Tras advertir presuntas violaciones a los derechos humanos y riesgo latente de un enfrentamiento entre habitantes de la Nueva Jerusalén, ubicada en el municipio de Turicato, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos En Michoacán (CEDH), José María Cázares Solórzano, hizo un llamado a autoridades locales y estatales para que intervengan.
El pasado 13 de septiembre se presentó un acuerdo de la asamblea del pueblo de la Nueva Jerusalén al ayuntamiento, el documento revela la determinación de cancelar definitivamente las fiestas patrias para el grupo disidente, y por lo tanto, prohibió la realización de eventos cívicos, medida que se cumplió.
También fueron cancelados, a partir de ese día, bailes, fiestas, desfiles, música “escandalosa o estridente”, así como el consumo de bebidas alcohólicas, uso de drogas y venta y uso de ropa considerada “inmoral o indecente”.
“La asamblea pide que se sometan a los usos y costumbres y a la autoridad del pueblo, por lo tanto, se les exige que tomen en cuenta este llamado o salgan voluntariamente y pacíficamente de este pueblo”, dice el documento.
“El pueblo quiere paz, tranquilidad, respeto y cumplimiento a sus usos y costumbres, ya que esta división ha sido causa de drogadicción, vicios, vandalismo, pandillerismo, violencia, abuso a menores […] Perjuicios físicos y mentales con las máquinas de video juegos, ya que en este pueblo no se permite el libertinaje porque predomina la buena moral para mantener la paz y tranquilidad, y que se ha visto pisoteada por parte de ustedes disidentes”.
En este contexto, integrantes del llamado grupo laico o disidente, que no comparte las normas impuestas por el bloque religioso conservador, acudió ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para exigir que cesen las violaciones a sus derechos constitucionales.
Cuestionado al respecto, el presidente del organismo, José María Cázares Solórzano, opinó que las autoridades han sido omisas ante presuntas violaciones “graves” a los derechos humanos que se cometen en la Nueva Jerusalén por designios de “pseudolíderes” religiosos.
Al advertir un latente riesgo de enfrentamiento entre integrantes de los grupos conservador y laico, el ombudsman michoacano apeló a la intervención de las autoridades municipales y de la Secretaría de Gobierno antes de que sea demasiado tarde.
Vigente, la amenaza de expulsión a los disidentes.
En entrevista por separado, el ex presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera Medrano, dijo que fue después de la conclusión de su mandato cuando los devotos a la Virgen de El Rosario determinaron la cancelación festividades de todo tipo para los integrantes del grupo disidente y reiteraron el amago de expulsión a todo aquél que viole sus reglas.
Indicó que corresponde a las autoridades locales en turno actuar para que no se vayan abajo los avances que ya se tenían en cuanto a la impartición de una educación laica, el respeto de los valores cívicos, pero sobre todo, el respeto a los derechos constitucionales del grupo disidente.
