PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos abogan por el fin de la exención para los inmuebles arrendados en los que no hay labor social ni pastoral
El Supremo y el Constitucional avalan los beneficios de la Iglesia, que sólo pueden suprimirse con una reforma legal
Europa Laica defiende que no haya exención en ningún caso ni para las confesiones religiosas, ni otras entidades
Tanto PSOE como Unidos Podemos y Ciudadanos, consultados por este periódico, se declaran abiertamente contrarios a esta exención. Es decir, son partidarios de que la Iglesia pague el IBI de todos los inmuebles que no tengan un fin religioso. Los tres grupos de oposición de ámbito estatal suman 183 diputados: 84 el PSOE, 67 Unidos Podemos y 32 Ciudadanos. El grupo de ERC (9) y los diputados del grupo mixto de Compromís (4), Bildu (2) y Nueva Canarias, aliado del PSOE (1), también son favorables al fin de esta exención, según sus compromisos electorales y manifestaciones públicas, con lo que la cifra mínima de escaños contrarios a la misma asciende a 199 de un total de 350 asientos en el Congreso: una holgada mayoría absoluta. La eliminación de la posibilidad de que la Iglesia realice actividades lucrativas en inmuebles por los que no paga IBI podría exigir, al menos, un cambio de la Ley de Mecenazgo para cerrar dudas sobre su interpretación.
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Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, defiende que no haya exención para la Iglesia en ningún caso. Es decir, ni para la Catedral de La Almudena, ni para la casa del párroco de una aldea, ni para el convento de Begur. Y que tampoco la haya para ONG, ni partidos políticos, ni fundaciones.. A su juicio, con los beneficios fiscales para entidades «que se supone que hacen un servicio a la sociedad» se está colando «un desmantelamiento» de los servicios sociales, por el retroceso de la recaudación. «Están surgiendo fundaciones por todos lados. No puede ser. Hay un negocio montado, el llamado tercer sector, con organizaciones sociales de todo pelaje que se benefician de la segunda cruz del IRPF. Y hay mucha gente mirando para otro lado, también en la izquierda», señala. No obstante, Delgado matiza que, a efectos cuantitativos y en lo referente al IBI, lo más lesivo para las arcas públicas es la exención de la Iglesia, por su formidable patrimonio. «El problema [de las exenciones del IBI incluso de inmuebles alquilados] se agudiza en los últimos 20 años, cuando la Iglesia empieza a tener menos monjas y a alquilar bajos y conventos. Han colado todo un negocio mercantil sin que nadie haga nada», afirma.
«Esto es una batalla que hay que dar desde la política, con reformas legales que serían sencillas sentándose a hablar, y con un papel activo de los ayuntamientos, de denuncia ante la ciudadanía», añade Delgado, que lamenta que los alcaldes «no se están moviendo» y expresa su disconformidad con los gestos de complicidad que, a su juicio, Manuela Carmena (Madrid) y Ada Colau (Barcelona) están prodigando con la jerarquía católica. «Está pasando como con los primeros años del Gobierno socialista. Parecía que venía algún cambio en las relaciones, pero todo se desvaneció», afirma.
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