Ahmed ha asegurado haber cursado esta petición a instancias de agentes de la Policía Nacional y que redundaría «en la buena imagen». Recuerda en el escrito que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión» y que la cruz es «un resto fósil».
El diputado autonómico no adscrito ceutí Rachid Ahmed ha dirigido una petición formal por escrito al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pidiéndole que los policías nacionales que así lo soliciten, sin exigirles más explicaciones, puedan lucir un escudo «sin símbolos religiosos», en concreto sin el crucifijo que actualmente incluye (en lo alto de la corona), «que en su momento tendría su lógica pero que actualmente puede resultar lesivo según nuestra normativa y la composición de la sociedad española».
Ahmed, que abandonó el Gobierno que preside Juan Vivas y el Grupo Parlamentario Popular a finales de 2014 después de siete años, ha asegurado haber cursado esta petición a instancias de agentes de la Policía Nacional y ha señalado que en caso de ser atendida «redundaría en la buena imagen y concepto que toda la ciudadanía tiene de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado español».
En su escrito, el también abogado recuerda que la Constitución Española, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».
Desde su punto de vista, la presencia de un crucifijo en el emblema de la Policía Nacional es «un resto fósil de regímenes fuertemente confesionales y sociedades homogéneas» y «del naufragio confesionalista». «Es verdad que España es un país de laicidad débil, incluso de laicidad difícil, pero es muy fina la línea que le puede llegar a convertir», alerta, «en un Estado de laicidad fallida».
«Los miembros de la Policía Nacional, como tales, son sujetos, que tienen por el hecho de pertenecer al cuerpo, unas obligaciones inherentes a sus responsabilidades, pero no cabe duda de que también tienen unos derechos», argumenta el político, que sostiene que «nada indica que ser un buen agente, incluso el mejor, deba acarrear tener que tolerar de manera continua y obligada llevar los símbolos de una confesión religiosa aunque estos no concuerden con las creencias o ideologías del que los luce».
El diputado considera procedente y necesaria su reclamación porque la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos indica que «en los casos en los que no existe petición de retirada de símbolos religiosos, el conflicto no existe y la vulneración de derechos fundamentales tampoco».
«El Tribunal falla que en aquellos casos en que medie una petición de retirada que revista las más mínimas garantías de seriedad de cualquier símbolo religioso o ideológico por parte de un ciudadano o profesional, en el ámbito de lo público deberá procederse a su retirada inmediata para no lesionar los derechos individuales y de igual forma cabria interpretar esta problemática resolviendo, por analogía y sentido común, en sentido similar», alega.
A su juicio, «una cruz no es un signo neutral sino confesional que presupone una homogeneidad cultural que ya no se da y ante la que las minorías religiosas, ateos y agnósticos no pueden sustraerse a su presencia», por lo que reivindica que «cualquier miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado» pueda recibir, si lo pide y «sin exigirle explicación alguna«, recibir «un escudo o emblema sin crucifijo».
