Navarra anunció en 2021 la creación de un grupo de expertos para identificar y reintegrar fincas comunales protegidas por la Constitución y las leyes forales. Dos años después, el proyecto duerme en un cajón de la Administración autonómica.
En noviembre de 2021, el consejero de Interior y Justicia del Gobierno navarro se presentó ante el Parlamento autonómico con un detallado informe sobre las inmatriculaciones eclesiásticas. Era la primera vez en toda España que una institución pública ponía en marcha una operación tan ambiciosa para la identificación de monumentos, fincas y edificios inscritos por la Iglesia en virtud del privilegio hipotecario que Franco le concedió en 1946.
El catálogo de bienes registrados por los obispos en Navarra ascendía a nada menos que 2.952, el triple de lo conocido hasta entonces. En conjunto, la Iglesia católica había inmatriculado 3,4 millones de metros cuadrados, lo que representa una superficie equivalente a 486 campos de fútbol. El 63% de los bienes inscritos no tenían carácter religioso: 876 eran tierras de labranza, 50 espacios forestales, 397 fincas urbanas, 38 cementerios y 981 templos de culto.
La fiebre inmobiliaria episcopal había afectado a la práctica totalidad de los pueblos navarros. Solo cinco municipios, de un global de 267, se habían librado de la actividad inmatriculadora eclesiástica. Por primera vez, la investigación de una institución pública había incluido un periodo de tiempo tan amplio: entre 1900 y 2015.
El minucioso examen evidenció, además, algunos datos particularmente llamativos. Entre 1900 y 1975, la jerarquía católica apenas registró 195 bienes. Y más de la mitad de ellos habían sido inmatriculados dos meses después de la proclamación de la II República en 1931. Todo indica, y así lo hizo constar el consejero de Justicia, que la Iglesia se apresuró a anotar fincas a su nombre con la llegada del primer régimen democrático laico de la historia de España. El Gobierno navarro reservó una partida presupuestaria para la contratación de los expertos a lo largo de 2022
Lo mismo pasó en otros dos momentos singulares: meses antes de la victoria del PSOE en 1982 y tras el ascenso de Zapatero al Gobierno en 2004. En los tres casos hubo un repunte «frenético» de las inmatriculaciones, según alertó el consejero Eduardo Santos.
El Gobierno navarro no se limitó a hacer público el enorme inventario de bienes inmatriculados. También diseñó un plan para recuperar las fincas de dominio público.
En Navarra existe un enorme patrimonio de bienes comunales, tradicionalmente vinculados a los pueblos, cuya explotación desde tiempo inmemorial redundaba en beneficio de los vecinos. Hasta tal punto que los bienes comunales están protegidos expresamente por la Constitución española de 1978, según estipula el artículo 132, y por la Ley Foral de Comunales de 1986.
Ambas normas establecen que los bienes comunales son «inalienables, inembargables e imprescriptibles» exactamente igual que los de dominio público. Es decir: son fincas que no pueden ser privatizadas ni objeto de transacción mercantil alguna.
La Consejería de Interior y Justicia anunció la creación de un «grupo de expertos» para certificar qué bienes comunales navarros habían sido inmatriculados por la Iglesia católica. Una vez identificados, la Administración autonómica prestaría asesoramiento jurídico a los pueblos, a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), para que pudieran reclamar su devolución por vía judicial.
En el caso de que algunas entidades locales no se mostraran dispuestas a recuperar las fincas comunales, el Gobierno foral se comprometía a buscar la fórmula jurídica para hacerlo en su lugar. «La defensa del comunal nos incumbe a todos», afirmó el consejero en sede parlamentaria.
Todo apuntaba a un plan perfectamente calculado, provisto de una cobertura jurídica impecable. El Gobierno navarro reservó una partida presupuestaria para la contratación de los expertos a lo largo de 2022. Dos años después, sin embargo, un tupido silencio envolvió el inédito proyecto anunciado a bombo y platillo por el Ejecutivo foral.
Hace dos semanas, Público se puso en contacto con la Consejería de Interior y Justicia para conocer el curso de las investigaciones. Un correo del gabinete informó de que el estudio sobre los bienes comunales inmatriculados no había podido ser ejecutado por «problemas administrativos». Andrés Valentín: «La idea era reorientarlo todo a la reclamación individualizada para dejarlo morir»
¿Qué clase de «problemas administrativos» podrían haber dado al traste con la eventual recuperación de un ingente patrimonio común? Ante la insistencia de Público, la jefa de gabinete de la Consejería de Desarrollo Rural, Saioa Eseberri, aseguró días después en conversación telefónica que el servicio de intervención había puesto reparos al pliego de condiciones redactado para la contratación de los peritos.
Lo había hecho por dos veces consecutivas. «Ha sido una cuestión meramente administrativa», excusó la jefa de gabinete. «Hemos intentado dos veces sacar adelante la licitación«, afirmó.
Lo cierto es que el ambicioso plan de rescate de bienes comunales, que estaba llamado a convertirse en un punto de inflexión del escándalo de las inmatriculaciones, había tropezado en un simple «problema administrativo» nada más empezar. Y, por lo que parecía, el anterior Gobierno navarro, que concluyó su mandato el pasado 28 de mayo, había decidido guardarlo en un cajón.
La congelación del proyecto no ha cogido por sorpresa a la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que agrupa a casi dos centenares de municipios. «Voluntad política no ha habido nunca», asegura su portavoz, Andrés Valentín. La resolución parlamentaria de 2021 fue aprobada por una clara mayoría de la cámara autonómica con la excepción de los grupos conservadores, recuerda el representante ciudadano.
En aquel momento, el Gobierno central acababa de mostrar su compromiso con la resolución del conflicto de las inmatriculaciones. «Y ahora nos encontramos con que la postura del PSOE a nivel estatal ha cambiado radicalmente», lamenta, en relación al incumplimiento del programa de Gobierno que anunciaba «modificaciones legislativas» para anular las inscripciones episcopales. «No hay voluntad política ni viento a favor a nivel estatal que lo empuje».
Valentín también discrepa del plan diseñado entonces por la Consejería navarra de Interior y Justicia, que contemplaba asesoramiento jurídico a los municipios para que acudieran a los tribunales a exigir la eventual devolución de sus bienes comunales inmatriculados. «La idea era reorientarlo todo a la reclamación individualizada para dejarlo morir», argumenta el portavoz del colectivo municipalista.
Las asociaciones patrimonialistas han pedido reiteradamente una «solución global» al «expolio» de las inscripciones eclesiásticas para evitar que los ayuntamientos o los particulares tuvieran que afrontar largos y costosos procesos judiciales.
Con todo, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro está dispuesta a dar la batalla en el asunto de los bienes comunales. Según sus cálculos, la mayoría de los casi 3.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en la comunidad foral pertenecen, con toda probabilidad, a fincas comunales propiedad de los pueblos.
La mayoría progresista ha logrado reeditar su Gobierno en la comunidad navarra en mayo pasado y los colectivos patrimonialistas creen que se abre una nueva oportunidad para materializar el mayor plan de recuperación de bienes inmatriculados por la Iglesia católica.
