Por una parte, las asociaciones de católicos se muestran reticentes a dicho cambio, al menos hasta conocer en qué consiste realmente, como es el caso de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Su presidente, Alejandro Fernández, calificó hoy la propuesta de "globo sonda", por lo que prefirieron no pronunciarse explícitamente hasta "tener claro por dónde va a ir la reforma".
Esta misma posición es la que han tomado en la Federación de Comunidades Judías de España, que a pesar de ver "agravios comparativos" del Estado en sus relaciones con la Iglesia Católica, el asistente de la Presidencia de esta Federación, Jack Laredo, prefirió no posicionarse sobre la reforma aunque señalando que la iniciativa del Gobierno es una "oportunidad para comprobar que hay libertad de pensamiento y para ejercer la religión".
Por su parte, el el coordinador federal de Cristianos Socialistas, Carlos García de Andoín, calificó la reforma de "gran oportunidad para poder hablar del papel público que corresponde a las creencias religiosas, de debatir y establecer un nuevo acuerdo". De esta forma, abogó por el laicismo como un "marco de convivencia para los religiosos y para los no religiosos" y apoyó la reforma por ser la sociedad actual mucho más plural que cuando la ley se estableció hace 28 años.
Precisamente por esta cuestión, tanto la Unión de Comunidades Islámicas de España, como la Comisión Islámica de España señalaron lo positivo de la reforma al considerar que el pluralismo existente actualmente hace necesaria "la igualdad de todas las religiones".
Por último, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) pidió una Ley de Neutralidad Religiosa en lugar de reformar la actual para crear una norma que respete los derechos y deberes de todos los grupos religiosos, mientras que el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) consideró que la actual ley ya contempla el pluralismo e insinuó que la reforma esconda "otros objetivos".
