Año récord en el corredor de la muerte iraní. 853 personas fueron ejecutadas en 2023 en la república islámica, la cifra más alta desde 2015 y en plena resaca de las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en el país. Al menos 481 ejecuciones, más de la mitad, estaban vinculadas a delitos de drogas, denuncia este jueves Amnistía Internacional en un exhaustivo informe en el que alerta de la tendencia se mantiene en lo que va de 2014, con cerca de un centenar de ejecuciones.
El número de ejecuciones supone un aumento del 48% respecto a 2022 y del 172% respecto a 2021. Las cifras de ejecuciones registradas por Amnistía Internacional son datos mínimos; la organización piensa que el número real es sin duda mayor, advierte Amnistía. En su informe Don’t Let Them Kill Us”: Iran’s Relentless Execution Crisis since 2022 Uprising, Amnistía denuncia que las autoridades iraníes han intensificado el uso de la pena de muerte para infundir miedo entre la población y afianzarse en el poder tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” ocurrida entre septiembre y diciembre de 2022. En el documento se da también la voz de alarma sobre el desproporcionado impacto sobre las comunidades pobres y marginadas de las mortíferas políticas antidroga que aplican las autoridades.
“La pena de muerte es abominable en toda circunstancia, pero aplicarla a escala masiva por delitos de drogas tras juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios es un abuso de poder grotesco. Las mortíferas políticas antidroga de la República Islámica contribuyen a reforzar un círculo de pobreza e injusticia sistémica y exacerban la discriminación contra las comunidades marginadas, en particular la minoría baluchi oprimida de Irán”, señala Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
Minorías y disidentes
“Entre las ejecuciones se cuentan manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas oprimidas, puesto que las autoridades han instrumentalizado la pena de muerte en un intento de sembrar el miedo entre la población y reprimir la disidencia. En ausencia de una respuesta global contundente, las autoridades iraníes no tendrán inconveniente en ejecutar con total impunidad miles de personas más en los años venideros”, agrega Eltahawy.
Amnistía considera que «se requieren urgentemente medidas internacionales contundentes para poner fin al escalofriante aumento de las ejecuciones, que en 2023 transformó las prisiones iraníes en centros de muerte masiva». En 2023 se produjo una oleada de ejecuciones que afectó a manifestantes, personas usuarias de las redes sociales y otras personas disidentes o percibidas como tales, por actos amparados por el derecho internacional de los derechos humanos, en virtud de cargos tales como “insultar al profeta”, “apostasía” y otros ambiguos como “enemistad con Dios” (moharebeh) o “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz).
“Nuestras estremecedoras conclusiones sobre el continuo asalto de las autoridades iraníes al derecho a la vida subrayan la urgente necesidad de que la comunidad internacional presione a las autoridades iraníes para que impongan una suspensión inmediata de todas las ejecuciones. Puesto que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU vota esta semana si renueva los mandatos de la Misión de investigación sobre Irán y del relator especial sobre Irán, es esencial señalar a las autoridades iraníes que su deplorable historial en materia de derechos humanos seguirá sujeto al escrutinio internacional y garantizar que siga existiendo un mecanismo internacional independiente de investigación y rendición de cuentas que recoja y analice pruebas de los crímenes de derecho internacional”, subraya el informe.
Los Tribunales Revolucionarios dictaron 520 (61%) de las sentencias de pena de muerte ejecutadas en 2023. Estos tribunales tienen competencias sobre una amplia gama de actos, incluidos los delitos de drogas, que las autoridades consideran delitos de “seguridad nacional”. Los tribunales carecen de independencia, operan bajo la influencia de los organismos de seguridad e inteligencia y, para dictar sentencias condenatorias, utilizan habitualmente “confesiones” forzadas obtenidas mediante tortura en juicios sumarios manifiestamente injustos.
