El arquitecto Rafael de La-Hoz Castanys, hijo del autor de la celosía de la Mezquita-Catedral que se quiere retirar para que puedan acceder los pasos de la Semana Santa, ha advertido de que iniciará acciones judiciales para exigir responsabilidades contra las personas que autoricen las obras que permitan la actuación. De la Hoz, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, ha mostrado en sendos escritos, dirigidos a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte y a la Gerencia Municipal de Urbanismo, su rechazo al procedimiento que se ha seguido y advierte de presuntas irregularidades que se han podido producir durante la tramitación hasta que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta autorizó el día 19 el desmontaje de la celosía del muro Norte de la Mezquita. Esta decisión eliminará el mayor escollo que existe para trasladar la carrera oficial de la Semana Santa al entorno de la Mezquita-Catedral.
En un escrito enviado el 18 de marzo a la Delegación Territorial de Cultura, Rafael de La-Hoz y su madre, Matilde Castanys, muestran su malestar por el procedimiento que ha seguido la Junta durante este proceso. Así, recuerdan que el 3 de abril del 2014 solicitaron ver el expediente del Cabildo, sin obtener en cinco meses respuesta. Por eso volvieron a reclamarlo el 11 de septiembre, aunque no le fue remitida la documentación hasta el 4 de diciembre. En el escrito se asegura que este proyecto tenía una carácter «meramente consultivo», por lo que solicitaron el 18 de febrero del 2015 la documentación definitiva para pronunciarse y efectuar las alegaciones oportunas. Sin embargo, afirman que no obtuvieron respuesta, por lo que el 13 de marzo reiteraron la petición, sin obtener respuesta. El arquitecto y la viuda del autor de la celosía consideran que la decisión se ha tomado sin conocimiento de las alegaciones que iba a efectuar. «Creemos, por tanto, que lo prudente y legítimo sería otorgarnos el derecho que nos asiste a la vista del expediente, escuchar a continuación las alegaciones que en derecho tengamos a bien manifestar y, en consecuencia, pronunciarse sobre el expediente, pues de no ser así y producirse resolución administrativa de la Comisión u otro organismo de la Junta se verían afectados nuestros derechos, no solo como ciudadanos sino también los que poseemos como herederos de los derechos de propiedad intelectual de Rafael de La-Hoz Arderius», indican. Por ello, solicitan que se les considere personados en este procedimiento.
SEGUNDO ESCRITO En un segundo texto, de La-Hoz manifesta a la delegada de Educación, Cultura y Deporte, Manuela Gómez, y al presidente de la Gerencia de Urbanismo, Luis Martín, que ha tenido conocimiento de la decisión por la prensa, considerando que ha existido una «total infracción procedimental» al obviarse los trámites de información pública y alegaciones previstos en la norma y «con clara elusión de la obtención de informes técnicos previos». De La-Hoz considera que de producirse la demolición o desmontaje de la puerta, la actuación implicaría un «gravísimo daño al patrimonio histórico», además de afirmar que se podría estar incurriendo por parte de las administraciones públicas y de Manuela Gómez y Luis Martín «en la comisión de delitos sobre el patrimonio histórico previstos en los artículos 321 y siguientes del Código Penal». Incluso, piensa que se habría actuado con una «clara premeditación» ya que, de ser cierta la información publicada, «antes de su concesión se habría realizado la construcción de las rampas necesarias para la posterior utilización de la puerta». Por ello, insta a Gómez y a Martín a que no concedan ninguna licencia o autorización o, en el caso de haberla concedido, procedan a su «inmediata revocación o suspensión». De no ser así, «se iniciarán las acciones judiciales pertinentes».
