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Un grupo de víctimas de abusos en la Iglesia se niega a participar en la investigación del Defensor del Pueblo

Nace la plataforma ‘Tolerancia 0’, con figuras como Alejandro Palomas o Miguel Hurtado, que exige una Comisión de la Verdad que obligue legalmente a la Iglesia a aportar testimonios y a abrir sus archivos.

Un grupo de víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica se han plantado frente a la propuesta de investigación que debe iniciar el Defensor del Pueblo por falta de ambición. En una plataforma recién constituida bajo el nombre de ‘Tolerancia 0’, presentada este jueves en Barcelona, figuras como el activista Miguel Ángel Hurtado o el escritor Alejandro Palomas han proclamado que solamente participarán en una Comisión de la Verdad que tenga “poderes coercitivos”, es decir, que pueda obligar a los testimonios no solo a comparecer, sino a aportar documentación y archivos cuando se reclamen. 

La nueva plataforma ha presentado un informe jurídico, que aseguran que ya trasladaron en su día a los grupos políticos en el Congreso, en el que detallan cómo debería ser una comisión que no solo logre cifrar el número de casos de pederastia cometidos en España, sino averiguar si hubo encubrimiento por parte de las instituciones religiosas. “En Australia se identificaron hasta 20 conductas de minimización, negación y encubrimiento de pederastia. Queremos que esto se mire si también ha ocurrido aquí: no solo queremos saber cuántas manzanas podridas hay, sino si el barril también lo está”, ha afirmado Hurtado.

Según su visión, los integrantes de la plataforma creen que la investigación del Defensor del Pueblo será incapaz de conseguirlo porque no podrá forzar a las autoridades eclesiásticas a comparecer ni a colaborar. “El Síndic de Greuges [equivalente al Defensor en Catalunya] hizo esto en 2019 y trataron de llegar hasta el fondo, pero la jerarquía católica catalana se negó a cooperar”, ha manifestado Hurtado, que ha señalado que las víctimas, al menos las catalanas, no quieren pasar por lo mismo sin tener garantías de que se depurarán responsabilidades.

En ‘Tolerancia 0’, además de Hurtado o Palomas, participa la asociación Vicki Bernadet, de referencia para los abusos sexuales en la infancia desde hace más de dos décadas, o la asociación Mans Petites, cuyo presidente Manuel Barbero, fue el primero en denunciar el caso Maristas de Barcelona. Según todos ellos, la investigación del Defensor del Pueblo puede suponer una oportunidad perdida. “Ante una oportunidad histórica, es una lástima que no se haga del todo. Que se intente poner una tirita sin limpiar la herida”, ha argumentado Vicki Bernadet. 

El principal conflicto entre partidos para sacar adelante la comisión sobre la pederastia en la Iglesia fue precisamente su capacidad para hacer comparecer a los investigados. La propuesta de esta plataforma la compartían Unidas Podemos, ERC o Bildu, pero no tenía una mayoría suficiente al no respaldarla el PSOE, que acabó sacando adelante su proyecto con el Defensor del Pueblo, junto al PNV, con votos de esas tres mismas formaciones y el PP y Ciudadanos. Según alega Unidas Podemos, tienen el compromiso por escrito –y no público– por parte de los socialistas de que se harán las modificaciones necesarias para que esa investigación pueda obligar a la Iglesia a cooperar, pero la diputada socialista Carmen Calvo rebajó esa idea. Por su parte, los activistas que han presentado su plataforma este jueves tampoco se fían. “Es un acuerdo que genera  demasiadas preguntas y esto termina por no dar respuestas. Falta credibilidad”, ha dicho Palomas.

El informe jurídico, elaborado por el propio Hurtado, recoge ejemplos de comisiones parecidas en Reino Unido, Australia o Alemania y prevé un calendario –no superior a tres años–, un presupuesto –17 millones de euros anuales– y una primera propuesta de expertos integrantes. Su ámbito geográfico, al no haber tenido éxito en el Congreso, es en esta ocasión el de Catalunya, donde esperan lograr una mayoría parlamentaria para abordarlo. En cuanto a la metodología, prevé audiencias privadas y confidenciales para las víctimas, audiencias públicas para casos concretos y de alcance (como el de Maristas o el de La Salle) y la revisión de archivos canónicos para acceder a fichas de investigados por la Iglesia. También, en paralelo, una red de apoyo para las víctimas, para que participar en esa investigación no suponga ahondar de nuevo en su trauma. 

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