Una empleada de Lubasa niega que Orange Market hiciera un trabajo que facturó
La declaración no estaba prevista, al menos para ese día, pero un testigo cuya identidad no ha sido revelada compareció voluntariamente y aportó el pasado viernes, día 25 de octubre, nueva documentación al juez José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que investiga el caso Gürtel. La información es relevante, sobre todo, en relación con la investigación de una de las seis piezas en las que se ha organizado el caso, la que se refiere al fraude cometido con la sonorización y retransmisión de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. La trama Gürtel habría cobrado comisiones ilegales por más de tres millones de euros con la complicidad del entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García. También tienen que ver los documentos con la contratación de la Guía de la Comunicación del año 2005 por la Generalitat con Orange Market, la terminal valenciana de la trama.
Como consecuencia de la declaración voluntaria y de la nueva documentación aportada, que “resulta de interés para la investigación”, el magistrado ha decretado el secreto parcial de las diligencias que se practiquen, “singularmente” en la pieza 4, que se refiere a la visita del Papa, por un plazo de 30 días, y lo ha extendido a las piezas 1, 2 y 5, sobre las que puede llegar a incidir la práctica de las nuevas diligencias. Se trata de las dos piezas que investigan los supuestos delitos electorales cometidos en la financiación del PP y de los contratos firmados por diversos departamentos de la Generalitat con Orange Market. No se ven afectadas las piezas 3 y 6, sobre las adjudicaciones del pabellón valenciano en la feria turística Fitur y sobre delitos fiscales supuestamente cometidos en la financiación irregular del PP valenciano.
El juez decreta el secreto parcial del sumario en una pieza singularmente
Este mismo martes, el juez Ceres tomó declaración a varias personas relacionadas con el caso Gürtel. Un trabajador de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, uno de los principales imputados de la trama, y una antigua trabajadora de Lubasa, una de las empresas sospechosas de la financiación irregular del PP, pasaron por el tribunal. La exempleada de Lubasa, entonces responsable de marketing, declaró que los supuestos trabajos de cambio de imagen por los que Orange Market facturó en 2008 a la empresa 58.000 euros nunca se produjeron mientras ella estuvo en el departamento. La investigación ha revelado que varias empresas asumieron a través de Orange Market, mediante facturas falsas, la financiación de actos del PP valenciano en la época de Francisco Camps como presidente.
También declaró este martes el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boadas, a quien un antiguo empleado de Orange Market acusó hace un mes ante el juez de haber participado en el amaño de la visita del Papa y de haberlo hecho en nombre de Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas. Ambos negaron inmediatamente los hechos cuando se hizo pública la declaración.
Tras la información aportada por el testigo que compareció voluntariamente el viernes, el juez apunta a la realización de nuevas investigaciones por parte de la Policía Judicial en relación con la empresa Teconsa. La pieza 4, que es la que se ve principalmente afectada por la declaración parcial de secreto, se centra en la presunta prevaricación y cohecho cometidos en la contratación de RTVV con la mercantil Teconsa para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006. Teconsa habría funcionado como tapadera de la trama que lideraba Francisco Correa para embolsarse tres de los 7,4, millones de la adjudicación. Correa se habría quedado con 1,4 millones, Pablo Crespo con 630.000 euros y Álvaro Pérez y Pedro García con medio millón cada uno.
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