Después del Consejo Escolar inglés de Montreal, la Federación Autónoma de Educación (FAE) una organización sindical en la provincia de Quebec, anunció que ha presentado una petición ante la Corte Suprema de Canadá impugnando la Ley de Laicidad del Estado, aprobada en la provincia de Quebec.
Esa polémica ley prohíbe el uso de signos religiosos en el ejercicio de algunas funciones profesionales, afectando sobre todo a las mujeres musulmanas, a quienes se les prohíbe trabajar como maestras de escuela a menos que renuncien a portar el velo. Los detractores de esta ley dicen que restringe libertades fundamentales reconocidas en la Carta de derechos y libertades de Canadá.
En un comunicado de prensa publicado este 29 de abril, la FAE indicó que se opone particularmente al uso de la cláusula derogatoria, que permitió al gobierno de Quebec adoptar la ley sin que pueda ser impugnada en virtud de la Carta canadiense de derechos y libertades.
En febrero, el ministro responsable de la laicidad, Jean-François Roberge, presentó un proyecto de ley destinado a extender por otros cinco años la disposición derogatoria insertada en la ley en 2019.
Esa cláusula, incorporada de modo preventivo por el gobierno de François Legault, tiene como propósito cerrar el camino a cualquier impugnación jurídica fundamentada en la Carta de Derechos. y Libertades, en particular aquellas que afirman que esa ley es discriminatoria.
Según la FAE, es necesario desconfiar de la facilidad con la que los parlamentos suspenden nuestros derechos fundamentales mediante un uso excesivo de cláusulas derogatorias
.
En representación de nueve sindicatos que reúnen a unos 66.500 trabajadoras y trabajadores en educación, la Federación Autónoma de Educación considera que para que el uso de la cláusula derogatoria sea válido, el Parlamento que la utiliza debería tener que demostrar que el objetivo es real y urgente
, y que, además, sea un un ciudadano quien haga la solicitud.
Por estas razones, la FAE quiere que la Corte Suprema de Canadá, el máximo tribunal del país, examine la sentencia dictada este invierno por la Corte de Apelación, que validó la Ley 21, afirmando que la ley no viola los derechos lingüísticos de las comisiones escolares de lengua inglesa.