El repunte de las ejecuciones en 2023 se debe en gran medida a un alarmante giro mortal en la política antidroga de Irán, tras el ascenso de Ebrahim Raisi a la presidencia y el nombramiento de Gholamhossein Eje’i como presidente de la Magistratura, ambos hechos en 2021. Amnistía Internacional ha analizado declaraciones oficiales de altas autoridades ejecutivas y judiciales que criticaban públicamente las reformas de 2017 de la Ley Antidroga —que posibilitaron un drástico descenso de las ejecuciones por drogas entre 2018 y 2020— y pedían un mayor uso de la pena de muerte para combatir el narcotráfico.
Estas posturas oficiales han dado paso a una escalofriante curva ascendente desde 2021: en 2023 hubo 481 ejecuciones por drogas, que constituyeron el 56% del total. Esto supone un aumento del 89% desde 2022, año en que fueron ejecutadas por drogas 255 personas, y un incremento del 264% desde 2021, cuando hubo 132 ejecuciones por el mismo motivo. La minoría baluchi de Irán representó el 29% (138) de las ejecuciones por drogas en 2023, si bien sólo constituye cerca del 5% de la población iraní, lo que pone de manifiesto el efecto discriminatorio de la estrategia antidroga de las autoridades contra las comunidades más marginadas y empobrecidas. Las ejecuciones por delitos de drogas con frecuencia se llevan a cabo cruelmente y en secreto, sin previo aviso a familiares ni asistencia letrada.
Las ejecuciones, herramienta de opresión política
A lo largo de 2023, tras la sublevación “Mujer Vida Libertad” que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2022, las autoridades iraníes también intensificaron la aplicación de la pena de muerte como arma para reprimir la disidencia. En 2023, las autoridades ejecutaron a seis hombres en relación con la sublevación de 2022 y a otro más en relación con las protestas nacionales de noviembre de 2019. Al menos otras siete personas han sido condenadas a muerte y están en peligro de ejecución inminente en relación con la sublevación de 2022 y las protestas de noviembre de 2019.
El aumento de las ejecuciones ha llevado a las personas presas en el corredor de la muerte a declararse en huelga de hambre y a pedir públicamente que se intervenga para detener las ejecuciones. En mayo de 2023, varios días antes de su ejecución tras juicios manifiestamente injustos, los manifestantes Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi enviaron de forma clandestina desde la prisión una súplica de ayuda, en la que rogaban: “No dejen que nos maten”.
El 28 de enero de 2024, otro grupo de personas presas en el corredor escribió una carta abierta en la que anunciaba una huelga de hambre y pedía apoyo para salvar la vida. “Quizás con su ayuda puedan detenerse estas ejecuciones. Del modo que puedan, sean nuestra voz…”, manifestaron.
Ejecuciones de menores de edad
El año pasado también marcó una espeluznante escalada en la aplicación de la pena de muerte a menores delincuentes, al ejecutarse a un joven de 17 años y a cuatro jóvenes condenados por delitos cometidos siendo menores de edad. Hamidreza Azari fue detenido con sólo 16 años y ejecutado menos de siete meses después, tras un juicio manifiestamente injusto acelerado por la fiscalía. Las autoridades iraníes falsearon deliberadamente su edad —que declararon ser de 18 años— en los medios de comunicación nacionales para eludir responsabilidades por violar el derecho internacional, que prohíbe imponer la pena de muerte a quienes fueran menores de 18 años al cometer un delito.
En los últimos meses, las autoridades han publicitado de forma engañosa una nueva directiva del presidente de la Magistratura como paso hacia “una mayor reducción” de las condenas a muerte contra menores delincuentes. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional revela que la directiva no aborda las prolongadas carencias de la legislación sobre menores y que reafirma la discrecionalidad concedida al poder judicial para condenar a muerte a menores delincuentes tras “evaluaciones de madurez” viciadas. Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades iraníes a que modifiquen el artículo 91 del Código Penal Islámico para abolir la pena de muerte por delitos cometidos por menores en todas las circunstancias.
