que los firmantes consideran “absolutamente central” la “coherencia de vida” de quienes enseñan la religión.
