Un informe de la patronal de enseñanza privada CICAE concluye que ocho de cada 10 centros subvencionados infringen la gratuidad
El derecho a la gratuidad se infringe en ocho de cada 10 colegios concertados de España. Es la conclusión del informe realizado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes-Círculo de Calidad Educativa (CICAE), publicado en la mañana de este martes. Con 321 centros consultados en ocho comunidades autónomas, la investigación revela que el 68,6% de estos no informa a los padres sobre la “voluntariedad” de los pagos durante las entrevistas de admisión. Acción que la última ley educativa, aprobada en 2022, remarca que es ilegal.
La norma, la Lomloe, establece que los centros públicos y concertados solo pueden recibir dinero por parte de los padres siempre y cuando sea de forma voluntaria y para financiar actividades extracurriculares. Esto se debe a que los centros cuentan con subvenciones públicas. Si bien el porcentaje de centros infractores detectado por CICAE ha disminuido considerablemente por primera vez en nueve años de registros —casi un 10% respecto del mismo informe del año pasado—, la negligencia se perpetúa en una amplia mayoría de los colegios.
Las familias que más pagan en promedio son las catalanas y las madrileñas. Las cuotas anuales en estas comunidades alcanzan los 6.000 y 5.000 euros de media respectivamente. Y cada año pagan más. En Madrid, el 64,2% de los centros ha aumentado la cuota en un promedio de 4,21 euros, mientras que en Cataluña el incremento del monto roza los 18 euros en el 71,4% de los casos.
La estrategia principal para realizar los cobros es omitir el concepto de voluntariedad al que hace referencia la ley. Apenas el 19,4 % de los centros lo refleja en la documentación de inscripción. Además, muchos de los colegios no desglosan los conceptos por los que cobran, argumentando que “lo pagan todos, es de lo que vive el colegio” o que “es el pago por la escolaridad, en el que entran varios servicios”, según pudieron comprobar los autores del informe. En algunos casos, directamente indican que la cuota es el precio para asistir al centro.
La última consecuencia de esta opacidad es la exclusión de un sector del alumnado: en un 14% de los casos de familias que no pagan, los hijos han sido excluidos de actividades o han visto sus rutinas modificadas, comprometiendo su asistencia a las horas de comedor y clases específicas. En algunos centros de la Comunidad de Madrid, estas acciones afectan a más de un tercio de los niños.
El estudio detalla la titularidad de los centros, recogiendo así patrones de comportamiento según el tipo de sociedad que lo lleva. Los más caros son los de titularidad mercantil, donde las cuotas tienen un valor promedio de 108 euros. A este grupo le siguen los centros gestionados por sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y cooperativas. Sin embargo, en estos es donde más casos de exclusión se registran. En cuanto a los de titularidad religiosa, representan la mayoría de los centros concertados (más de un tercio de ellos, según CICAE), pero son los que establecen cuotas más baratas.
Los concertados de Madrid
En la Comunidad de Madrid, un decreto de diciembre del año 2022 exige a los centros con financiación pública ofrecer en sus sitios web toda la información necesaria “para permitir el pleno ejercicio del derecho a las familias a elegir la educación de sus hijos con libertad y responsabilidad”. Esta normativa entró en vigor en marzo de este año.
La asociación CICAE ha analizado 100 páginas web de los centros concertados madrileños con las cuotas más caras: solo cuatro de cada 10 cumplen con el decreto. Más de la mitad de las páginas web no hace referencia a las cuotas, que luego cobran, y un cuarto de ellas lo hace de forma incompleta.
