El escritor Alejandro Palomas, la asociación Mans Petites y el afectado que destapó la pederastia en Monstserrat, Miguel Hurtado. aseguran que no participarán en las indagaciones del organismo dirigido por Ángel Gabilondo.
Un grupo de víctimas catalanas de pederastia en la Iglesia ha presentado este jueves en Barcelona la plataforma Tolerancia 0, que marca distancias con la investigación del Defensor del Pueblo. Considera que este organismo no tiene ni la competencia ni los poderes coercitivos para obligar a colaborar a los obispos y anuncia que no participará en su iniciativa. Por ello, plantea una vía de indagación alternativa que fuerce a la Iglesia a comparecer y a abrir sus archivos. E insta al Parlament de Cataluña a que acoja esta propuesta e investigue en el ámbito autonómico. La mayoría del Congreso de los Diputados, con la excepción de Vox, votó el 10 de marzo a favor de encomendar al Defensor que forme una comisión de expertos que investigue los abusos sexuales a menores cometidos por religiosos en toda España.
La asociación de víctimas que más crítica se mostró entonces con esa solución, Mans Petites, participa en la plataforma Tolerancia 0, igual que la fundación de atención a víctimas de abusos Vicki Bernadet. También están el escritor Alejandro Palomas, víctima de un hermano de La Salle en un colegio de Premià de Mar cuando tenía ocho años, cuyo testimonio público llevó al presidente Sánchez a reunirse con él; Esther Pujol, que sufrió abusos cuando tenía 10 años; y Miguel Hurtado, la víctima que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat, que ha reunido 87.000 firmas a favor de una investigación pública en Change.org. Este último firma el documento que sustancia la propuesta de Tolerancia 0: que el poder legislativo dote de poderes extraordinarios a una comisión de expertos para poder obligar a la Iglesia a colaborar. Es lo que llaman una “comisión de la verdad”, un modelo parecido al que ha utilizado Australia. “No solo queremos saber cuántas manzanas podridas hay, sino si el barril entero ha estado podrido”, ha dicho Hurtado en la rueda de prensa. “Las víctimas están solas, nadie las quiere escuchar. No es cuestión de venganza, sino de justicia”, ha añadido el presidente de Mans Petites, Manuel Barbero, padre de un niño abusado en un colegio de los Maristas.
El informe de Hurtado también era la base de la propuesta de Unidas Podemos cuando se debatió sobre cómo investigar los abusos en el Congreso: empezar con una investigación parlamentaria como paso previo a la comisión de la verdad. Se acabó imponiendo la posición del PSOE. Hurtado ha actualizado el texto, de 38 páginas, delimitando su actuación en Cataluña. Defiende, “ante la negativa del Congreso a implementar este modelo”, que “sea la Generalitat, en el uso de sus competencias, quien cree dicha comisión con un ámbito de actuación geográfico reducido a Cataluña”. Los comunes han registrado una propuesta de investigación sobre los abusos clericales en el Parlament, pero de momento no ha sido sometida a votación, informa Marc Rovira. Los promotores de Tolerancia 0 aún no se han puesto en contacto con los partidos catalanes.
“No es que queramos boicotear la iniciativa del Defensor del Pueblo, es que pensamos que no es la opción adecuada. Hemos pedido repetidamente al PSOE el informe jurídico técnico del que parte su propuesta y no lo hemos conseguido. No nos convencen ni las formas ni el fondo, así que éticamente no podemos cooperar. Por eso nos bajamos del Defensor”, ha comentado Hurtado. Palomas ha incidido en la misma idea: “Creo que Pedro Sánchez no me mintió en la reunión que mantuvimos, pero no es suficiente. El Defensor, sin poderes coercitivos, no es suficiente. Necesitamos documentos, un proyecto, una base, presupuestos, un millón de cosas que no existen. Es un tío encantador, pero esto es como cuando vas a una tienda, te atienden de forma encantadora pero no encuentras lo que te gusta”. Hurtado ha precisado que solo cree posible que participen en la comisión del Defensor si hubiera un giro en el planteamiento que dé a este organismo poderes extraordinarios.
Hurtado ha apuntado también a la trayectoria docente del propio Defensor, Ángel Gabilondo, como otro de los motivos por los que no confían en que lidere la investigación: “Hay un conflicto de intereses, no puedes ser juez y parte. Ángel Gabilondo fue profesor en los años setenta en centros en los que hubo abusos sexuales [en centros de los Hermanos del Sagrado Corazón, uno en Madrid y otro en Vitoria]. Los exalumnos dicen que era un secreto a voces y él que no se enteró de nada. En Inglaterra dimitieron dos presidentes de la comisión antes de dar con el adecuado”. Preguntado al respecto en febrero por EL PAÍS, Gabilondo señaló: “Yo no tuve conocimiento de ningún caso de abusos sexuales en el colegio en el que estuve impartiendo clase. De haberlos conocido, los hubiera denunciado. Estoy y he estado siempre a favor de que se investiguen los abusos a menores y de que se diriman responsabilidades”.
Las suspicacias en torno a la competencia y el poder del Defensor del Pueblo no solo parten de este grupo de víctimas o de Unidas Podemos. La propia Conferencia Episcopal Española (CEE) ha expresado sus dudas. “La Iglesia no es un poder público. Por eso hace falta ver cuál es el planteamiento [de la investigación], porque si no seguramente desborde lo que la ley del Defensor del Pueblo prevé para lo que el Defensor del Pueblo puede hacer”, dijo hace dos semanas el secretario general de la CEE, Luis Argüello.
