Un tema es que el colegio tenga que ofrecerle un menú adaptado y certificado «halal», lo que se consideraría un acomodo con una carga para los fondos públicos, y otra que el colegio posibilite otras opciones como que el alumno lleve su propia comida cuando haya carne de cerdo en el menú. De este modo se posibilita la convivencia, la laicidad escolar y el respeto a las creencias particulares sin carga para el Estado.
Un colegio público de Infantil y Primaria del barrio de Sant Antoni de València ha negado, por segundo año consecutivo, ofrecer un menú «halal» a un alumno musulmán de tres años. Por este motivo, Rachida, la madre del menor, ha dirigido un escrito a las consellerias de Igualtat y Educació, relatando lo sucedido y denunciando que, como el año pasado, la negativa a recibir este menú adaptado o, al menos, a llegar a soluciones para «puentear» los días que se sirve carne de cerdo supone una «vulneración de su libertad religiosa» y no fomenta «la integración».
«Antes de matricular al niño, nos dijeron que se le proporcionaría una alimentación adecuada a su religión», señala Rachida, promesa que no se cumplió el año pasado y parece que este curso escolar tampoco se cumplirá. La madre propuso que el menor se llevase su propia comida de casa los días que hubiera carne de cerdo, a lo que ha recibido una única respuesta: ofrecerle que se desplazara al comedor de una guardería cercana a comer cada día, lo que supondría un coste de 11 euros diarios, «inasumibles» para el seno familiar. La negativa recibida el año pasado obligó a Rachida a reducir su jornada laboral para llevarse el hijo a casa.
Rachida tilda la situación de «injusta». «No pretendo que se renuncie a la aconfesionalidad en las aulas ni quiero que se impongan nuestras creencias a nadie, pero sí exijo que se respeten las nuestras porque forman parte de nuestros valores fundamentales», apunta en la queja presentada ante la administración.
Los centros escolares no tienen obligación de adaptar menús por creencias religiosas, solo por cuestiones médicas, aunque sí existe un acuerdo del Estado con la Comisión Islámica de España del año 1992 en el que se apunta que los centros sí «procurarán adecuar» su alimentación a los preceptos religiosos islámicos si así lo solicitan, acuerdo que Rachida espera que se aplique en su caso.