De momento no se conocen los detalles sobre cómo funcionará la investigación del Defensor, más allá de las líneas generales. Gabilondo anticipó el 18 de marzo que le gustaría que la comisión de expertos esté compuesta para Semana Santa y con qué perfiles le gustaría contar (fiscales, criminólogos, psicólogos, representantes de las víctimas y de la Iglesia…), pero no añadió nada más. Defendió la competencia de la institución que dirige para investigar los abusos: “Ya veremos qué tipo de autoridad hace falta para llamar a alguien a declarar y yo creo que una autoridad interesante es la autoridad moral”.
La asociación de víctimas que se ha manifestado claramente a favor de la investigación del Defensor es Infancia Robada, de implantación nacional y fundada por el diputado socialista Juan Cuatrecasas. La gran mayoría de las víctimas de pederastia clerical no forman parte de estas asociaciones, que con pocos recursos realizan una labor titánica. El otro principal colectivo es la Asociación de Víctimas de Abusos en Centros Religiosos de Navarra. Se mostraron críticos con el acuerdo del Congreso, con dudas parecidas a las de Mans Petites, pero aceptan la solución y dijeron que participarán en la iniciativa.
Hace algo más de un mes la CEE anunció el encargo a un despacho de abogados de emprender una auditoría sobre los abusos y hace dos semanas aportaron por primera vez una contabilidad de denuncias recibidas, recogidas a través de las oficinas para víctimas habilitadas por diócesis y órdenes religiosas por imposición del Papa. Hablaron de 506 denuncias, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Según los datos de este periódico, en España hay al menos 614 casos y 1.264 víctimas. Estas cifras están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia (con 67 millones de habitantes, 20 más que España), la comisión investigadora calculó que había al menos 216.000 víctimas desde mediados del pasado siglo.
Informe de Hurtado
El texto elaborado por la víctima de Montserrat empieza señalando que el Defensor del Pueblo “no es la institución más adecuada para realizar esta tarea, ya que su estatuto legal no le confiere los poderes coercitivos de investigación para concluir con éxito esta tarea”. “Es lo que sucedió en 2019″, continúa, “con una investigación similar realizada por el Síndic de Greuges en Cataluña (equivalente al Defensor en el ámbito autonómico)”. Las conclusiones de esas pesquisas denunciaban la falta de colaboración de la Iglesia y la imposibilidad de completar la tarea que le había sido encomendada. “No nos pueden pedir participar en otra decepción como esa”, ha comentado Hurtado.
La comisión que plantea la plataforma investigaría los abusos sexuales a menores “cometidos en instituciones católicas catalanas desde el año 1945 hasta el 2021 en cualquier institución directamente dependiente, gestionada y supervisada por la Iglesia católica catalana”. Inspirada en otras experiencias internacionales, se plantean los siguientes objetivos: “Cuantificar objetivamente la magnitud, las características básicas y la gravedad de los abusos sexuales; el estudio cualitativo y cuantitativo del impacto de la pederastia clerical en las víctimas y sus familiares; análisis del patrón de revelación por parte de las víctimas; estudio cualitativo del modus operandi de los agresores y de las causas y el contexto, y auditar las respuestas institucionales ante la revelación y descubrimiento de casos”.
Hurtado plantea que los testimonios de las víctimas se recaben en sesiones privadas, que haya otras públicas y que sea posible acceder a los archivos de la Iglesia sin cortapisas. “Si se hace una comparativa internacional hay dos modalidades de acceso a estos archivos. La voluntaria (modelo alemán) y la obligatoria (modelo norteamericano)”, relata el informe.
“Para obtener unos resultados en nuestro país equiparables al mejor estándar internacional (Australia), sería necesario crear ad hoc un organismo jurídico independiente, de carácter temporal, cuyo único cometido sea realizar esta investigación y al que se haya dotado de unos poderes de investigación similares o incluso más incisivos de los que dispone el propio Parlamento español y catalán”, continúa, que apunta a la necesidad de reformar el Código Penal para otorgar a la comisión poderes coercitivos de investigación. También destaca la necesidad de dotar presupuestariamente a esta comisión: “Por ejemplo, la alemana recibió un presupuesto de 1,2 millones de euros en 2017 que aumentó en 2018 a 2,6 millones. La australiana tuvo un presupuesto total durante sus cinco años de duración de 235 millones de euros. La inglesa tuvo un coste de 17,69 millones de euros en el año financiero de 2015 a 2016″. Hurtado plantea que sea la propia Iglesia la que pague esta investigación.
La ‘Valedora do Pobo’ rechaza investigar los abusos
La ‘Valedora do Pobo’, el equivalente al Defensor del Pueblo en Galicia, se ha declarado incompetente para investigar la pederastia en la Iglesia. Lo ha hecho en respuesta a una petición de un grupo de 12 víctimas gallegas, en la que exponen los abusos que varias de ellas sufrieron en el colegio de los Maristas de Vigo. Sustancian su petición con el artículo que EL PAÍS publicó sobre el tema en junio de 2021, que recoge algunos de esos testimonios.
El grupo de víctimas hizo la petición a la Valedora el 15 de febrero y obtuvo respuesta de la responsable de este organismo, María Dolores Fernández, el 9 de marzo. En su carta explicaba que el organismo que dirige tiene la competencia de supervisar la actividad de los poderes públicos gallegos. “En el caso que nos traslada, no hay acto o resolución de la administración de la comunidad autónoma, sus agentes o la administración local”, indica Fernández. Sin embargo, señalaba que era “importante” esperar al final del debate en el Congreso para determinar qué organismo investiga estos hechos. Consultada por este periódico, una portavoz de la Valedora afirma que, tras la resolución del Parlamento, el “único competente” para indagar en los abusos prescritos es el Defensor del Pueblo “para todo el Estado español”.
